Ayuso presentará los presupuestos “en otoño”

Y llegó el último pleno del primer año de la legislatura. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se vio obligada a retrasar su comparecencia en el Parlamento durante dos horas porque acudió primero al acto celebrado en la Armería del Palacio Real de Madrid con el resto de autoridades del Estado. Allí, al terminar el acto, lanzó un mensaje a escala nacional y de cara a las tertulias: “Yo defiendo a la institución monárquica. España le ...

Y llegó el último pleno del primer año de la legislatura. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, se vio obligada a retrasar su comparecencia en el Parlamento durante dos horas porque acudió primero al acto celebrado en la Armería del Palacio Real de Madrid con el resto de autoridades del Estado. Allí, al terminar el acto, lanzó un mensaje a escala nacional y de cara a las tertulias: “Yo defiendo a la institución monárquica. España le debe mucho al rey Juan Carlos. La monarquía no es un problema ahora mismo”. Tras blindar al rey emérito, llegó a la Asamblea y anunció que presentará los presupuestos de la región “en otoño”, sin más detalles.

La región cuenta con los presupuestos prorrogados de la anterior legislatura. Las consejerías se repartirán más de 20.000 millones de euros. Solo dos Comunidades tienen un presupuesto más importante que la de Madrid: Cataluña y Andalucía. La primera aprobó sus cuentas hace dos meses tras estar prorrogadas desde 2017. La segunda vivió en junio de 2019 lo difícil que es que PP, Ciudadanos y Vox se pongan de acuerdo: la formación de Santiago Abascal vetó los presupuestos hasta que logró partidas específicas. Un anticipo de lo que sucederá en la región en los próximos meses.

La negociación de Ayuso y su socio de Gobierno arrancará en septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Pero antes, eso sí, tendrá que afrontar su primera crisis de Gobierno. La presidenta deberá reducir el número de sus 13 consejerías para sacarlos adelante. Esa fue la única condición que le impuso la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, la semana pasada. Sin la quinta formación de la Asamblea —12 diputados y 280.000 votos― no se abre ninguna puerta. No salen las cuentas. La parálisis en la región durante los primeros 365 días de mandato del primer Gobierno de coalición de la Comunidad es un hecho. Se resume en un solo dato: populares y ciudadanos no han sacado adelante ni una sola ley porque Vox tiene siempre la sartén por el mango.

“Tenemos intención de presentar los presupuestos en el próximo periodo de sesiones si todo va con normalidad y estabilidad, que es lo que deseamos todos”, dijo Ayuso este jueves. El rifirrafe vino después con la diputada Monasterio. “Hoy no hay dudas”, dijo. “Los fallos en la gestión de la primera oleada han repercutido en la pandemia”. Y apuntó a la consejería de Asuntos Sociales y su consejero de Ciudadanos. “[Alberto] Reyero está deslegitimado. Si se repiten los errores, la responsabilidad será suya”.

¿Qué consejerías caerán?, ¿cómo afrontará Ayuso su primera gran crisis de Gobierno? Según ambas formaciones, existe un acuerdo tácito por el que ninguno de los consejeros puede ser cesado por el otro partido. Cada uno responde por los suyos. Es decir, Ayuso, como presidenta, no cesaría a ningún consejero de Ciudadanos. Y viceversa. Los populares también apuntan a la cartera de Asuntos Sociales. Ciudadanos, por su parte, dispara contra la consejería de Sanidad. La relación entre ambos consejeros durante la pandemia fue nula.

“La estabilidad va a ser lo más importante”, dijo después la presidenta. “Así como la creación de puestos de trabajo, algo que desde sus formaciones políticas son incapaces de hacer —en referencia a la diputada de Unidas Podemos, Isabel Serra—. Lo vamos a hacer con un modelo de impuestos eliminando todos los que sean confiscatorios o anacrónicos”. Para este nuevo plan fiscal también será necesaria la ayuda de Vox. La última vez que quiso aprobar una rebaja de impuestos sucedió el 5 de marzo, cuando la pandemia empezaba a zigzaguear por la Comunidad sigilosamente. Aquella jornada fue un día clave en el Parlamento. Se iba a probar el primer proyecto de rebajas fiscales de Ayuso, el primer hito de su primer año de mandato. Era un impacto de 16,4 millones de euros que favorecía a 30.000 personas sobre una población de siete millones. Pero se tumbó. Ciudadanos no aceptó el acuerdo al que habían llegado Vox y PP a sus espaldas.

“En 16 años, cada madrileño se ha ahorrado 15.000 euros y el 85% de estas rebajas fiscales ha beneficiado a las clases medias y las rentas bajas hoy pagan un 25% menos”, dijo. “Es más, en Madrid se paga el IRPF más bajo de estas rentas”. Madrid es la única región que bonifica al 100% el impuesto de patrimonio, que grava la riqueza, y bonifica al 99% sucesiones y donaciones. Desde 2004, las sucesivas rebajas fiscales han supuesto 48.000 millones menos de ingresos directos en las arcas públicas, aunque el PP, que gobierna la región desde 1995, sostiene que ha aumentado la recaudación gracias a que eso ha permitido generar empleo y economía.

Contratos de emergencia

El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, anunció que la región ha formalizado 1911 contratos mediante el régimen de emergencia durante la pandemia. El 93% de ellos se han ejecutado en la Consejería de Sanidad. Estos contratos, tal y como indica la ley de contratos de la región, son procedimientos que se adjudican a dedo ante la situación excepcional del momento. En este caso, la pandemia. Los socialistas denuncian que esta “opacidad” del Gobierno de Ayuso les impide saber quién está detrás de todos los contratos que se han ejecutado por la pandemia: compra del material sanitario que se han hecho en China por un valor cercano de 48 millones de euros, el Hospital de Ifema. “No están siendo nada claros. No nos remiten toda esa información”, dijo hace unos días la adjunta a la portavocía de los socialistas, Pilar Sánchez Acera. El grupo ha solicitado el impulso del ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas región, un cauce amparado por el reglamento de la Asamblea.

El consejero Lasquetty ha contestado este jueves que todos los contratos se están publicando en la oficina de contratación. “Ahora mismo tiene 1335 contratos subidos —de los 1911 que se han ejecutado—. Hay, además, muchos controles a posteriori. No insinuemos que hay descontrol”, apostilló.