La petición de Madrid de pasar a fase 1 desata una tormenta política interna en el Gobierno regional
El consejero de Sanidad envía el informe técnico en el último momento sin el aval de Yolanda Fuentes, que dimite como directora general de Salud Pública en protesta por la decisión
Carmen Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ha dimitido este jueves en protesta por la decisión de solicitar que la región entre el lunes en la fase 1 de la desescalada en contra de su criterio, una petición que Madrid remitió al Gobierno sin su aval pasadas las diez de la noche. Así, esos informes fueron e...
Carmen Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ha dimitido este jueves en protesta por la decisión de solicitar que la región entre el lunes en la fase 1 de la desescalada en contra de su criterio, una petición que Madrid remitió al Gobierno sin su aval pasadas las diez de la noche. Así, esos informes fueron enviados sin el respaldo de la que, hasta entonces, era la encargada de gestionar la crisis en Madrid, la máxima autoridad técnica en este ámbito. La Consejería de Sanidad alega que los informes no necesitan firma: “No lo tiene que firmar nadie. Es un documento con indicadores, con casillas para rellenar. Y lo entrega la Consejería”.
Con Madrid convertida en el epicentro de la pandemia del coronavirus en España ―más de 67.000 personas han dado positivo y más de 15.000 han muerto por causas vinculadas a la enfermedad―, la directiva, una “servidora pública muy metódica y de carácter” según la describen sus colegas, presentó este jueves una carta de renuncia al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en medio de las fuertes tensiones que también ha vivido los últimos días el Gobierno al discutir la decisión de solicitar ese paso de fase. Durante toda la crisis, los vaivenes y los desencuentros del Ejecutivo regional han sido constantes y públicos entre PP y Ciudadanos, con declaraciones a los medios que se contradecían y que impedían conocer la postura y el plan del Gobierno. Los dos más visibles, la gestión de las residencias de mayores —que ha acabado con el anuncio de un cambio de titularidad y pasará de depender de Políticas Sociales a Sanidad— y ahora la desescalada.
Fuentes, que ya se opuso anteriormente a un relajamiento prematuro de las medidas de distanciamiento físico, dejó el Ejecutivo justo antes de que Isabel Díaz Ayuso anunciara el nombramiento como viceconsejero de Salud Pública y coordinador del plan covid-19 de Antonio Zapatero, el que ha sido el director del hospital de campaña de Ifema y es director del hospital de Fuenlabrada. Será él quien asuma sus funciones.
Según la carta de renuncia de Yolanda Fuentes, la decisión del Ejecutivo regional “no ha estado basada en los criterios de salud” y han imperado otras cuestiones “políticas y económicas”
Según ha publicado Servimedia, Fuentes recalca al consejero madrileño que para iniciar la desescalada de las limitaciones del estado de alarma hay que basarse en indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales y considera que esta comunidad no los cumple. En la misiva, señala que su compromiso con la Administración le impide estar de acuerdo con esta decisión y asegura que la petición “no ha estado basada en los criterios de salud” que, recuerda, deben imperar sobre otras cuestiones políticas y económicas. Por ello, Fuentes destaca que no le queda “otra opción” que presentar su “dimisión”.
La propia Díaz Ayuso expresó el miércoles con claridad sus dudas sobre dar el paso. “Yo no quiero tener prisa para acceder a nada”, dijo, frente al convencimiento manifestado por su vicepresidente y socio gubernamental, Ignacio Aguado: ”Estamos preparados". Esa diferencia de opiniones acabó en 48 horas y se materializó hace unas horas con el envío de los documentos técnicos al Ministerio de Sanidad.
Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensatoFrancisco Igea, vicepresidente de Castilla y León
La decisión de la Comunidad de Madrid ha provocado estupor en otras comunidades, como la de Castilla y León, que ha decidido no solicitar su ingreso en la fase 1, entre otros motivos, por su incidencia acumulada: es la más alta de todas las autonomías, 88,14 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Madrid, por detrás de esta región, La Rioja, Cataluña y Navarra, es la quinta, con 58,26.
“Nunca en mi vida política pensé que tendría que decir esto, pero me asombra tener que decir que Torra ha sido más sensato”, ha dicho Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, y médico, sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña, que ha pedido una incorporación parcial a la fase 1 —dejando fuera a Barcelona, Girona y parte de Lleida—, al igual que Castilla y León. “No diré más”.
“En Madrid se han vivido todas las peores escenas y por eso soy precavida y quiero que los pasos se den poco a poco”, ha dicho este jueves Díaz Ayuso en Cuatro: “Cuando sabemos que tenemos al mayor experto (Antonio Zapatero) al frente de la covid y una persona que ha salvado tantas vidas, teniendo la seguridad de que Madrid se ha reforzado me veo en otras circunstancias más tranquila”. Sin embargo, sobre Fuentes, Ayuso ha afirmado no haber contactado: “Sinceramente, no he hablado con ella”.
“Las peores escenas” a las que se refiere la presidenta de la comunidad han sido urgencias colapsadas, equipos de esa área con la plantilla a la mitad por contagio, enfermeras sin experiencias en críticos haciendo frente a pacientes intubados que jamás habían tratado, intensivistas y anestesiólogos que no daban abasto, gimnasios convertidos en UCI, pasillos repletos de enfermos porque no había sitio, literalmente, en los hospitales. Los profesionales sanitarios hablaron de “medicina de guerra” y sus cifras lo corroboraban.
El 31 de marzo se alcanzó el pico de hospitalizados, 15.227. Dos días después, el 2 de abril, lo hicieron las unidades de críticos, que llegaron a tener 1.528 pacientes intubados. Los hospitales madrileños, sometidos a una presión asistencial como jamás habían enfrentado, fueron capaces de reconvertirse en pocos días y alcanzaron a multiplicar por seis su capacidad en las unidades de críticos y aumentaron por cientos las plazas de agudos. De eso hace apenas un mes.
Las consecuencias de todo aquello son ahora las que hacen que Madrid —con el contexto actual y los datos que hay disponibles por parte de la Comunidad—, cumpla los criterios cuantitativos, los dos únicos que se conocen de forma concreta, publicados en el BOE el 3 de mayo: “Disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes".
Según los criterios que fija Sanidad, la región, con 6,642 millones de habitantes, tendría que ser capaz de llegar a tener de 24.575 a 26.568 plazas en hospitalización y de 996 a 1.328 camas de UCI. Las tiene, contando con el hospital de campaña de Ifema —que se vació de pacientes el pasado 1 de mayo, pero se mantiene montado de cara a un posible rebrote— y con la multiplicación de camas que hicieron los centros hospitalarios, convirtiendo en dobles y hasta en triples las habitaciones. Sin embargo, no cumple con la infraestructura necesaria para acometer los requerimientos del Ministerio para poder pasar de fase.
Según Sanidad, se partirá de la incidencia acumulada, los casos por 100.000 habitantes notificados en los últimos 14 días, y a partir de ahí se correlacionará esa cifra con las demás variables: la capacidad para aislar y controlar las fuentes de contagio confirmadas, tener un sistema de alerta precoz y llevar a cabo la vigilancia epidemiológica necesaria para identificar y contener las potenciales fuentes de contagio, la capacidad de la atención primaria y hospitalaria y poder garantizar la protección colectiva.
Hasta este jueves, la Comunidad no ha informado de que se hayan reforzado ni los recursos humanos ni materiales para poder hacerlo. Solo el martes, la presidenta Díaz Ayuso anunció que se alargarían hasta diciembre los más de 8.000 contratos de refuerzo por la covid-19, pero todavía no hay nada formalizado. Y la atención primaria, que tiene que soportar todo el peso del seguimiento de los casos dados de alta, la realización de los test masivos y continuar con su actividad habitual, tampoco ha sido reforzada y se enfrenta a esta carga extra de trabajo con años de mermas por parte del Gobierno regional.
En un vídeo enviado por la Consejería de Sanidad la noche de este jueves, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el “descenso mantenido” respecto casos confirmados por PCR, camas de hospitalización y de UCI les hace “afrontar el horizonte con capacidad asistencial y con una red de control y vigilancia epidemiológica que permite hacer ese seguimiento de nuevos casos”. Sin embargo, no aporta ningún dato más sobre cómo funcionará esa red o qué recursos pondrán a su disposición. El consejero, que “agradece” la labor de Fuentes, termina el vídeo pidiendo “colaboración y prudencia a los ciudadanos”: “Esta crisis parte de esa responsabilidad en el plano individual”.
Ahora, la decisión de que Madrid y el resto de Comunidades entren en esa nueva fase es del Ministerio de Sanidad, que hará público entre el viernes y el sábado qué regiones comienzan el lunes la nueva etapa. Y es una decisión con consecuencias. “¿Estamos todos asustados por lo que pueda pasar? Pues sí", reconoce una fuente gubernamental. "Pero hay que tomar decisiones difíciles, que es lo que hace la presidenta, y no están escritas en ningún manual”.
¿Qué implica entrar en la fase 1?
Estos son los cambios que conlleva entrar en fase 1, que dura al menos dos semanas: se permiten reuniones sociales de hasta 10 personas respetando la distancia física; apertura del pequeño comercio; apertura de terrazas (ocupación hasta el 50%); apertura de hoteles y de alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes; los lugares de culto tendrán limitación del 30%; se permite deporte no profesional para actividades que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios; mercados al aire libre, con condiciones de distanciamiento entre los puestos; espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados (con un tercio de aforo) y de menos de 200 personas al aire libre; visitas a museos limitadas a un tercio del aforo y velatorios para un número limitado de asistentes.
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