La ayuda a dependientes en sus casas asfixia a los ayuntamientos: “No podemos decirles que no”

Tres décadas lleva Sandra Abeijón como trabajadora social del Ayuntamiento de Vimianzo (A Coruña), un municipio de 7.000 habitantes de la Costa da Morte en el que el 30% de los vecinos ya han soplado 70 velas. A finales de los noventa, cuando se creó el servicio para que las personas más castigadas por la edad o la enfermedad recibieran ayuda y cuidados en sus propios hogares, nadie quería tal cosa. “L...

Tres décadas lleva Sandra Abeijón como trabajadora social del Ayuntamiento de Vimianzo (A Coruña), un municipio de 7.000 habitantes de la Costa da Morte en el que el 30% de los vecinos ya han soplado 70 velas. A finales de los noventa, cuando se creó el servicio para que las personas más castigadas por la edad o la enfermedad recibieran ayuda y cuidados en sus propios hogares, nadie quería tal cosa. “Los primeros usuarios eran personas que vivían en condiciones muy malas, pero eran muy reacios a meter a un extraño en casa. Les suplicábamos que nos dejasen entrar”, rememora esta funcionaria, que ahora ve cómo esta asistencia vital para 165 vecinos absorbe casi una séptima parte de los siete millones de euros de los que disponen anualmente las arcas del consistorio.

Es un gasto tan “sangrante” como “prioritario”, apunta la alcaldesa de Vimianzo, la socialista Mónica Rodríguez. La ley de Dependencia de 2006 establece que debe ser financiado por el Estado y la Administración autonómica (además del copago que le corresponda al beneficiario), pero ese precepto lleva 19 años sin cumplirse. De los 24 euros que se destina en este ayuntamiento gallego a costear cada hora de atención a dependientes en el hogar, el Gobierno central y la Xunta aportan 12 entre los dos. El resto sale de la caja municipal y un poco, del bolsillo del usuario. Para colmo, los precios se han duplicado en solo cinco años: cuando Rodríguez llegó al gobierno en 2019, la hora del servicio costaba 15,5 euros, de los que el consistorio ponía 6,5.

En Galicia, admiten fuentes de servicios sociales, hay localidades que sufren una lista de espera que se alarga hasta 2026. En Vimianzo no tienen cola, explica la concejala de Benestar Social, María José Pose, pero lo consiguen a base de destinar solo a este servicio todos los fondos que reciben de la Diputación de A Coruña para política social. “Aquí el presupuesto se tiene sí o sí. No podemos decirles que no, por un mínimo de calidad humana”, defiende la alcaldesa. Tanto ella como su concejala o la trabajadora social conocen de cerca las difíciles situaciones que atraviesan las familias: “No es solo que vienen aquí al Ayuntamiento y a este despacho y escucho sus historias. ¡Es que además sé que son verdad!”.

Los Ayuntamientos no solo gestionan y financian el servicio de ayuda en el hogar para los dependientes que por fin han sido reconocidos por los equipos de valoración de la Xunta tras haber aguardado una media de año y medio. Algunos como Vimianzo cubren la asistencia también durante ese tiempo de espera o a vecinos impedidos por una convalecencia puntual. En ese caso, no reciben ni un euro de la Administración autonómica.

Todas las tendencias socioeconómicas del momento implosionan en este servicio fundamental para los ciudadanos más vulnerables. El envejecimiento rampante, que incrementa la demanda. El éxodo rural, que aleja a los hijos de la casa de sus padres. La subida de los salarios más bajos, que eleva los costes. La reducción de la jornada laboral, que obliga a contratar más personal en una actividad en la que falta mano de obra preparada. Hasta el incremento de los precios del combustible tiene consecuencias en esta asistencia itinerante: en Vimianzo, el trayecto entre las parroquias más alejadas alcanza la hora de coche.

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el socialista Alberto Varela, se plantea hasta recurrir judicialmente el incumplimiento de la financiación por parte de la Xunta y el Gobierno central porque “está asfixiando a muchos municipios”. A Varela le preocupan especialmente los más pequeños, con poca capacidad para asumir ese gasto: “Tu atención cuando eres mayor no puede depender de dónde naciste”. En la Fegamp conocen casos de consistorios que renuncian a ofrecer horas extraordinarias de asistencia a domicilio por falta de dinero. Varela censura que la Consellería de Política Social haya impuesto multas a algunos ayuntamientos por no cubrir el tiempo establecido. “Aún encima de no cumplir con sus obligaciones, la Xunta los sanciona con 5.000 euros por no poder atender una hora del servicio”, critica la entidad.

“Falta personal porque las condiciones son muy malas”

Para atender a los dependientes en sus casas, una ayuda que reciben en Galicia 25.000 personas, escasean los recursos económicos y también las trabajadoras. “Hay falta de personal porque es un trabajo muy duro y las condiciones laborales son muy malas”, sentencia Adolfo Naya, de la Confederación Intersindical Galega (CIG). En este sector feminizado abundan los contratos a tiempo parcial porque la tarea se concentra en unas horas determinadas del día.

El salario a jornada completa está solo un poco por encima del mínimo, así que la retribución media se queda entre los 900 y los 1.000 euros. Pese a castigar mucho el cuerpo porque se les escatiman medios técnicos como grúas o camas articuladas, prosigue Naya, las bajas están mal pagadas; solo perciben el 100% del sueldo durante los primeros 20 días. Esa precariedad lleva a las auxiliares a forzar su salud para no ver mermados sus bajos ingresos. “Más de la mitad de las plantillas trabajan dopadas con antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos…”, denuncia el sindicalista. Hace poco, él mismo tuvo que acompañar a una trabajadora a denunciar una agresión sexual.

La reforma de la ley de Dependencia que acaba de aprobar el Consejo de Ministros prevé incrementar la atención domiciliaria y el problema tiene visos de agravarse. Un decreto de 2023 ya aumentó “significativamente” las horas mensuales de asistencia en función de los grados y, según datos de la Fegamp, está suponiendo en Galicia “un sobrecoste anual estimado que varía entre 250 e 400 millones de euros y que “también está siendo asumido por los ayuntamientos”.

La Xunta no aclara si maneja una fecha para que se cumpla la legislación y las arcas municipales dejen de pagar el servicio de ayuda en el hogar, pero sí promete mejoras en su financiación. Los cambios los han empezado a negociar la conselleira de Política Social, Fabiola García (PP), y el presidente de la Fegamp en una reunión celebrada este lunes. Política Social afirma que en 2025 dedicará a este servicio un 8% más de dinero (140 millones) y critica que el Ministerio de Derechos Sociales haya bajado su aportación. Fuentes de esta consejería aseguran que el 40% del total de fondos destinados a la dependencia en Galicia que aportaba en 2023 el departamento de Pablo Bustinduy (Sumar) cayó el año pasado a un 34,9%.

El ministerio asegura que “todavía no hay datos disponibles del reparto para 2024 pero se espera que sea similar a 2023″. En respuesta a este periódico, aduce que el Ejecutivo central “cubre ya casi la mitad de todo el gasto” anual en dependencia en Galicia y recuerda que su 40% de 2023 es el doble que el 22% que aportó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013. Derechos Sociales remarca además que la ley de Dependencia no obliga a que los gobiernos autonómicos y la Administración central se repartan al 50% los costes sino que el artículo 32 establece que la aportación de la comunidad debe ser “al menos igual” que la del Estado.