El Gobierno teme que la decisión del Constitucional sobre el recurso de Puigdemont enturbie el proceso hacia la investidura

El Gobierno y los partidos que lo integran se cuidaron ayer de entrar públicamente al choque con el Tribunal Constitucional (TC), pero en privado varios de sus miembros expresaron su malestar por la decisión de no admitir a trámite el recurso de Carles Puigdemont contra su última orden de detención. En el Ejecutivo en funciones subrayaron que se trata de una decisión sin precedentes, en plenas vacacion...

El Gobierno y los partidos que lo integran se cuidaron ayer de entrar públicamente al choque con el Tribunal Constitucional (TC), pero en privado varios de sus miembros expresaron su malestar por la decisión de no admitir a trámite el recurso de Carles Puigdemont contra su última orden de detención. En el Ejecutivo en funciones subrayaron que se trata de una decisión sin precedentes, en plenas vacaciones y adoptada por dos magistrados claramente alineados con posiciones conservadoras. En el Gobierno preocupa que determinadas decisiones judiciales puedan enturbiar las negociaciones con el independentismo, primero para configurar el próximo día 17 la nueva Mesa del Congreso y, más adelante, para intentar la investidura de Pedro Sánchez.

Aunque el Ejecutivo en funciones no quiere abrir polémicas públicas, entre sus miembros se extiende la convicción de que existe una “derecha judicial” que hará lo posible para torpedear los intentos de revalidar el mandato de Sánchez con el apoyo del independentismo y, más en concreto, del partido del prófugo Puigdemont. Una de los dos magistrados que adoptaron la decisión es Concepción Espejel, cuyo nombramiento para el Constitucional ya había levantado una fuerte polvareda por su trayectoria profesional, siempre muy vinculada al PP.

Pese a la contrariedad por el fallo del TC, algún miembro del Ejecutivo lo aprovechó para enviar mensajes de advertencia al nacionalismo catalán de las consecuencias que le podría acarrear que el PP y sus aliados conquistasen el poder, si ellos no se prestan a despejar el camino a un nuevo Gobierno progresista.

En el lado independentista, la resolución fue acogida con gestos de escasa sorpresa. La idea de que la justicia juega con las cartas marcadas cuando tiene que decidir sobre una causa que afecta a cualquiera de los líderes del procés es una constante en el discurso secesionista. “Todo en orden. Hace años que el trabajo del TC es decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo. Y la estrategia no cierra por vacaciones”, manifestó Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya. Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, mostró su protesta porque aseguró que había conocido el fallo del Constitucional por los medios, antes de recibir formalmente la notificación.

Junts y Esquerra Republicana, con siete escaños cada uno, tienen un papel determinante para avalar la reelección del Gobierno progresista, frente a la alianza del PP con la ultraderecha. Los republicanos desvinculan la resolución judicial sobre Puigdemont de las negociaciones para la investidura. Ninguno de los cargos de la formación ha salido para dar aliento a la figura del expresident instalado en Bélgica. Para Junts, en cambio, el fallo del Constitucional sirve de excusa con el fin de denunciar la chamuscada relación que mantiene el partido con “los poderes del Estado” y, por extensión, con el Gobierno de Sánchez. Una fuente cercana a la dirección de la formación neoconvergente señala que “Junts no tiene ningún incentivo” para facilitarle la investidura al líder socialista.

Sin avances

Turull negó además que se hayan producido avances en las negociaciones de su grupo con los partidos del Ejecutivo en funciones para facilitar que los socialistas mantengan la presidencia del Congreso de los Diputados e impidan a la derecha hacerse con el control de los órganos de gobierno de la Cámara.

La decisión del Constitucional cayó en medio de esas negociaciones, a ocho días de que se formalice la apertura de las nuevas Cortes y sin que de momento se haya despejado el horizonte de cómo se resolverá esta primera prueba para medir las futuras mayorías en el Congreso. Entre el PSOE y Sumar no hay problemas a la vista. La formación de Yolanda Díaz acepta que los socialistas reclamen la presidencia de la Cámara, aun sin conocer al candidato que presentarán tras la renuncia a seguir en el puesto de Meritxell Batet. También hay coincidencia en su disposición a ceder algún puesto de la Mesa a las formaciones nacionalistas, muy probablemente al PNV. Y los dos avalan la mejor baza negociadora de que disponen para ganarse el apoyo de los independentistas: la garantía de que ERC y Junts contarán con grupo parlamentario propio pese a que sus resultados el 23-J no cumplen los requisitos estrictos para ello que exige el Reglamento del Congreso.

Los socialistas intentan que la negociación se ciña a esos términos, sin entrar en otro tipo de reivindicaciones políticas del independentismo, que se abordarían en su momento al plantearse la investidura de Sánchez. El PP podría intentar contrarrestar estos movimientos del PSOE y buscar votos por su cuenta para controlar la Mesa, pero fuentes populares aseguran que, de momento, no han iniciado ninguna clase de negociación, informa Virginia Martínez.

Mientras, Sumar quiere también abrir las negociaciones sobre un nuevo programa de Gobierno. La formación de Díaz mandó la semana pasada un extenso documento al PSOE que, a su vez, contestó con otro que fuentes de Sumar definen como excesivamente genérico e impreciso. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, se lo reprochó este miércoles al PSOE, al que achacó “falta de ambición” programática, en declaraciones a la SER.