La campaña para las elecciones catalanas acaba con riesgo de bloqueo

Alguien tendrá que ceder. Las elecciones de este domingo en Cataluña estaban llamadas a responder a algunos interrogantes clave. Entre ellos, conocer el nivel de apoyo con que cuenta el independentismo tras el momento más intenso del procés y la validación de las vías que proponen las fuerzas secesionistas para lograr la independencia; el cambio en el mapa de la hegemonía política y la reorganización del espacio de la derecha. La contundencia de las respuestas viene dada por ...

Alguien tendrá que ceder. Las elecciones de este domingo en Cataluña estaban llamadas a responder a algunos interrogantes clave. Entre ellos, conocer el nivel de apoyo con que cuenta el independentismo tras el momento más intenso del procés y la validación de las vías que proponen las fuerzas secesionistas para lograr la independencia; el cambio en el mapa de la hegemonía política y la reorganización del espacio de la derecha. La contundencia de las respuestas viene dada por el escenario sugerido por las encuestas y el veto de los independentistas al PSC para formar Gobierno.

De entrada, es poco probable que las fuerzas constitucionalistas sumen y ahora se enfrentarán a la irrupción de Vox. Junts y ERC pueden repetir pacto en el Govern, aunque no aclaran cómo renovar una fórmula que ya certificó su desgaste esta legislatura, marcada por el enfrentamiento entre socios. La CUP, además, tiene muchas posibilidades de arbitrar la ruta de ese nuevo Ejecutivo, algo a lo que también aspira el PDeCAT. La repetición electoral, en caso de bloqueo, alargaría la provisionalidad en un momento clave para la recuperación tras la pandemia.

El futuro independentista. El 29 de enero de 2020, el entonces president Quim Torra anunció el fin del turbulento pacto con ERC. Habría un nuevo adelanto electoral después de que se aprobaran los Presupuestos, prorrogados desde 2017. Junts respondía así a que el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, obedeciera a la justicia y le quitara el acta de diputado a Torra pese a que su condena por desobediencia no era aún firme. Esquerra probaba que no iría por la senda de la desobediencia “estéril”.

El coronavirus lo hizo saltar todo por los aires. La gestión de la pandemia agrió aún más la relación entre los socios y Torra utilizó la situación para tensar la cuerda con el Gobierno de Pedro Sánchez. Junts y ERC, casi desde el primer pleno de la legislatura, estaban embarcados en un enfrentamiento sin cuartel. Tras el otoño de 2017, los republicanos alumbraron un cambio de estrategia, aparcando la unilateralidad defendida hasta entonces. Ahora había que aumentar la base social del secesionismo; ser claves en el Congreso para poder forzar el referéndum y, finalmente, que la buena gestión fuera la prueba de que se puede administrar un futuro Estado propio. Junts cree que esa vía renuncia “al mandato del referéndum del 1-O”. Para defenderlo, opta por la confrontación con el Estado. Del planteamiento de reactivar la Declaración Unilateral de Independencia si se superaba la mitad de los votos se pasa a establecer, según su programa, que la república se proclame cuando “estemos preparados”.

Ambas formaciones entienden que las urnas darán un veredicto sobre qué estrategia tiene más apoyos. La competencia también está en la hegemonía política. Tras años de poder sociovergente, ERC fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones municipales. Incluso ganó en votos en Barcelona, pero el apoyo de Manuel Valls (Ciudadanos) permitió a Ada Colau (BComú) seguir como alcaldesa. Junts no tuvo reparos en apoyar al PSC, “los del 155”, en la Diputación de Barcelona y blindar así el poder local ante el avance de ERC.

Un posible pacto con los socialistas, —que tanto el propio Salvador Illa como los candidatos de Junts y ERC, Laura Borràs y Pere Aragonès, han negado reiteradamente— fue la principal arma arrojadiza de la campaña. Los votos o la abstención del PSC y los comunes eran la única manera, según los sondeos, de sumar 68 diputados de 135 y permitir que ERC pasara página con sus socios. Cuando Illa comenzó a liderar la carrera, se cambiaron los papeles. Pese a las negativas de Aragonès y los suyos al pacto, la posibilidad numérica seguía ahí.

Una pequeña y desconocida entidad a favor de la secesión, Catalans per la Independència, logró que los partidos prosecesión dejaran por escrito el veto a un Ejecutivo con el PSC. El independentismo logró blindar su estancia en la Generalitat. Es posible que quien gane este domingo lo haga por la mínima. Incluso quien triunfe en votos puede no hacerlo en escaños. Junts y ERC lo tendrán muy complicado para reclamar la medalla del liderazgo en su bloque sin que sea cuestionado por el otro.

Bronca pandémica. Pese al distanciamiento entre Junts y ERC, el independentismo tiene ya historial en lograr pactos en el segundo de descuento. Ahora hay presión extra. La respuesta a la pandemia, pero sobre todo avanzar en la recuperación social y económica riñen con la interinidad. Es muy difícil para la ciudadanía digerir una repetición electoral y lo sería más en este contexto.

La crisis del coronavirus ha sido arma de campaña. La condición de exministro de Sanidad de Illa fue una gran plataforma pero también la diana de críticas por su gestión. Aragonès, como president en funciones y líder del partido que lleva las carteras más cuestionadas (Salud y Asuntos Sociales), también recibió muchos reproches. Junts se comportó más como oposición que como socio y cargó contra lo hecho por su aliado de Gobierno. Illa y Aragonès fueron criticados en muchas ocasiones al considerar que sus balances eran “triunfalistas”.

Las propuestas para la recuperación han pasado inadvertidas. Las esperanzas de todos están puestas en los fondos que vendrán de Europa y para su buena gestión es necesario no solo un Govern fuerte, sino también de una buena cooperación entre Administraciones. La crisis mostró finalmente las consecuencias de los recortes de Convergència en el sistema catalán de Salud. Su reforma urgente fue eclipsada por la atención a la pandemia.

Los ataques no se limitaron a la gestión. La campaña bajó al fango con el incidente de la prueba de covid-19 que Illa se negó a hacerse. Los trabajadores de TV3 pidieron, antes del debate, que los candidatos se hicieran un test para minimizar el riesgo. El socialista fue el único que no siguió la recomendación y dijo que va en contra de los protocolos que él mismo aprobó. Las críticas fueron desde su falta de sensibilidad ante la preocupación de los empleados hasta acusarle directamente de haberse vacunado en secreto. Él lo niega y el ministerio de Sanidad también.

La irrupción del ‘efecto Illa’. El desembarco del exministro dio un vuelco a la campaña. El PSC pasó de estar estancado a tener “perspectiva de victoria”, según proclamaban dirigentes socialistas. El escenario actual es un triple empate con Junts y ERC. La candidatura de Illa acaparó el protagonismo desde su anuncio el pasado 30 de diciembre. Ya en campaña, los ataques del resto de fuerzas crearon un escenario de “todos contra Illa” que reforzó la movilización de sus votantes e indecisos. Illa planteó una campaña presidencial, con la idea fuerza de “pasar página” del procés. Su principal víctima ha sido Ciudadanos: los socialistas han apuntalado el declive de los de Inés Arrimadas con el mensaje reiterado de que Illa “vuelve” a Cataluña y con la promesa de que se presentará a la investidura si gana. Arrimadas no se arriesgó en 2017.

El PSC, que ahora tiene 17 diputados, espera ser el partido más votado y el que más crecerá en sufragios, porcentaje y escaños, apuntan fuentes de la cúpula. El veto de los partidos independentistas, creen esas voces, le da un impulso final, ya que desactiva el discurso de sus rivales en el constitucionalismo de que pactará con los republicanos. El fantasma del tripartit, el Ejecutivo catalán conformado por PSC, ERC e Iniciativa en 2003 y que permitió que Pasqual Maragall pusiera fin a la hegemonía convergente, ha estado muy presente en la campaña. Desde el PP hasta Junts lo ven como un ataque a la gestión eficiente. Sin ERC y los comunes, Illa no podrá ser president. Vox no es una opción “ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica”, afirmó el candidato en el debate de TV3.

El declive de Ciudadanos. La formación naranja cierra la campaña con el temor de que el 14-F suponga una réplica del terremoto de las elecciones generales de 2019. Según las últimas encuestas, está peleando por la cuarta plaza con Vox y los comunes, y puede caer de sus 36 escaños actuales a un tercio. En Cataluña, la cúpula daba por segura una “corrección” de la victoria de 2017, porque entonces recibió mucho voto prestado por el miedo a una independencia unilateral. Pero si se cumplen los últimos sondeos sufrirán también un castigo, lejos de los 25 diputados que lograron en 2015 antes de la efervescencia del procés. Numerosas voces en el partido apuntan a que el problema ha estado en una campaña “mal planteada y mal hecha” y en la que incluso se tuvieron que retirar unos carteles por problemas de derechos de autor. La oferta temprana del candidato Carlos Carrizosa a Illa para formar un Gobierno conjunto lanzó el mensaje a sus votantes de que daba lo mismo el sentido de su voto. Vox les arrebató además la bandera del antiindependentismo.

El sorpasso de Vox. El PP sabe que este domingo, salvo milagro, será superado por Vox en Cataluña. Lo dicen sus estudios internos y los de los rivales. El escenario está asumido en la dirección. El final es difícil para un candidato, Alejandro Fernández, que ha tenido un buen desempeño en los debates y que comenzó la campaña con expectativas de doblar los cuatro escaños actuales. El punto de partida era ya el peor resultado de la historia del partido, pero Fernández termina la carrera hacia las urnas con la duda de si mantendrá los cuatro asientos. La confesión de Luis Bárcenas y la irrupción de la extrema derecha, explican fuentes del partido, han dinamitado todo.

Vox ha sido el principal caballo de batalla del PP. Los de Santiago Abascal lograron despuntar gracias a los incidentes violentos que sufrieron en sus actos. Los populares se vieron obligados a pasar al ataque. Fernández se empleó a fondo en los debates contra Ignacio Garriga, candidato de Vox, para tratar de frenar su avance desmontando su discurso “populista”. El líder del PP, Pablo Casado, intervino además con un desmarque de la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy el 1 de octubre de 2017.

La pregunta es qué pasará el día después. El PP seguirá teniendo un problema en Cataluña, y las primeras elecciones tras la moción de censura benefician a Vox. Casado lleva días preparando el terreno internamente para el sorpasso. Se refugia en que nadie pidió cuentas a Sánchez por los triunfos de Podemos. El resultado, defiende, no es extrapolable a nivel nacional. Fernández tiene el visto bueno de la dirección nacional para liderar la “reconstrucción” popular en Cataluña.

Votar en pandemia. En el PP, como en los partidos más tradicionales, preocupa el efecto que tenga votar en medio de la pandemia. El miedo al contagio espanta a las capas de la población de mayor edad, que no son muy dadas a usar el voto por correo y que suelen apoyar a esas grandes formaciones. La incógnita de la participación y las decisiones de voto de última hora (un 37% de indecisos según el pronóstico medio de las encuestas) serán claves en el resultado.

La cita del 14-F arrancó con la incertidumbre judicial de si se podría realizar. El Govern y todos los partidos salvo el PSC querían un aplazamiento para esquivar el pico de la tercera ola de la pandemia. Esa nueva convocatoria terminó ante la justicia, que finalmente la descartó. La Generalitat defiende que el operativo, que incluye sugerir a los enfermos de covid-19 y sus contactos que voten a última hora de la tarde, es seguro. Pese a ello, una de cada cuatro personas convocadas para estar en las mesas presentó alegaciones ante las autoridades electorales para evitar asistir.

En el caso poco probable de que muchas mesas electorales no se puedan constituir, y eso implicara un volumen de votos que altere los resultados, la Junta Electoral puede pedir que se retenga la información del escrutinio hasta el martes. La Generalitat insiste en que hay planes de contingencia para evitar ese supuesto y ve positivo que de momento ningún partido ponga en duda la legitimidad del proceso. En las pasadas elecciones la participación, aupada por la coyuntura política, logró el récord del 79%. El mínimo, en 1992, estuvo en el 54%.