Mònica Martínez Bravo: “Hay que atraer una migración que genere más prosperidad compartida”

El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat es el que está más pegado a las necesidades urgentes de los ciudadanos. Pero tradicionalmente ha sido el más olvidado, presupuestaria y políticamente. La consejera Mònica Martínez Bravo (Barcelona, 44 años) cambió el abstracto mundo de la academia —es doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology— por esta realidad cuando el presidente Salvador Illa la fichó. En estos casi dos años, algunas deficiencias del sistema, especialmente en las prestaciones, en dependencia o en la protección a la infancia, se han hecho evidentes. La consejera lo ha abordado intentando transformar todas las estructuras.

Pregunta. Ha reformulado el sistema de prestaciones con la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, ha cambiado el nombre a la DGAIA, y ahora plantea una transformación de la dependencia con el Pla Cura. Más allá de los cambios de nomenclatura, ¿qué se materializará en esta legislatura?

Respuesta. El presidente Illa nos pidió que fijásemos los servicios públicos que necesitará Cataluña en los próximos 10 años. Estas transformaciones no son de la noche a la mañana, pero había que fijar una hoja de ruta, y los cambios van avanzando.

P. Sin presupuestos, ¿es posible?

R. No es ideal, pero estamos haciendo muchas cosas, con las ampliaciones de crédito, en el ámbito legislativo y con la condonación de las deudas. Hemos ordenado los equipos y la estructura. Tenemos la hoja de ruta, y el dinero va llegando.

P. La semana pasada presentaron el Pla Cura para reducir las listas de espera en dependencia. ¿Cómo se pueden reducir, si lo que falta también son plazas de residencias?

R. Estamos muy orgullosos de este plan porque aborda el problema de las listas de espera. La gente no entiende que se tarde tanto. Tenemos un reto en las plazas residenciales, y es algo que sí tiene un componente presupuestario. Pero tenemos 15 residencias públicas planificadas y hemos aumentado la oferta concertada. Tenemos que hacer un cambio de chip y entender que, con el envejecimiento de la población, habrá que dedicar más recursos presupuestarios. El conflicto no es entre generaciones, sino entre los que se pueden permitir un envejecimiento con sus propios medios, y los que no.

P. Pero el sector alerta de que para 2035 faltarán 80.000 plazas de residencias y 26.000 trabajadores.

R. Es verdad que necesitamos un aumento sustancial de plazas, pero tenemos que avanzar hacia un sistema integral. Tenemos que ampliar la oferta de atención al domicilio. Las personas quieren envejecer el máximo de tiempo en casa, bien atendidas y con apoyo social y sanitario, y cuando ya no se pueda más, quizá algunas vayan a una residencia.

P. ¿Las ayudas puente que prevé el plan, de hasta 200 euros, son suficientes?

R. Las personas con dependencia tienen que recibir algún tipo de ayuda desde el minuto cero. Lógicamente, no es la intensidad de apoyo que necesitan algunas familias; lo tenemos que hacer progresivamente.

P. Otro de los lastres de la dependencia es la precariedad y la rotación de los trabajadores. ¿Volverán a subir las tarifas públicas que pagan a los centros?

R. Estamos muy cerca de firmar un acuerdo muy importante con todo el sector, no solo para fijar un aumento de tarifas, sino para blindar el hecho de que esta subida se traduzca en mejora de salarios. Es fundamental para dignificar el sector.

“Todos ganan con la regularización”

P. Defiende que la regularización mejorará la economía catalana. ¿No es una visión utilitarista de las migraciones?

R. Hay argumentos de todo tipo para defender la regularización. La economía crecerá y el Estado del Bienestar se reforzará. Pero también es un avance en derechos sociales, humanos… Todos ganan. Los únicos que pierden son los explotadores.

P. Sobre la mejora de la economía, hay estudios que la cuestionan por la baja calificación laboral de muchos de esos migrantes. ¿Cree que se hace una lectura demasiado triunfalista?

R. La contribución de una persona no se puede medir mirando solo su salario. Pero también hay que pensar cómo atraer una migración que genere una mayor prosperidad compartida. Si queremos una buena gestión de la inmigración, hemos de hablar de economía: qué sectores potenciamos, cómo garantizamos que no haya salarios de miseria.

P. El Govern ha puesto sobre la mesa la Cataluña de los 10 millones de habitantes, mientras los servicios públicos (vivienda, sanidad, educación) ya están muy tensionados. ¿Es compatible?

R. Lo importante no es el número. Si tenemos una estructura económica que refuerce el Estado del Bienestar, entonces sí hay espacio para crecer. De lo contrario, es como un recorte encubierto.

P. Las encuestas muestran una opinión creciente en contra de la inmigración. ¿Qué puede hacer el Govern?

R. Debemos construir una nueva narrativa, desde la izquierda, que desmonte los eslóganes fáciles de la extrema derecha, que esconden su voluntad de destruir el Estado del Bienestar. Hemos de explicar que el problema no son los migrantes, sino que trabajen sin derechos para unas estructuras que no comparten suficientemente la prosperidad que generan.

P. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en haber tolerado un sistema que no ayuda a los más desfavorecidos y ha generado malestar social, lo que ha permitido que penetren los discursos de odio?

R. Más que responsabilidades, hay que reivindicar otra forma de hacer las cosas. Hay que redefinir la socialdemocracia para que ponga en el centro a la clase trabajadora.

P. Crearon un grupo de trabajo con la Delegación del Gobierno para gestionar la regularización. ¿Cómo está funcionando?

R. De la mejor manera posible pese a las dificultades. Hemos trasladado preguntas técnicas al Gobierno. Y vamos a crear una línea de crédito a los ayuntamientos de un millón, para que puedan pasar los gastos que suponen los dispositivos especiales que deben montar.

“Los menores están más seguros”

P. Más allá del cambio de nombre de la DGAIA, el servicio de protección a la infancia, ¿en qué se han concretado los cambios para evitar disfunciones?

. Hemos cambiado el liderazgo y creado más unidades de mando. Era una dirección general muy delgada: 4.000 trabajadores dependían de una directora y un subdirector. Es como si Inditex tuviera a Amancio Ortega y a su hija y luego todos los Zaras del mundo. Ahora hay más de 30 personas, con capacidad real de ordenar, supervisar, estar encima de las cosas.

P. Las asociaciones denuncian que no hay cambios tangibles.

R. Nos gustaría que los cambios fueran más rápidos, pero hemos avanzado. Los trabajadores estaban desbordados, su eslogan era “faltan manos” y ahora hay más. También hemos revisado los protocolos sobre la decisión del desamparo.

P. ¿Puede asegurar que no hay menores en riesgo dentro del sistema de protección?

R. Ojalá pudiéramos decir eso. Hemos mejorado en prevención y refuerzos y los menores están más seguros. Pero no podemos decir que hay riesgo cero. Hay un ecosistema de depredadores que amenaza la infancia, y más a la infancia tutelada.

P. ¿La Generalitat se personará en la causa del bebé de seis semanas presuntamente agredido por sus padres? ¿Qué se puede hacer para evitar estas situaciones?

R. No tengo constancia de que nos hayamos personado. Es un tema muy delicado, lo estamos siguiendo, y lo que hicimos fue llevar al menor a una familia acogedora con experiencia. Tenemos que mejorar los protocolos, la formación y la coordinación con los profesionales sanitarios para detectar estos casos.

P. Ha planteado una terapia familiar intensiva para evitar ingresos en centros. ¿En qué consiste?

R. Es un plan piloto con Save The Children y está a punto de comenzar. Ahora los profesionales han de decidir si retiran al niño de la familia o no. Y es difícil, porque muchas veces no tienen toda la información. La idea es ofrecer una tercera vía. ¿Y si en vez de desamparar das una última oportunidad a esa familia? Con un trabajo muy intensivo en el domicilio, para ver cómo se estructura la familia y si se ordena la situación.

P. La Generalitat ha condonado deudas de ciudadanos por fallos de la administración con los pagos indebidos. Según la Sindicatura de Cuentas, son 167 millones. ¿Se han exigido responsabilidades?

R. Nos hemos centrado en ordenar el sistema y evitar que vuelva a pasar. Ahora se hacen cruces de datos mensuales para ajustar las prestaciones. Antes se hacía todo a mano, ahora son bases de datos. No tiene sentido dedicar un ejército de funcionarios a esto.

P. ¿Han encontrado ya una alternativa al convenio con Endesa contra la pobreza energética, que caducó en diciembre?

R. Es un tema complicado. Queremos promover que el bono social eléctrico llegue a más gente. Pero somos conscientes de que tardará. Mientras, estamos reforzando el apoyo al mundo local con un paquete de 10 millones para ayudas de emergencia, y tenemos un grupo de trabajo con las empresas eléctricas.

P. Ha recibido críticas por vivir parte de la semana en Madrid. ¿Es compatible con su trabajo de consejera?

R. La gente me tiene que juzgar por mis resultados, mi trabajo, y no tanto por cuestiones personales.