Cataluña limitará las compras especulativas de vivienda

Cataluña se convertirá en la primera comunidad que limite la compra especulativa para tratar de oxigenar un mercado cada vez más tensionado y facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno de Salvador Illa y Comuns han firmado este jueves el acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de este 2026 que contempla prohibir, salvo que sea su domicilio habitual, la venta especulativa de viviendas a grandes propietarios en las llamadas zonas tensionadas, es decir, las que tienen una elevada demanda. Los pequeños patrimonios, según el acuerdo, podrán seguir adquiriendo pisos en áreas tensionadas ―donde reside el 90% de la población catalana― siempre que los destinen a alquiler de vivienda habitual o a una única segunda residencia.

El acuerdo llega después de diez días de intensas negociaciones entre socialistas y comunes, que exigían esa medida de carácter temporal para respaldar unas cuentas que el Ejecutivo de Illa quiere que entren en vigor en el primer trimestre de este año. “Es un acuerdo histórico. No podemos impedir que se compre pero sí condicionar el uso que se va a dar la vivienda”, ha señalado Albiach, que ha tildado el paso dado por el Govern de “revolucionario”. Hasta ahora, solo Canarias había planteado la necesidad de limitar las compras de segundas residencias para extranjeros no residentes.

El pacto se ha ido labrando en los últimos días y se ha consumado justo cuando el Govern también está ultimando otro acuerdo con ERC, que ha aceptado aplazar la tramitación de su reivindicación sobre la recaudación del IRPF al priorizar ahora la activación del Consorcio de inversiones, que figura en el acuerdo de investidura y en los de la Comisión Bilateral celebrado en febrero del año pasado. Ese ente estaba previsto que se constituyera de forma rápida para acelerar las obras en infraestructuras que arrastran un retraso histórico en su ejecución. Ningún miembro del Govern ha comparecido para informar sobre el acuerdo ni sobre la posibilidad de acelerar o no acuerdo con ERC. Fuentes del Govern valoraron positivamente el acuerdo y señalaron que es un “primer paso” para aprobar los presupuestos.

Comuns ha puesto en el centro de la negociación la vivienda y en noviembre registró una proposición para prohibir la venta especulativa. El Ejecutivo encargó cuatro informes a expertos que concluyeron que ese veto mediante la ley de Urbanismo es constitucional siempre y cuando sea temporal y acotado a las zonas tensionadas. El Ejecutivo quería fijar el límite en la fiscalidad, pero finalmente ha asumido la fórmula de Comuns de que la solución gire alrededor de la Ley de Urbanismo. “Es revolucionario que el Govern acepte intervenir el mercado de la vivienda a través del urbanismo”, ha recalcado Albiach. La norma se tramitará en la Cámara y ahí se aplicarán las modificaciones. Cuando esté en vigor, los 271 Ayuntamientos que están dentro del mercado tensionado, que concentran el 90% de la población, podrán aprobar en sus plenos esas limitaciones.

Los socialistas han rebajado la demanda de los comunes para no perjudicar a los pequeños propietarios. La formación de Albiach perseguía la implantación del modelo Ámsterdam, que consiste en impedir que cualquier ciudadano pueda adquirir una vivienda si no es para residir en ella al menos cuatro años. En el caso catalán, la prohibición afectará sobre todo a grandes tenedores, es decir, los que tienen cinco pisos o más en zonas de alta demanda. Estos solo podrán comprar una vivienda si va a ser su domicilio o bien edificios enteros siempre y cuando alquilen los pisos aplicando el límite de rentas previsto en las zonas de mercado residencial tensionado y respeten los contratos de arrendamiento en vigor. Esa excepción estaba contemplada dentro del informe jurídico que el abogado especializado en urbanismo Pablo Feu había elaborado para la Generalitat.

Los pequeños propietarios, por su parte, podrán comprar siempre que ese piso sea para uso propio o para destinarlo a alquiler, también dentro de los topes fijados por el Gobierno catalán. En cualquier caso, dentro de las zonas tensionadas estará permitida una “única segunda residencia” de la persona siempre que esté “en un municipio diferente a su vivienda”, según la proposición de ley pactada entre PSC y Comunes. Pero la casuísticas es múltiple y, con ella, las cosas se complican. Las herencias, por ejemplo, quedan fuera del ámbito de la norma, pero todo lo que no sea vivienda habitual y segunda residencia deberá ir igualmente al mercado de alquiler. Una persona que, por ejemplo, herede dos viviendas deberá poner una de ellas en alquiler o cederla a un familiar. Los Ayuntamientos serán los que tendrán que aplicar la ley.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana respaldó el acuerdo y aplaudió la determinación de la Generalitat “para preservar la función social de la vivienda”. El departamento que dirige Isabel Rodríguez emplazó a las comunidades que aún no han aplicado la Ley de Vivienda “a salir del negacionismo y a aplicar una norma que funciona”. Este miércoles el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se había sumado a esa demanda para la capital catalana, al constatar que muchas escaleras de barrios céntricos de la ciudad están semivacías.

La medida contra la venta especulativa se suma a un arsenal de medidas lanzado por el Govern para facilitar el acceso al mercado, entre otras, los límites a los precios de alquiler, el derecho de compra preferente sobre inmuebles de grandes propietarios o los límites al arrendamiento de temporada. Todas esas medidas han soliviantado al empresariado, que incluso ha creado recientemente un lobby bajo el paraguas de la patronal de Foment del Treball para denunciar el “exceso de regulación” del Ejecutivo de Illa.

El acuerdo incluye pasar de 750 millones de euros a 1.200 las partidas dedicadas a vivienda. “Es un salto enorme”, ha dicho Albiach. De esa suma, 100 millones serán en ayudas al alquiler para las rentas inferiores a 36.000 euros, que permitirán llegar al 25% de las familias o 300 millones para compra; 600 en créditos del Institiut Català de Finances. Los otros puntos del acuerdo están relacionados con una partida de 100 millones de euros para las becas comedor. El Govern no ha garantizado, por contra, otra reivindicación de Comuns: reducir en un 50% las listas de espera de la sanidad pública.