Romper las reglas del juego

Hay que confiar en la Justicia. Es lo que se suele decir cuando hay una resolución que causa sorpresa o que abiertamente chirría cuando se coteja con la lógica de un derecho bien aplicado. Pero hace ya tiempo que una parte de la Justicia española se está ganando a pulso la desconfianza y cada vez cuesta más pronunciar esa frase. ...

Hay que confiar en la Justicia. Es lo que se suele decir cuando hay una resolución que causa sorpresa o que abiertamente chirría cuando se coteja con la lógica de un derecho bien aplicado. Pero hace ya tiempo que una parte de la Justicia española se está ganando a pulso la desconfianza y cada vez cuesta más pronunciar esa frase. La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado marca un punto de no retorno.

Tras un juicio oral escrutado con lupa en el que los juristas más eminentes no han visto prueba alguna que permita sustentar la acusación, se anuncia el fallo condenatorio cuando la sentencia no está ni redactada. Todo apunta a que vamos a ver, como ya ocurrió con la aplicación de la ley de amnistía, una nueva contorsión del derecho para justificar una condena que además no tendrá instancia superior a la que apelar. La forma en que ha sido celebrada por Isabel Díaz Ayuso y el PP demuestra que la denuncia no se había planteado como una cuestión de justicia, sino como un artefacto jurídico para embestir al Gobierno.

Recordemos que el origen de este pleito es una artimaña ideada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para neutralizar el efecto político que preveía cuando se supiera que el novio de la presidenta había incurrido en un doble delito fiscal y había propuesto un acuerdo de conformidad con la fiscalía para evitar la cárcel. Miguel Ángel Rodríguez lanzó una versión falsa para presentar la acusación de la fiscalía como una maniobra del Gobierno contra la presidenta y para ello contó con las colaboraciones de prensa habituales. La fiscalía respondió al bulo explicando la verdad. Al final, el fiscal ha sido condenado y los delincuentes y mentirosos confesos brindan con champán. Ahora vemos los réditos de la numantina resistencia del PP a renovar un Consejo General del Poder Judicial. Mientras discutían y resistían, iban nombrando magistrados afines en los puestos jurisdiccionales.

En casos como este se plantea un dilema que las fuerzas progresistas llevan muy mal: hasta dónde es lícito llegar en la estrategia de defensa. ¿Qué hacer cuando el adversario rompe deliberadamente las reglas del juego? ¿Cómo reaccionar a las maniobras jurídicas concebidas para conseguir un determinado efecto político, sin dañar las instituciones? Para la izquierda, defender la institucionalidad es muy importante. La justicia y las leyes son instrumentos de protección de los débiles y sabe que cuando se utilizan para la batalla política, pierden legitimidad. Pero no denunciar esas maniobras y acatar sus consecuencias en aras al respeto judicial o institucional implica aceptar la derrota de antemano. Con ello cuentan quienes rompen las reglas.

En este caso, esperaban conseguir la dimisión del fiscal general en el momento mismo en que fue imputado. Eso no ocurrió. ¿Y ahora? Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso han conseguido darle la vuelta al caso e imponer su relato distorsionado. Da pavor pensar qué podrían llegar a urdir si alcanzaran la Moncloa. Una de las estrategias que sigue la nueva extrema derecha es conquistar el poder para, desde dentro, vaciar de contenido las instituciones de la democracia y utilizarlas a conveniencia. Ejercer un poder arbitrario manteniendo la apariencia de democracia.