El Govern salva un decreto para aligerar la carga fiscal a un sector primario crispado por las crisis sanitarias y climáticas

El grado de crispación del sector primario catalán es tal que el Govern ha tenido que volver a recurrir a la vía del decreto ley para aprobar un paquete de medidas que aligere la carga fiscal y las trabas burocráticas de ganaderos y agricultores. En la reanudación del pleno de este miércoles, el Parlament ha dado luz verde al Decreto Ley 21/2025 que dará aire al sector agrario y forestal después de encadenar crisis sanitarias, como la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), y tras las incesantes inclemencias climáticas de los últimos años. La batería de medidas presentadas por el consejero de Agricultura, Ramaderia, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, pone el foco en la reducción de tasas como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El Ejecutivo reducirá el gravamen en un 95% para garantizar el relevo generacional en el campo catalán, un porcentaje que se dispara hasta el 99% en el caso de los jóvenes.

Una vez aprobado el decreto -con el voto a favor de PSC y ERC, el voto en contra de Vox, y la abstención de Junts, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC)-, el hemiciclo ha ratificado su tramitación en forma de Proyecto de Ley. Su entrada en vigor supondrá un balón de oxígeno para la actividad agraria -no incluye al sector pesquero- y agilizará las tareas de prevención de incendios forestales. El texto, según ha avanzado Ordeig, recoge la exención de las tasas de certificado sanitario asociado al movimiento de ganado en situación de declaración oficial de enfermedad, como la DNC, una medida que ya está aplicando. Los ganaderos también dispondrán de nuevas líneas de ayudas para las explotaciones bovinas afectadas por la tuberculosis. Entre ellas, el sufragio de costes relacionados con la alimentación animal, la bioseguridad, la recuperación del potencial productivo o la gestión de purines.

El laberinto burocrático al que hacen frente los agricultores se traduce en una pérdida continuada de explotaciones. En 2021, en Cataluña había 47.500, de las cuales quedan menos de 45.400, según los últimos datos del Departamento. Esto supone la desaparición del 4,5% de la actividad. Por ello, el Govern trata ahora de reconducir la crisis generacional mediante la bonificación del 95% del Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) y de un 99% para los jóvenes. “Esto no es más que facilitar la continuidad de la actividad. Lo que pretende el decreto es dar respuesta a demandas concretas del sector”, ha expuesto Ordeig.

El consejero ha destacado que el texto ha sido validado por la Mesa Agraria, y que ha apostado por buscar medidas de simplificación en el sector. “Deben seguir, y aquí presentamos algunas, pero debemos buscar, impulsar y aprobar medidas disruptivas, que generen puntos de inflexión con este exceso de burocracia”, ha explicado.

Tanto socios de investidura como oposición están de acuerdo en el contenido, pero no en la forma. Todas las formaciones coinciden en que el sector agrario y forestal requiere soluciones urgentes para asegurar su viabilidad, pero afean al Govern de Salvador Illa por legislar “a golpe de decreto”. “Debemos tener un gobierno capaz de presentar unos presupuestos. Después de retirar tres decretos por falta de apoyos, el que se aprueba hoy in extremis es justito”, ha recriminado Junts al consejero Ordeig. Una reflexión con la que la bancada del PP ha coincidido.

Las filas de ERC, favorables al decreto, han reprobado al Ejecutivo cierta falta de coherencia. La diputada republicana Montse Vergès ha acusado al Govern de tener doble rasero en sus políticas de apoyo al sector primario. “Son las medidas de carácter estructural las que deben dar respuesta al sector. Si tan claro tienen que la viabilidad del sector está en riesgo, no puede ser que después se presenten favorables a tratados de libre mercado como el Mercosur, que la propia Comisión Europea reconoce que tendrá efectos negativos sobre el sector primario y deberán compensarse con más ayudas”, ha expuesto.

La norma también pone el acento en la gestión y prevención de unos incendios forestales cada vez más potentes. El decreto contempla una rebaja del 75% de los costes de planes forestales cuando haya riesgo de incendio y de un 100% para proyectos específicos cuando el riesgo sea elevado. Y ante el último episodio de sequía extrema que sufrió Cataluña entre 2021 y 2024, el Govern se ha comprometido en construir 200 nuevos puntos de agua para sofocar incendios y abastecer al ganado. Las exigencias del sector forestal iban en la línea de romper con la responsabilidad individual a la hora de prevenir incendios. La medida habilita así a la administración a ejecutar los planes de prevención en el 75% de los terrenos privados, pero con la posterior compensación a los propietarios.