El fin de una concesión olímpica amenaza 120 empleos en la zona del Port Olimpic

Los seis comercios ubicados en el centro comercial Moda Shopping, bajo la Torre Mapfre, en el Port Olímpic de Barcelona, se encuentran amenazados. Una causa judicial, abierta desde 2019, prevé el desalojo, entre diciembre y enero, de los restaurantes de la zona tras el fin de la concesión olímpica. El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, junto con parte de los 120 trabajadores afectados, han firmado este lunes una carta en la que piden al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que medie en el conflicto con el Estado, propietario del espacio. “El Estado quiere subastarlo y venderlo al mejor proponente. Desde entonces, los restauradores han intentado encontrar una solución de continuidad”, ha señalado Pallarols.

Los comercios afectados, Barnabier, La Rotonda, Barcelona, Farggi, Pato Pekin y Burger King, emplean a más de 120 personas. “No tiene sentido que el Ayuntamiento se desentienda de este espacio solo porque el titular sea el Estado. ¿Cómo puede ser que esto esté ocurriendo junto a un Port Olímpic que acaba de ser reformado?”, ha reclamado el director del Gremi durante la comparecencia. El sector propone una “solución consensuada y coherente” que les permita continuar en el espacio.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que el consistorio ya ha trasladado al Estado, dicen, la importancia de buscar una solución de futuro para este espacio, en el marco de la apuesta municipal por renovar y mejorar el Port Olímpic. Las dos administraciones, añaden, coinciden en “a necesidad de que ”los locales actualmente cerrados recuperen la actividad lo antes posible, garantizando la seguridad jurídica”.

Los locales del centro comercial fueron inaugurados en 1993 y, tras el fin de la concesión, quedaron sin contrato. Actualmente, solo permanecen abiertos seis restaurantes, con desahucios programados entre diciembre y enero. “El Ayuntamiento tiene hoy la oportunidad de intervenir para que haya una solución que no pase por el desalojo“, ha afirmado Pallarols.

El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando se extinguió la concesión administrativa bajo la que operaban los restaurantes. Según han relatado, en ningún momento el Estado permitió el derecho de adquisición preferente, al contrario de lo que sí se ofreció a los 12 locales del Front Marítim. Pallarols ha apelado a la “capacidad de influencia” del Ayuntamiento de Barcelona ante el Gobierno central y ha descartado solicitar la mediación de la Generalitat, aunque ha asegurado que “cualquier ayuda será bienvenida”. “Nadie gana si este espacio queda vacío”, ha advertido.