El TSJC anula parte del decreto que blindaba el catalán en las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado parte del Decreto 91/2024, de 14 de mayo, que marca el régimen lingüístico del sistema educativo no universitario, asumiendo así parte de la demanda presentada por la Asamblea para una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB). El alto tribunal declara nulo 11 artículos que, entre otras cuestiones, fijaban tanto el catalán como el aranés (en el Valle de Aran) como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje en la actividad docente y administrativa escolar. Considera el fallo que el castellano no puede quedar subordinado a otra lengua cooficial. “Los apartados analizados no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza, sino que determinan una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana”, reza el fallo.

El decreto ya estaba suspendido de forma cautelar desde julio de 2024, pero ahora el tribunal establece su posición sobre la norma tras haberla analizado a fondo. En este sentido, la nueva resolución del TSJC no tendrá una aplicación práctica, ya que el decreto no llegó nunca a ponerse en marcha.

El Govern ha reaccionado a la sentencia, pero no a través de la consejera de Educación, como es habitual, sino a través del president Salvador Illa. “Defenderemos el modelo de escuela catalana y tomaremos las medidas necesarias para ello”, ha aseverado Illa, quien también ha anunciado que Educación recurrirá la decisión del TSJC. Asimismo, el presidente catalán ha hecho una defensa cerrada de la lengua. “No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua. El catalán tiene que seguir siendo la lengua inclusiva y transversal del país, y también de la escuela”, ha rematado en una declaración durante la reunión con los alcaldes afectados por los incendios en las Tierras del Ebro.

La declaración de Illa ha seguido a una oleada de protestas contra el fallo, que se ha conocido justo el día anterior a la celebración este jueves de la Diada de Catalunya, jornada de especial trascendencia para las formaciones y organizaciones independentistas. ERC ha pedido unidad de acción a todas las formaciones políticas, mientras que Junts ha pedido “contundencia” a la respuesta del Gobierno catalán al considerar que se trata de un “nuevo ataque” del TSJC al catalán. La CUP ha celebrado el mensaje de oposición al fallo de Illa.

Òmnium Cultural ha lamentado que el alto tribunal pretende, en su opinión, “hacer política” y “dinamitar” la escuela catalana en la víspera de la Diada del 11 de septiembre. El día antes de la Diada, el TSJC vuelve a hacer política contraCataluña y su modelo de escuela", ha denunciado Òmnium en un comunicado

El decreto de la Generalitat fija que el catalán y el aranés, en el caso del Valle de Aran, sean las “lenguas de atención al alumnado recién llegado, de relación interna en los centros educativos y de proyección externa del centro y de relación con el resto de la comunidad educativa” y, asimismo “garantizar […] la presencia adecuada del castellano en el sistema educativo para garantizar la competencia lingüística del alumnado”. Pero establece que la lengua vehicular es el catalán, mientras que el castellano es catalogado como lengua “curricular” utilizada según lo que establece el artículo 7 del decreto: clases de castellano y literatura castellana y “contenidos específicos” cuando sea necesario para lograr el pleno conocimiento de la lengua.

Concretamente, el tribunal tumba varios apartados de los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 24 y 33. El tribunal analiza estos artículos como un solo bloque, porque considera que su finalidad es “establecer, de forma sistemática, que el catalán (y el aranés en Arán) constituye la lengua normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo, con una presencia predominante en la actividad docente, en los centros educativos, en la acogida del alumnado recién llegado, en los instrumentos de planificación y evaluación lingüística, y en los proyectos lingüísticos de cada centro”. El TSJC argumenta que “la ausencia de mención alguna a la lengua castellana como lengua vehicular de la enseñanza en los apartados analizados […] no permite considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano ni que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana”.

La Asociación por una Escuela Bilingüe de Cataluña sostuvo en su denuncia que el decreto había sido aprobado por el Gobierno de Pere Aragonès (ERC) cuando estaba en funciones —“siendo por tanto nulo en su totalidad”, señalaban—, si bien el TSJC desecha esa vía de impugnación y da validez a la urgencia con la que se actuó ante la inminencia del nuevo curso que se iba a iniciar. En la base de su demanda, la AEB consideraba que el articulado tenía la intención de “excluir o marginar al castellano”, yendo en contra de principios amparados por la Constitución. La Fiscalía defendió que el Tribunal Constitucional ya ha amparado en diferentes sentencias un mínimo de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán.

La Sala Quinta del TSJC, presidida por María Luisa Pérez Borrat, considera que la AEB no estaba amparada para pedir la anulación de otros cuatro artículos del decreto -14, 16, 30 y 31- que hacen referencia al fomento del catalán más allá de los centros educativos, a la oficialidad del catalán en la Administración educativa y en los procesos de selección del personal, así como acreditar el conocimiento del catalán por parte del personal laboral.

El fallo recuerda un fallo del TC de 2023 que señalaba: “No hay obstáculo constitucional a que la lengua autonómica ‘sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo’ siempre que ‘ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente’ pues ‘la cooficialidad ha de sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas’”.

Origen del decreto

El Govern de Pere Aragonès, con Josep Gonzàlez-Cambray al frente de Educación, decidió impulsar el Decreto 91/2024 ante el retroceso del uso del catalán y los malos resultados de los alumnos en esta materia. Con el decreto, buscaba fomentar y asegurar el uso de esta lengua en el ámbito escolar, al mismo tiempo que reforzaba el catalán como lengua vehicular. Asimismo, nombraba al Departamento como responsable último de los proyectos lingüísticos de los centros, para proteger a las direcciones de los requerimientos judiciales, ya que muchas sentencias habían responsabilizado a las direcciones de la aplicación del 25% de castellano.

De hecho, el Decreto ahora parcialmente anulado iba en la misma línea que las dos normativas aprobadas de urgencia en 2022 -el decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022- como respuesta a la entrada en vigor inminente del 25% de castellano. Las dos normativas actualmente están vigentes, aunque están esperando desde hace tres años sobre la mesa del Tribunal Constitucional a que este se pronuncie sobre su legalidad.

Reacciones de todos los colores

La Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) se ha felicitado por la sentencia, que considera “un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular” y que el Departamento se ve obligado ahora a “garantizar una presencia real y efectiva del castellano como lengua vehicular, no limitada a su enseñanza como materia, y a respetar el principio de equilibrio” entre las dos lenguas oficiales.

Una valoración contraria ha hecho Ustec, el sindicato educativo mayoritario, que ha tachado la sentencia de “nuevo ataque contra el modelo de escuela catalana y contra la inmersión lingüística” y defiende que, precisamente, es el catalán el que necesita “medidas activas de protección por su situación “minorizada”. El sindicato ha exigido al Govern que “defienda firmemente” la escuela catalana y ha hecho un llamamiento a la “movilización”.

Los partidos nacionalistas, en cambio, criticado la sentencia y han aprovechado para presionar al Govern de Illa. Es el caso de Junts per Catalunya, que a través de las redes sociales ha recordado que por la falta de un plan del Govern para responder a esta sentencia fue una de las razones por las que la formación que lidera Carles Puigdemont no se sumó al Pacto Nacional por la lengua. “El TSJC ha perpetrado un nuevo ataque a la lengua catalana. No puede ser que los tribunales ataquen a la lengua”, ha asegurado la portavoz Mònica Sales. Desde Junts piden “máxima defensa, máxima movilización”, justo antes del día de la celebración de la Diada.

La secretaria general de Esquerra, Elisenda Alemany, ha considerado que el veredicto demuestra que “los jueces continúan haciendo política, contraviniendo motivos pedagógicos” y ha instado a Illa a que presente un recurso de casación. “Los catalanes estamos firmes en la defensa de un modelo de inmersión, más en un momento donde la lengua está en una situación de emergencia”, ha añadido.