El hospital Esperit Sant ofreció dinero a una médica si renunciaba a saber quién había accedido a su historial clínico

El gerente de la Fundación Hospital Esperit Sant (FHES) de Santa Coloma de Gramanet, Vicenç Perelló, vinculó una posible indemnización a una médica residente por una polémica actuación del entonces jefe de Urgencias a que la doctora renunciara a un derecho que tiene cualquier paciente: saber quién ha accedido a su historia clínica. Además de médica en periodo de formación, la residente ha sido usuaria de dicho hospital com...

El gerente de la Fundación Hospital Esperit Sant (FHES) de Santa Coloma de Gramanet, Vicenç Perelló, vinculó una posible indemnización a una médica residente por una polémica actuación del entonces jefe de Urgencias a que la doctora renunciara a un derecho que tiene cualquier paciente: saber quién ha accedido a su historia clínica. Además de médica en periodo de formación, la residente ha sido usuaria de dicho hospital como paciente y en otoño pasado pidió saber quién accedía y cuándo a su historial clínico. Durante una reunión en noviembre, en cambio, el gerente le ofreció dinero si renunciaba a ese derecho y desde principios de febrero, según ha confirmado este diario, la Autoridad catalana de Protección de Datos investiga si esta fundación de Santa Coloma (Barcelona) faltó a su obligación de facilitar la trazabilidad de dichos accesos.

La reunión se celebró el pasado 20 de noviembre. El gerente de este hospital privado en concierto con el sistema público se reunió con dicha residente en su “doble condición” de “gerente” y “persona que se ocupa de las reclamaciones” porque, según dijo, le “interesan”. Perelló le ofreció que se acogiera a una fórmula de “acompañamiento” que dijo llevar practicando “desde hace once años”. La fórmula incluía “una indemnización” que él ofrecía, a veces contra la opinión de los abogados del hospital, para agilizar la resolución de las reclamaciones. “Y lo que nos gustaría es hacerlo contigo”, dijo, según ha comprobado este diario con la grabación en audio de dicha reunión. El gerente Perelló ha declinado, a través de una portavoz, responder ninguna pregunta al respecto.

La residente había denunciado los presuntos abusos de poder del entonces Jefe de Urgencias del hospital, un ex médico del Gobierno argentino de Mauricio Macri que dimitió el pasado 31 de enero tras las denuncias de otras cinco residentes. En el origen había una polémica actuación del jefe de Urgencias, y tutor de residentes, quien durante una guardia en la que la residente sufrió un ataque de ansiedad, él la convirtió, contra su voluntad, en su paciente, activó el “código suicidio” y la derivó a urgencias psiquiátricas de otro hospital. Más allá de la posible mala praxis de su jefe y tutor, la residente comprobó en la aplicación del sistema de salud que había habido accesos presuntamente indebidos a su historia clínica. La app registra la hora y el centro de los accesos, la propia FHES, pero no el nombre de quién accede, y eso fue lo que la residente pidió saber en la reunión.

“No, has de decidir”, fue la respuesta de Perelló, indicándole que escogiera entre la posibilidad de una indemnización (“la reclamación la gestionamos nosotros”) o solicitar la trazabilidad — el quién y el cuándo — de los accesos a su expediente. “Si tú quieres los accesos, nosotros eso se lo pasamos a los abogados y ya nos dirán”.

Dtra: — Pero los accesos son un derecho, no se me puede negar.

Perelló: — Nosotros los accesos no los damos de oficio. ¿Entiendes?

Dra: — Todo ciudadano tiene derecho a presentar una solicitud. Porque si no estaríamos incurriendo en una ilegalidad.

Perelló: — Escúchame una cosa. Nosotros, como te digo, tenemos cuatro bufetes de abogados.

La FHES está gobernada por un patronato cuyos miembros designan el Arzobispado de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Santa Coloma. Acceder indebidamente a la historia médica puede constituir un delito de revelación de secretos y contra la intimidad de las personas, tal y como la propia dirección del hospital informa regularmente a sus más de 900 trabajadores. “El acceso al historial clínico de una persona a quien no se está tratando es contrario a la ética profesional, al RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y es un atentado contra la intimidad” que puede conllevar “penas de prisión y multas”, advierte uno de esos comunicados. “Todos los accesos quedan registrados en el sistema y son auditados posteriormente”, afirma uno enviado el 30 abril de 2024.

“Usted tiene derecho a solicitar la trazabilidad y el hospital Esperit Sant tiene la obligación de facilitársela”, reiteró por correo a la doctora un letrado del Instituto Catalán de Salud, la empresa pública de la que dependen laboralmente las residentes durante su periodo de formación. A pesar de ello, desde que en otoño pasado seis residentes denunciaron los presuntos abusos del ex jefe de Urgencias, el hospital esquivó garantizarles su derecho a saber quién y cuándo había accedido a su historial.

Las explicaciones fueron cambiando. El director de recursos humanos de la FHES, Josep Vidal, alegó en diciembre, tres semanas después de que la residente se reuniera con el gerente, que desconocía “cuál era el procedimiento” para obtener la trazabilidad. Seis médicas la solicitaron por burofax y un mes después, a mitad de enero, seguían sin recibir respuesta.

Contactado por este diario el 14 de enero, el gerente dijo que todo se debía a un malentendido y horas después las residentes empezaron a recibir unos informes, aunque incompletos, con algunos accesos. Varias tuvieron que volver a solicitar la información completa. El responsable de la gestión, Víctor Armenta, sostiene en conversación telefónica que al principio no había entendido qué es lo que pedían.

La residente que se había reunido con el gerente recibió entonces un informe de 77 páginas, con numerosos accesos sin aparente justificación médica. Muchos de los accesos llevan una etiqueta “Administrador A/B”, que los anonimiza. En diciembre, el propio Armenta había accedido al Informe del Alta de Urgencias de julio, más de cuatro meses después de la asistencia. “Mi cargo incluye entre otras cosas la codificación clínica y para ello tengo que entrar a las historias clínicas”, dice por teléfono.

El gerente pidió que lo hablado no saliera de allí. “Lo que sí pedimos es que esta reunión se quede aquí, en las tres personas que estamos aquí”, dijo Perelló en aquella reunión. Junto a la residente y el gerente, asistió también Sonia Bellavista, jefe de la Unidad de Atención al Usuario. “Escucha, que igual no lo has entendido al principio”, recordó Perelló. Y añadió: “A nosotros nos interesa acompañar a la gente. Y lo único que tenemos son 11 años de experiencia”. La residente insistió en que lo que quería era la trazabilidad. “Es un derecho y lo quiero”.

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