Laura Borràs pide a la justicia que suspenda su ingreso en prisión mientras se decide su indulto

La expresidenta del Parlament Laura Borràs ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspenda su condena de cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), mientras el Gobierno decide si la indulta. En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, solicita la suspensión de la ejecución de la condena de prisión “mientras se materializa” la petición de indulto que el tribunal elevó al Gobierno en su sentencia.

Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo en la ILC, que dirigió entre los años 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros, en una sentencia que le impuso además 13 años de inhabilitación especial para cargos públicos electivos o de gobierno. En su sentencia, el propio TSJC proponía al Gobierno que concediera el indulto parcial a Borràs, ceñido exclusivamente a la pena de prisión y de como máximo dos años y medio de cárcel, por lo que es posible que suspenda la ejecución de la condena a la espera de que el Gobierno se pronuncie.

A raíz de la causa abierta, Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament en julio de 2022, cuando la justicia decidió enviarla a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, a las semanas de dictarse la condena. El indulto no afectaría, eso sí, a los 13 años de inhabilitación impuestos a Borràs, pena que le impide presentarse a las elecciones u ocupar cualquier cargo público, electivo o de libre designación, aunque no limita su trabajo como docente. Borràs, que el pasado mes de octubre dejó la presidencia de Junts en manos de Carles Puigdemont, se ha proclamado siempre víctima del ‘lawfare’ por sus convicciones independentistas, por lo que en las negociaciones con el PSOE su partido planteó sin éxito que la ley de amnistía diera cobertura a su caso.