Pasar consulta en la cárcel: “Si no damos la prescripción o la baja que piden los internos, nos insultan o amenazan”

Hace menos de un año un grupo de cuatro reclusos entró en el despacho donde Cristina pasa consulta como enfermera en el Centro Penitenciario de Jóvenes, en Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona). Le pedían vendajes. “Les dije que no podía dárselos si no era por cuestiones sanitarias, y no era el caso”, explica. Los chicos insistieron. Le impidieron salir de la habitación y le avisaron de que habría jaleo si no cedía. “Fue una situación muy desa...

Hace menos de un año un grupo de cuatro reclusos entró en el despacho donde Cristina pasa consulta como enfermera en el Centro Penitenciario de Jóvenes, en Quatre Camins (La Roca del Vallès, Barcelona). Le pedían vendajes. “Les dije que no podía dárselos si no era por cuestiones sanitarias, y no era el caso”, explica. Los chicos insistieron. Le impidieron salir de la habitación y le avisaron de que habría jaleo si no cedía. “Fue una situación muy desagradable. Me coaccionaron e intimidaron”, denuncia Cristina. Tras unos momentos de incertidumbre, consiguió pasar y abandonar la sala. Ningún funcionario la pudo asistir. Hizo un parte para registrar lo sucedido pero, explica, los responsables de la prisión no actuaron contra los alborotadores. “La dirección del centro consideró que no había motivos para hacerlo. Los sanitarios nos sentimos muy expuestos en un contexto de riesgo permanente”.

El asesinato de una cocinera de la cárcel Mas d’Enric (Tarragona), acuchillada por un recluso, ha puesto a los diferentes colectivos penitenciarios en guardia. Maestros, educadores, funcionarios, sanitarios. Todos. Y tras las protestas, que han derivado en la dimisión del director del centro tarraconense, aparece el revisionismo. “Existe una situación de precariedad permanente y la violencia ha aumentado”, remarca Cristina. Según datos del Departamento de Justicia, las agresiones al personal penitenciario se han casi triplicado (577 en 2023 frente a las 202 de 2017) en seis años. En el caso específico de los sanitarios se registraron 13 el año pasado. “No es una cuestión solo de agresiones, sino también de las amenazas y los insultos que sufrimos mientras trabajamos sin apenas protección”, argumenta Begoña, enfermera de la prisión de Ponent (Lleida). “Y esto no se contabiliza”.

El servicio médico está activo de forma continuada en las prisiones catalanas todos los días del año. Cada módulo, mayoritariamente, tiene su propia consulta y los sanitarios rotan durante el día para atender a los reclusos. El problema, coinciden Cristina y Begoña, es que las condiciones en las que tratan a pacientes excepcionales “no son las más adecuadas” por aquello de lo que puede llegar a pasar. “La gente se piensa que tenemos a una persona vigilando la consulta con nosotros, pero no es así”, comparte la enfermera de la prisión leridana. Las consultas se realizan a solas para garantizar la privacidad de los pacientes con las herramientas sanitarias habituales: Bisturís, tijeras, jeringuillas, pinzas, lo normal en cualquier ambulatorio. “Estamos a solas con ellos, a veces muy cerca cuando les curamos o les pinchamos, utilizando un material muy complejo. Y si pasa algo estamos muy expuestas”, subraya Begoña.

Cada consulta tiene un pulsador de alarma que debe utilizarse si existe riesgo. Pero no parece suficiente. “El problema es que entre el aviso y la llegada de un funcionario pasa demasiado tiempo”, lamenta Cristina. “Entre que un funcionario está en el patio, otra realiza cualquier otra tarea, y que el tercero no puede abandonar el búnker [un espacio blindado en el interior de cada módulo desde donde se realizan avisos y se monitoriza la seguridad], acaban llegando tras unos minutos porque no pueden antes. Este circuito de protección debería revisarse”. Fuentes de Justicia defienden que la asistencia es “inminente” en caso de aviso y que no existe un tiempo establecido para personarse. “Si hay un aviso se convierte en una cuestión prioritaria”, insisten las mismas fuentes, que añaden que hay funcionarios cerca para intervenir. “Los protocolos se revisan periódicamente, y ahora más por razones obvias”, completan desde la consejería.

Uno de los problemas más habituales es la gestión de la medicación y las bajas. Determinados fármacos se convierten en parte fundamental de la vida de los pacientes. Y cuando los médicos dejan de prescribirlos, empiezan los problemas. “Nos insultan o amenazan si no les damos lo que quieren”, añade Cristina, “y a veces nos lanzan botellas o frascos con orina o fluidos. Es muy desagradable”. Con las bajas ocurre algo similar pero por causas diferentes. “A veces existen conflictos entre presos y no quieren ir al patio por miedo. Puede que alguien les haya amenazado, que estén en problemas, y piden la baja para poder quedarse en la celda descansando y protegidos”.

Es habitual observar colas a las puertas de las consultas. El personal sanitario llama a los pacientes en orden, aunque no siempre es fácil. “A veces entran dos o tres de golpe y no se van”, explica Begoña. Para mantener los turnos y ayudar, algún preso realiza tareas de secretario, del mismo modo que los maestros cuentan con un delegado de clase. “La mayoría saben que prestamos un servicio necesario para ellos y nos ayudan, pero siempre sabes que pueden crearse situaciones difíciles”, coinciden las dos enfermeras.

Los funcionarios, también buena parte de los sanitarios, coinciden en que el sistema penitenciario ha derivado en lo que muchos llaman “buenismo”: ampliar los límites de la tolerancia por delante de la rigidez. Y que ello ha llevado a una situación cada vez menos sostenible para los profesionales. “Quizás se ha ido flexibilizando el régimen disciplinario en algunos casos”, analiza Begoña. “Al final, si te pones a pensar, te das cuenta de que lo que le pasó a Núria [la víctima de Mas d’Enric] le podría haber pasado a cualquiera”.

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