Cataluña decretará este jueves la fase de emergencia por sequía en Barcelona y 200 municipios

La fase de emergencia por sequía extrema en Cataluña se declarará este jueves en Barcelona y en 201 municipios más, aunque las medidas que conlleva no entrarán en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) en los próximos días. En total más de seis millones de ciudadanos. El Govern lleva desde noviembre, cuando se ...

La fase de emergencia por sequía extrema en Cataluña se declarará este jueves en Barcelona y en 201 municipios más, aunque las medidas que conlleva no entrarán en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) en los próximos días. En total más de seis millones de ciudadanos. El Govern lleva desde noviembre, cuando se declaró la preemergencia (una fase de transición), evitando llegar a este punto que obliga a ampliar las restricciones de agua industriales, agrícola e incluso domésticas en Barcelona (con multas de hasta 3.000 euros si no se respetan) y prácticamente toda su provincia. Sin embargo, la previsión de que bajen por debajo del 16% los embalses del sistema Ter-Llobregat, que nutren toda esta zona, ha llevado al Ejecutivo de Pere Aragonès a tomar esta decisión.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que la Comisión Interdepartamental de la Sequía, el órgano de decisión para hacer frente a la crisis hídrica, se reunirá de manera extraordinaria el día 1 de febrero para evaluar la situación y, si nada cambia, decretar al fin el estado de emergencia, con restricciones en el suministro en la zona más poblada de Cataluña. De acuerdo con el plan de la Generalitat para hacer frente a casi 40 meses de escasez de lluvia, el estado más grave de atención, el de la emergencia, se declara cuando la capacidad está por debajo del 16% de la capacidad y a este martes, según Plaja, se encuentran al 16,34%.

El nuevo anuncio de la Generalitat supondrá la activación de las medidas más duras previstas en el Plan Especial de Sequía (PES). El Ejecutivo catalán ha diseñado tres fases escalonadas donde casi seis millones de personas de los municipios afectados se irán adentrando conforme avance la gravedad de la sequía. La emergencia tiene tres subfases: emergencia I, emergencia II y emergencia III. En la primera etapa, no se podrá consumir más de 200 litros por habitante y día; un umbral que bajará a 180 litros en la segunda; y los 160 litros en la tercera. El inicio de cada escenario lo marcarán, como ha sucedido hasta ahora con los otros escenarios del plan, el nivel de los embalses de las cuencas hidrográficas internas. Los ayuntamientos que sobrepasen estos volúmenes se enfrentan a sanciones, como ya ha ocurrido con el turístico Begur o Palau-Saverdera (Girona), que ya han sido multados con 54.000 y 19.000 respectivamente. El Govern busca así presionar a las administraciones locales para que hagan un control más exhaustivo de los consumos entre los vecinos.

Otras de las medidas previstas es la reducción de la presión de agua. Los primeros tres municipios del área de Barcelona donde se aplicarán esta medida serán Corbera de Llobregat, Cervelló y La Palma, que tienen consumos muy superiores a los 200 litros por habitante y día. Son también municipios de orografía complicada, con largas y envejecidas redes de tuberías por donde se pierde casi la mitad del agua, mientras los alcaldes se quejan de falta de ayudas para repararlas. La ciudad de Barcelona no espera aplicar reducciones de la presión de agua en los domicilios, en el peor de los casos, hasta julio, porque su consumo es razonable, de 173 litros diarios por persona en 2023.

Reducciones de presión y afectación a la agricultura y la industria

Cataluña entrará en Emergencia II cuando la capacidad de las balsas tengan 67 hectómetros cúbicos. Lo hará en Emergencia III cuando tengan 37 hectómetros cúbicos. Además de las medidas en el consumo humano, la agricultura restringirá un 80% el uso de agua para regar; la ganadería, un 50%; y, la industria, un 25%. Tampoco se podrán iniciar nuevos proyectos que requieran un uso intensivo de los recursos hídricos, como granjas, planes urbanísticos o proyectos turísticos. Tanto las piscinas como los centro deportivos tendrán que ajustarse a las normativas de cada escalón de la emergencia, donde en el primer nivel deberán realizar planes de compensación del gasto de agua para llenado de piscinas o riegos de césped. En fases más graves, cualquier tipo de centro deportivo deberá cerrar las duchas.

La declaración de la alerta máxima por la sequía en Barcelona supone un golpe de realidad, quizás el revés más duro, de la emergencia climática y sus consecuencias presentes y futuras en la segunda ciudad española en población. El cambio climático vuelve a hacer peligrar el consumo doméstico de una gran ciudad europea y olímpica como Barcelona tras la última gran sequía, la de 2008, que obligó al despliegue de inversiones multimillonarias para evitar que la historia de tener que flotar barcos con agua desde otros territorios volviera a repetirse. La Generalitat creía que la comunidad, ahora sí, ya estaba preparada gracias a su capacidad de desalación para aguantar otra gran sequía sin llegar a declarar la emergencia. Pero la realidad de estos últimos tres años ha acabado desbordando por completo sus previsiones y el parón inversor en infraestructuras hidrológicas a partir del 2010 (con gobiernos de todo símbolo político) acabará elevando la factura en las cuentas.

Una elevada factura en infraestructuras

Llegar al último estadio de alerta y limitar al extremo el uso de agua industrial, doméstica y agrícola supondrá un elevado coste económico todavía por determinar. La factura de la sequía de 2008 alcanzó la friolera de los 500 millones de euros. Por ahora, la actual sequía ya ha supuesto el inicio a marchas forzadas de obras de adaptación en los puertos de Barcelona para preparar la llegada de buques cargados de suministros; el adelanto de una partida millonaria para la aceleración de las plantas desaladoras y de regeneración de agua; el despliegue de camiones cisterna en las zonas más aisladas y el aumento de la factura del agua para los consumidores domésticos, entre otros. La respuesta inmediata desde la Administración también se eleva por millones.

El anuncio llega en plena celebración en Barcelona de la feria europea más importante del sector audiovisual, el ISE, y a pocas semanas del Congreso Mundial de Móviles, que ya ha pedido a sus asistentes que reduzcan su consumo de agua. Un informe de 2012 de la Cambra de Comerç de Barcelona ya alertaba que la ciudad no estaba preparada para afrontar un periodo de sequía que se alargara tres años. Una fuente del equipo técnico que elaboró el informe valoraba a este diario el pasado año, ya en una fase avanzada de la crisis hídrica, que la capacidad de respuesta había mejorado notablemente la última década, pero alertaba que todavía quedaban deberes por hacer, entre ellos citaba mejorar la reutilización de recursos para evitar un gasto innecesario de las reservas. 12 años después, el informe se ha demostrado que estaba en lo cierto.

La llegada a los 100 hectómetros cúbicos de capacidad en los embalses del sistema Ter-Llobregat estaba prevista para finales de esta semana, pero “se ha avanzado unos días”, ha aceptado la portavoz este martes. El Govern lleva semanas intentado alargar lo más posible la llegada de las restricciones en el suministro en el área metropolitana de Barcelona. La Generalitat retrasó la semana pasada la fecha para declarar la emergencia por sequía aunque los embalses de las cuencas hidrográficas internas bajaron del 16% de su capacidad (15,99%), el umbral establecido para activar las restricciones más severas. Plaja no ha querido concretar si la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat el estado de emergencia se hará vía edición extraordinaria ese mismo día o de manera posterior, pero dará explicaciones del escenario que se abre el próximo jueves, después de la reunión de la Comisión Interdepartamental de Sequía. El Govern aprobó hace dos semanas una modificación del PES para reducir los caudales ecológicos de los ríos Llobregat, Ter y Muga. A pesar de que el Govern pretende desembalsar dos veces a la semana grandes cantidades de agua en estos ríos, los ecologistas han criticado está actuación “no consultada” y estudian elevar esta decisión a la Fiscalía de Medio Ambiente.

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