El Gobierno abre la puerta a que Puigdemont tenga escolta policial en Bélgica

Carles Puigdemont ha reclamado en varias ocasiones poder disponer de un servicio de escolta de los Mossos d’Esquadra en Bélgica, alegando que le corresponde en su condición de expresidente de la Generalitat, pero el Ministerio del Interior nunca ha dado el visto bueno para habilitarle un dispositivo de seguridad personal. Hasta ahora. El ministro de la Presidencia en funciones, ...

Carles Puigdemont ha reclamado en varias ocasiones poder disponer de un servicio de escolta de los Mossos d’Esquadra en Bélgica, alegando que le corresponde en su condición de expresidente de la Generalitat, pero el Ministerio del Interior nunca ha dado el visto bueno para habilitarle un dispositivo de seguridad personal. Hasta ahora. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha manifestado este martes que el Gobierno dará curso a la petición del expresidente catalán para tener un equipo de escolta policial permanente en Waterloo y Bruselas. La aprobación definitiva dependerá de lo que consideren las autoridades belgas, última instancia competente para dar la luz verde, pero las declaraciones de Bolaños suponen un cambio en la consideración que ha merecido para el Gobierno la situación de Puigdemont en el extranjero.

El expresidente escapó a Bélgica en 2017 para evitar ser detenido y juzgado por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año y, pese a reiteradas peticiones para disponer de la escolta policial que la Generalitar contempla para sus expresidentes, Interior nunca tramitó la solicitud a Bélgica. En declaraciones a la emisora RAC1, Bolaños manifestó este martes que “nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber”.

El asesor de Puigdemont, Josep Lluís Alay, publicó este lunes una carta remitida a la Departamento de Interior de la Generalitat donde denunciaba la falta de seguridad que ha sufrido Puigdemont desde hace seis años. Ahora, “ha aumentado el nivel de peligrosidad y riesgo”, indicaba Alay, al tiempo que le reprochaba al consejero Joan Ignasi Elena (ERC), que no hubiera movido ficha para mandar una dotación de mossos a Bruselas, para dar cobertura a Puigdemont. Elena reaccionó este mismo martes, remitiendo por la tarde una carta al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska: “Solicito nuevamente la activación de un servicio de protección al presidente Carles Puigdemont”, reza el texto, antes de subrayar que la demanda no es ninguna novedad. “Hasta la fecha, todas las peticiones elevadas por parte de los consellers Miquel Buch, Miquel Sàmper y mía, han sido rechazadas en varias ocasiones por el Gobierno”. Con el escrito, el consejero Elena ataca dos frentes de golpe, porque cumple con la demanda de Puigdemont y recuerda a sus antecesores Buch y Sàmper (ambos de JxCat) para desactivar los reproches que se han vertido desde Junts, en relación a una supuesta inacción del Govern de Esquerra a la hora de reclamar protección para el expresidente.

Fuentes oficiales de Interior declinaron concretar cuál será la decisión final a la espera de recibir formalmente la carta. En 2018, cuando el entonces president Quim Torra solicitó a Interior la misma medida, el ministerio la rechazó al haber una orden de detención contra Puigdemont. Esa orden se mantiene en la actualidad. No obstante, fuentes de la seguridad del Estado recalcan que en estas decisiones no se atiende a criterios políticos, sino “exclusivamente” a cuestiones policiales. “Se podría dar protección incluso a una persona con sentencia firme si se valora que puede su integridad o vida podría estar en riesgo”, añaden.

No obstante, fuentes de la seguridad del Estado ponen de relieve que en casos como el de Puigdemont se está a expensas de lo que decidan las autoridades policiales del país donde reside la persona que reclama la escolta. Si finalmente Interior tramite la petición de la Generalitat y las autoridades belgas dan su aprobación, se pueden abrir dos escenarios. Uno sería que Bruselas autorice que los Mossos d’Esquadra desplacen a agentes al país para que se encarguen de la seguridad del expresidente, aunque en ese caso sería poco probable que pudieran portar su pistola reglamentaria. En su carta a Grande-Marlaska, el consejero de Interior Joan Igansi Elena hace mención expresa de este tema: “Ruego se proceda a los trámites oportunos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades belgas para el traslado de las armas reglamentarias de los agentes que deberán prestar el servicio”. Otra posibilidad es que la custodia de Puigdemont la asuman, directamente, policías belgas. Las mismas fuentes de la seguridad del Estado descartan que la escolta del expresidente catalán la presten agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

El equipo que asiste a Carles Puigdemont denunció este lunes, mediante la publicación de una carta, que la reclamación inicial se remonta a julio de 2018. Cada expresidente de la Generalitat cuenta con una serie de prerrogativas cuando abandona el cargo, entre las que se encuentra una oficina de representación, con personal al servicio del exmandatario. Sin embargo, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, revela no disponer de medios materiales ni personales para asegurarle a Puigdemont una dotación mínima de escoltas. La demanda exige “la asignación inmediata y con carácter de urgencia de los efectivos de escolta de los Mossos” y esgrime que en las últimas semanas ha aumentado “el nivel de peligrosidad y riesgo” para la figura del expresident. De esta manera, Puigdemont muestra preocupación por la escalada de protestas ciudadanas contra la ley de amnistía.

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