Las bases del Gobierno paralelo de Puigdemont fuerzan una votación sobre la investidura de Sánchez
Jaume Asens, que hace de enlace entre los partidos independentistas y Sumar, cree que la elección del nuevo presidente será en noviembre y que la amnistía no estará lista para entonces
El Consell de la República va a someter a votación de sus miembros si hace campaña para bloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El Consell es la entidad privada independentista controlada por Carles Puigdemont desde Bélgica, donde permanece huido, y que se presenta como una suerte de Gobierno paralelo de Cataluña, con la misión de desbrozar el camino hacia una república catalana. Un sector de afiliados ha logrado forzar una moción para someter a votación si el Consell debe ...
El Consell de la República va a someter a votación de sus miembros si hace campaña para bloquear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El Consell es la entidad privada independentista controlada por Carles Puigdemont desde Bélgica, donde permanece huido, y que se presenta como una suerte de Gobierno paralelo de Cataluña, con la misión de desbrozar el camino hacia una república catalana. Un sector de afiliados ha logrado forzar una moción para someter a votación si el Consell debe impedir que haya un acuerdo entre Junts, ERC y los emisarios del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.
La consulta a las bases se hará de manera telemática entre el 17 y el 23 de octubre y plantea una pregunta clara: “¿El Consell de la República tiene que promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?”. Con este movimiento, el órgano trata de ganar protagonismo en las negociaciones y condicionar el posicionamiento de los partidos independentistas catalanes, Junts y ERC, mientras negocian un posible apoyo al candidato del PSOE. El exdiputado de En Comú Podem Jaume Asens, que tiene la misión de acercar a las dos partes, ha dicho este miércoles que ve prácticamente imposible que la amnistía a los encausados del procés —la principal condición que los independentistas ponen a Pedro Sánchez— esté lista antes de noviembre; es decir, que no llegará antes del debate de investidura, que él sitúa en la primera o segunda semana de noviembre.
El Consell de la República afirma tener 103.000 inscritos y uno de sus pilares es defender la confrontación con el Estado. La consulta arroja incertidumbre sobre las decisiones que pueda tomar Carles Puigdemont. El expresident diseña personalmente la estrategia de Junts per Catalunya en la negociación con el PSOE, y ha desgranado una lista de peticiones que pivota, fundamentalmente, sobre una amnistía para los afectados por causas del procés y un reconocimiento, por parte del Gobierno, del independentismo como sujeto legítimo para negociar. Pero algunos sectores del independentismo más excitado rechazan cualquier tipo de apoyo al Gobierno central. Junts y Esquerra aprobaron la semana pasada en el Parlament, en vísperas del sexto aniversario del referéndum ilegal del 1-O, una propuesta para condicionar también el respaldo a la investidura a “avances” en el referéndum.
Las elecciones del 23-J dieron a las formaciones independentistas catalanas con representación en el Congreso un papel clave para decidir la formación del Gobierno. En ese contexto, el papel del Consell de la República ha quedado desdibujado y, convocando la consulta entre sus bases, la entidad busca tener voz para condicionar la investidura. Hace dos semanas, 30 miembros de la Asamblea de Representantes del Consell de la República emitieron una carta en la que se mostraban críticos con las “medidas unilaterales” adoptadas por el gobierno de ese organismo, pero sobre todo por la “deriva autoritaria” de su número dos, Toni Comín.
Un resultado favorable al bloqueo de la investidura en la consulta del Consell se limitaría a generar presión dentro del ecosistema independentista catalán. Se sumaría así al rechazo que ya ha presentado otra entidad, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). Òmnium Cultural, por su parte, sí que defiende que se negocie una amnistía. La realmente importante es la que lleguen a hacer los partidos. ERC ya anunció el pasado 28 de julio que realizará una consulta a sus bases sobre la “posición final sobre una eventual investidura” sin especificar aún si será en términos de sentido de voto, informa Camilo S. Baquero. El acuerdo tomado por el Consejo Nacional del partido no puntualizó, sin embargo, el momento en el que tiene que realizarse. Junts, que no ofrece una rueda de prensa desde julio, no ha aclarado si hará lo propio.
Por otra parte, Jaume Asens, exdiputado de En Comú Podem, hombre de confianza de Yolanda Díaz, la líder de Sumar, y que está haciendo de interlocutor de los partidos independentistas y el Gobierno, ha dicho este miércoles que ve “casi imposible” que la hipotética ley de amnistía esté lista antes de noviembre. En una entrevista con TV-3, Asens ha calculado que el debate de investidura de Pedro Sánchez será la primera o segunda semana de noviembre y ha enfriado las posibilidades de que la amnistía sea tramitada de manera exprés para que esté aprobada antes de esa votación. La semana pasada, ha añadido el abogado, él vio “fantasmas de repetición electoral” por el enfrentamiento entre Junts y ERC, aunque ahora ve “reconducida” la situación.
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