Las fundaciones de partidos buscan financiación alternativa tras 13 años sin ayudas de la Generalitat

La década del 2010 fue muy complicada para las fundaciones vinculadas a partidos políticos en Cataluña. La explosión de casos de corrupción como el Palau, que involucró a la convergente CatDem, derivó en la sensación generalizada de que esos centros de pensamiento eran simples “chiringuitos” captadores de recursos. Desde 2016, el Departamento de Justicia cortó el grifo a las ayudas anuales con que las solía regar. Solo en esos diez años, casi una decena de entidades entonces activas recibi...

La década del 2010 fue muy complicada para las fundaciones vinculadas a partidos políticos en Cataluña. La explosión de casos de corrupción como el Palau, que involucró a la convergente CatDem, derivó en la sensación generalizada de que esos centros de pensamiento eran simples “chiringuitos” captadores de recursos. Desde 2016, el Departamento de Justicia cortó el grifo a las ayudas anuales con que las solía regar. Solo en esos diez años, casi una decena de entidades entonces activas recibieron 1,7 millones de euros de las arcas públicas por esa vía. Ahora, Fundación Rafael Campalans (PSC) y Josep Irla (que ya no depende, al menos sobre el papel, de ERC) dominan un panorama en que, otras más pequeñas, como Nous Horitzons (ex ICV), se centran en publicaciones. Aún se buscan subvenciones, pero se intenta primar cada vez más otras vías de ingresos.

El punto de partida de la nueva fotografía lo esboza una respuesta parlamentaria del pasado marzo, con la que los socialistas querían conocer cuánto dinero, desde 2010 hasta ahora, se había dado a esas entidades. En ese primer año, nueve fundaciones se repartieron los más de 792.000 euros entregados por Justicia: Ramon Trias Fargas (CDC), Campalans, Irla, Miquel Coll i Alentorn (Unió), Faes (PP), Nous Horitzons (ICV), Ciutadants pel Canvi, Egaras Civitas (Cs) y L’Alternativa (EUiA). El principal baremo de una convocatoria orientada a “la difusión del pensamiento político y social del sistema democrático” dependía del peso en escaños en el Parlament.

En 2015, el entonces titular de Justicia, Germà Gordó (CDC), adujo falta de presupuesto para no otorgarlas. Al año siguiente, su sucesor, Carles Mundó (ERC), directamente ni las convocó. No hay planes de reactivarlas, agregan en el departamento. Entre 2010 y 2016, Justicia entregó 1,7 millones de euros. Campalans recibió casi 430.000 euros; CatDem (antes Trias Fargas), más de 380.000 y la Irla, 267.000. A esas cantidades, además, habría que sumarle las subvenciones entregadas por ministerios y entidades europeas, donaciones de particulares o militantes y trabajos académicos. En 2021, las últimas cuentas disponibles, la entidad del PSC reportó 16.000 euros de ingresos por subvenciones. En Irla, fueron más de 82.000 (con el ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols, por ejemplo, gestiona el centro Casa Irla).

El cierre de ese grifo coincide con el momento álgido del debate sobre la utilidad de las fundaciones, que derivó en que se les viera como “chiringuitos”. La corrupción había hecho su parte. CatDem estaba en el ojo del huracán por triangular subvenciones y donaciones irregulares. En 2016, precisamente, cesó actividades aunque no ha podido bajar del todo la persiana: la liquidación depende de que la justicia dirima sobre su responsabilidad civil en el caso 3%. Egaras Civitas mutó a otra asociación, Catalunya Constitucional. En su informe de 2019, el Tribunal de Cuentas recomienda a esa última la liquidación al acumularse varios ejercicios sin actividad alguna.

También influyó la reorganización del ecosistema de partidos. Ciutadans pel Canvi se extinguió tras la ruptura con el PSC en 2010. Unió arrastró a su fundación tras colgar el cartel de cerrado. En 2016, los democristianos optaron por separarla orgánicamente para evitar que saliera tocada de la liquidación derivada del cisma interno pero fracasaron. La desaparición de Iniciativa no ha conllevado, sin embargo, al final de recorrido de Nous Horitzons, que sobrevive con los afiliados y ayudas de los verdes europeos. Marc Rius, su presidente, enfatiza que desde un principio se acordó preservarla de las vicisitudes políticas al ser depositaria del legado del PSUC y de la bandera ecosocialista. Eso sí, la hegemonía de los comunes en ese espacio alumbró, el año pasado, a la fundación Sentit Comú y eso podría implicar competencias a la hora asegurar las cuotas derivadas de la simpatía ideológica.

Esa nueva entidad tendrá como bandera el municipalismo y su secretaria, Tània Corrons, confía en que la experiencia de estos años se pueda monetizar. Hubo un debate en el interior de los comunes sobre si recurrir a la figura de la fundación no era contraproducente, al ir en la línea de la política tradicional. “Legalmente no hay otra forma de hacerlo”, insiste Corrons. Rius lamenta que, mientras en países como Alemania, la labor de las fundaciones de partidos esté normalizada y se considere relevante, en Cataluña aún pareciera satanizada. “No hubo un castigo contra quienes habían pervertido la función del think tank sino que lo recibimos todas las fundaciones”, agrega Pau Solanilla, director de Campalans.

Esa fundación, junto con la Irla, son a día de hoy las que mantienen actividades que se pueden encajar en la idea de centros de pensamiento. Solanilla reconoce que de los 10 empleados que tenía la entidad socialista ahora quedan solo dos. Además de ayudas de ministerios como el de Educación o el de Exteriores, logra financiar sus jornadas relacionadas con el federalismo con ayudas de la fundación alemana Friedrich Ebert . “Nunca nadie nos ha dicho por qué Justicia dejó de convocar las subvenciones”, lamenta.

Quien vive un momento dulce en términos económicos es Irla. A diferencia de lo sucedido con Unió, la entidad de la órbita republicana vive bien tras, en 2018, escindirse del partido. El éxito radica en que su financiación está asegurada por ser la casera de ERC: mensualmente recibe ingresos por alquileres de varios inmuebles y sus activos llegan a los 7,9 millones de euros. Tiene una plantilla de 10 personas. Centrada en la recuperación de la memoria democrática, los republicanos sellaron la separación legal con un convenio de colaboración en ese campo, de 10 años y por 452.604 euros. Sobre el papel los miembros del patronato no deben ser nombrados por el partido aunque en realidad lo sean casi todos. “Hay decenas de biografías y libros sobre Lluís Companys o sobre Josep Tarradellas pero casi nada sobre Natividad Yarza, la primera alcaldesa tras las elecciones de 1934, en Bellprat. Ese tipo de investigaciones o las apoyamos nosotros o no lo hará nadie”, defiende Josep Vall, director de Irla.

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