Aragonès fija el 31 de diciembre como fecha límite para sellar con el Gobierno acuerdos sobre la “desjudicialización”

Pere Aragonès es un político poco dado a fijar ningún tipo de ultimátum ni corsés temporales de cara a conseguir los avances de calado que busca. De ahí que sorprenda que, este martes en el pleno del Parlament, el president haya puesto el 31 de diciembre como la fecha a partir de la cual se pueda evaluar si su apuesta por el diálogo con el Gobierno central ha dado frutos o no. Un balance nimio implicaría un ataque a l...

Pere Aragonès es un político poco dado a fijar ningún tipo de ultimátum ni corsés temporales de cara a conseguir los avances de calado que busca. De ahí que sorprenda que, este martes en el pleno del Parlament, el president haya puesto el 31 de diciembre como la fecha a partir de la cual se pueda evaluar si su apuesta por el diálogo con el Gobierno central ha dado frutos o no. Un balance nimio implicaría un ataque a lo que ha sido la viga maestra de la apuesta política de ERC y básicamente un disparo en el pie para su Ejecutivo. Que se tire a la piscina de esa manera y haya optado por un tono desafiante ante sus exsocios de Junts respaldaría a las voces del partido que, en privado, explican que las complicadas negociaciones sobre la reforma del delito de sedición avanzan a buen ritmo.

No se sabe cuánta agua hay (quedan seis semanas para que se cumpla el plazo), pero el salto de Aragonès ha sido evidente. No solo por imponerse, por primera vez, en sede parlamentaria ese calendario. También, por cómo se ha enfrentado a Junts per Catalunya. El jefe del Govern ha estrenado un nuevo tono, más desafiante, con los que hasta hace un mes habían sido sus socios en el Ejecutivo catalán. El líder de la nueva bancada en la oposición, Albert Batet, le había pedido que desglosara la lista de acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo. Un foro que, a su parecer, solo tiene la utilidad de “garantizar la estabilidad del Gobierno español”. “Y ya veremos si el de Cataluña también”, ha dicho Batet, en referencia que ERC, en minoría en el Parlament, pacte con el PSC los Presupuestos de la Generalitat.

“La lista [de los resultados] la tendrá antes del 31 de diciembre, que era el límite que nos habíamos marcado; desde entonces pueden juzgar”, ha respondido el president para después pedir a Junts que también permita evaluar en ese momento los logros de su “estrategia de retórica vacía”. “Es la estrategia de decir que este Parlament no suspenderá a ningún diputado y después acabar suspendiéndolo cuando llega una orden [judicial] e intentando hacer responsable a todo el resto”, le ha espetado Aragonès. El president había enumerado antes avances derivados de la mesa como “el reconocimiento del conflicto”, la metodología de trabajo, la decisión de no recurrir la ley de lenguas en la escuela del Parlament y “un acuerdo sobre el ámbito de la desjudicialización”. Sobre este último ha dicho: “esperemos que de frutos bien pronto y estamos siendo muy exigentes al respecto”.

Ponerse “medallas”

La pregunta del presidente del grupo de Junts en la sesión de control tenía su origen en una entrevista de Oriol Junqueras concedida a La Vanguardia el pasado domingo, en la que el presidente de ERC decía que de la mesa de diálogo habían salido “cuestiones relevantes” —”y pueden salir otras” sobre desjudicialización, agregó el exvicepresident—, pero que su formación no entraría a “hacer listas” de esos acuerdos para no aparecer como los que se “ponían medallas”. Batet ha pedido al president que por “transparencia y respeto a la ciudadanía” desglosara esa lista de “supuestos éxitos”, aunque se ha adelantado a asegurar que no aparecerían “ni la amnistía ni la autodeterminación, que deberían ser los objetivos”.

“También espero que si hay frutos lo reconozcan, aunque lo digo más como esperanza e ilusión”, ha respondido Aragonès a Batet. La fecha del 31 de diciembre como límite ya era conocida, pues figura en los acuerdos alcanzados en la última mesa de diálogo. En julio, el Gobierno y la Generalitat acordaban promover en el Congreso los cambios legislativos que se pudieran pactar en la línea de la “desjudicialización”. En su discurso de fin de año de 2021, Aragonès también instó a que este año se concretaran los avances en ese foro. O bien, advirtió, habría que buscar “otras vías”. De hecho, ERC y Junts habían pactado darle una oportunidad al diálogo, evaluar los logros a medio mandato y entonces decidir qué hacer para culminar el proceso de independencia.

Dentro de la “desjudicialización” se inscribe la reforma del delito de sedición que se está negociando entre ambos Ejecutivos y que ha llevado a fricciones entre el PSOE y ERC por el solapamiento con la negociación de los Presupuestos Generales. También es la razón que esgrime el PP para haber suspendido unilateralmente las negociaciones con el Gobierno sobre la reforma del Poder Judicial. Los líderes del procés juzgados por el Tribunal Supremo fueron condenados por ese delito (inicialmente se les imputó rebelión). Aunque fueron indultados posteriormente, lo sucedido abrió el melón de la reforma de un delito que el independentismo y algunos sectores de la izquierda consideran anticuado. El Gobierno de Pedro Sánchez comparte el diagnóstico hecho por instituciones internacionales que piden armonizar ese tipo con los países del entorno, aunque hasta ahora en el Ejecutivo defienden que no hay una mayoría en el Congreso para aprobarlo. La propuesta en la que trabaja La Moncloa, de hecho, es que se rebaje a la mitad la pena de cárcel, pasando de un máximo de 14 años a unos siete.

Presupuestos de la Generalitat

Junts es uno de los posibles socios de ERC para aprobar los Presupuestos de la Generalitat del próximo año. El tono de este miércoles no ayuda, pero las conversaciones siguen. La sesión de control tampoco ha sido plácida con los dos otros tres posibles apoyos en las cuentas. La CUP, recordando el borrador de la Eurocámara sobre los seguimientos a móviles de independentistas con el programa Pegasus, ha increpado a Aragonès por “pactar con quien le espía”. “Nunca me imagine que ustedes usarían mi condición de víctima para criticar mi estrategia política”, les ha respondido el jefe del Govern. Con los comunes ha tenido un rifirrafe, a raíz de las subvenciones a las estaciones de esquí. Con el PSC, el mano a mano ha venido a cuenta de la situación en los Mossos d’Esquadra. De nuevo, Salvador Illa le ha preguntado a Aragonès si piensa pedir la dimisión del consejero de Interior, Joan Ignasi Elena. El republicano le ha respondido con un lacónico “No”.

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