Por qué Junts se aferra a su pacto con el PSC en su último gran reducto de poder

La Diputación de Barcelona se ha convertido en el último refugio de poder que le queda a Junts per Catalunya. Un cobijo que garantiza cuotas de influencia y dinero, pero que es una fuente de rubores y de debate interno porque obliga a ir de la mano con el Partit dels Socialistes, partido qu...

La Diputación de Barcelona se ha convertido en el último refugio de poder que le queda a Junts per Catalunya. Un cobijo que garantiza cuotas de influencia y dinero, pero que es una fuente de rubores y de debate interno porque obliga a ir de la mano con el Partit dels Socialistes, partido que denuestan por su oposición a la independencia y por haber apoyado la intervención de la Generalitat en 2017. El pacto de intereses pone a Junts frente al espejo. En la reciente consulta sobre la conveniencia de abandonar el Govern, los partidarios de la separación, liderados por Laura Borràs, presidenta de la formación, y Carles Puigdemont, jefe en la sombra, defendieron una ruptura sin matices: “El objetivo no es estar en el Gobierno, es la independencia”, afirmó Borràs. Su opción se impuso y Junts ya no está en la Generalitat. “La coherencia tiene que ser el principal capital político de los gobernantes”, escribió Borràs en su hiperactiva cuenta de Twitter tras el divorcio. En la Diputación, los parámetros son distintos.

Los resultados de las elecciones municipales de 2019 arrojaron un empate de PSC y Esquerra en la Diputación de Barcelona: 16 diputados para cada uno. La balanza se desequilibró en favor de los socialistas gracias al apoyo posconvergente. Salvador Illa selló un acuerdo con el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y ni el paso del tiempo ni las mutaciones del espacio de los herederos de Convergència han hecho tambalear la alianza. La llegada de Laura Borràs al puesto de mando de Junts tampoco implicó cambios.

“No hay novedades en este sentido”, apuntan fuentes cercanas al gobierno provincial cuando se pregunta si el portazo de Junts a la Generalitat va a tener alguna réplica en la Diputación. “No tiene nada que ver con el Govern”, ha defendido Jordi Turull, secretario general de Junts. La potencia económica de la institución ayuda a difuminar reparos. Tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros y las estrecheces le son ajenas. La Diputación tiene potestad para decidir hacia qué municipios de la provincia, un total de 311, enfoca el chorro de dinero público para financiar todo tipo de proyectos. Un preciado comodín para ayudar a consolidar alcaldías o para penalizar a consistorios hostiles. Además, el organigrama del ente provincial actúa como un aprovisionador de cargos. Quien fue jefe de gabiente de Laura Borràs, Salvador Esteve, busca acomodo en la Diputación, toda vez que perdió su puesto de trabajo en el Parlament con la suspensión de Borràs de sus funciones de presidenta. Según adelantó El Periódico, Junts planea darle a Esteve un cargo de asesor.

Desde la Diputación se apunta que ahora hay 92 cargos asignados en total, y que existe margen para nuevos nombramientos porque a los grupos políticos les corresponde una cuota de 124 asesores. Ostentan la condición de personal eventual. Junts tiene nueve asesores fijos, con sueldos que van entre los 54.000 y los 72.000 euros. Además, tiene otros 11 asesores que, supuestamente, ejercen funciones de refuerzo en las áreas de gobierno que controla Junts. EL PAÍS trató este lunes al mediodía de contactar con los 11 asesores llamando directamente a la Diputación. No fue posible en ninguno de los casos.

El pacto PSC-Junts, la “sociovergencia”, se señala con reproche desde las filas de Esquerra, le asegura a Junts dos vicepresidencias, Carmela Fortuny y Ferran Mascarell, y otros dos puestos en la comisión ejecutiva, Joan Carles Garcia y Neus Munté. Según cifras publicadas por el portal de transparencia, cada uno de esos cargos supone una retribución de 97.000 euros anuales. La presidencia, ocupada por la socialista Núria Marín, conlleva un salario de 109.000 euros.

De la Diputación también depende la financiación del programa The Weekly Mag, que presenta Marcela Toppor, esposa de Carles Puigdemont. El espacio se emite en la Xarxa Audiosvisual Local (XAL) y, según denunció el grupo de Ciudadanos en la Diputación, tiene un coste de 300.000 euros anuales.

Tras las elecciones municipales de 2019, los distintos pactos que tanto ERC como Junts trabaron con el PSC generaron malestar en ambas formaciones independentistas. El de la Diputación de Barcelona ha servido como gasolina a ERC cada vez que se ha querido avivar el fuego de la discordia con Junts.

Mandos y militantes del partido posconvergente ponen la boca pequeña cuando se refieren a la alianza provincial que mantienen con el PSC, un pacto que choca de lleno con la línea de embestida frontal al Estado, y a sus instituciones, que pregona el argumentario de la formación. Más aún cuando la principal razón para alentar la salida de la Generalitat enfatizó el supuesto desinterés de Esquerra por dar avances en la senda independentista.

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