Admitida la querella del Govern contra Pablo Casado por sus declaraciones sobre la escuela catalana

Las declaraciones de Pablo Casado, en diciembre de 2017 en A Coruña, en las que aseguraba que en Cataluña “hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano” serán finalmente investigadas por la justicia. La Generalitat se querelló contra el entonces presidente del PP por supuestos delitos de injuria, calumnia e incitación al odio pero la acción judicial topó con conflictos jurisdic...

Las declaraciones de Pablo Casado, en diciembre de 2017 en A Coruña, en las que aseguraba que en Cataluña “hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano” serán finalmente investigadas por la justicia. La Generalitat se querelló contra el entonces presidente del PP por supuestos delitos de injuria, calumnia e incitación al odio pero la acción judicial topó con conflictos jurisdiccionales. El pasado lunes fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción 29 de Barcelona.

Los servicios jurídicos de la Generalitat presentaron la querella ante el Tribunal Supremo el 20 de diciembre del año pasado, tres días después de la rueda de prensa en que el líder popular y en medio de la polémica sobre la sentencia que obligaba a los colegios a aplicar el 25% de horas lectivas en castellano. La decisión de dar ese paso, argumentó entonces la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, buscaba responde a “acusaciones falsas que atacan al conjunto del profesorado y al sistema educativo”. Seis meses después, en junio, el Supremo decidió el archivo, alegando que Casado ya no era aforado (dejó su escaño en abril, tras la guerra interna del PP) y por tanto no era competente.

La Generalitat se vio obligada entonces a recurrir a la justicia ordinaria. Pero allí también chocó con otro supuesto conflicto jurisdiccional. En el reparto, la querella cayó en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona. Tres días después, el 23 de junio, el juez Santiago García, dictó una interlocutoria en la que se inhibía a favor de los tribunales de A Coruña, argumentando que era allí donde Casado había celebrado la rueda de prensa y se habían hecho las declaraciones denunciadas. Una decisión que el Govern catalán objetó rápidamente, y mediante un recurso alegó que el llamado principio de ubiquidad válida que la investigación sea en Cataluña.

Ese principio, que finalmente el juez aceptó en una interlocutoria del pasado lunes, establece que un delito se comete “en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”. Los servicios jurídicos del Ejecutivo catalán argumentaron que si bien Casado había comparecido ante la prensa en la capital gallega, su discurso ataca la “honorabilidad del Govern”, que tiene la competencia en Educación y cuya sede es Barcelona. “Los efectos del delito se producen en Cataluña”, concluyen. El juez García finalmente tendrá que investigar los hechos.

Las declaraciones de Casado fueron en su día fuertemente criticadas por el Gobierno y los partidos catalanes. “¿Se puede tolerar que hay profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en las mochilas? ¿Se puede tolerar que a los hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que estos niños no pueden estar integrados?”, dijo el entonces presidente del PP, ya retirado de la política. En esas palabras se refería la polémica desatada en una escuela de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde supuestamente se había discriminado a hijos de oficiales por haber intervenido en las cargas policiales en el 1-O. Un juzgado de Martorell archivó el caso en 2019, al no encontrar indicios contra los tres maestros acusados.

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