Muere el pistolero de Tarragona después de recibir la eutanasia en el hospital de Terrassa

Marin Eugen Sabau, el hombre que en diciembre del año pasado irrumpió armado en su antigua sede de trabajo en Tarragona e hirió a tres compañeros y a un mosso d’esquadra, ha recibido la eutanasia este martes en el módulo penitenciario del Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona). Tras la sedación, se ha procedido a la extracción de los órganos, según han confirmado sus abogados. Ni el Departamento de Salud ni el de Justicia han informado o...

Marin Eugen Sabau, el hombre que en diciembre del año pasado irrumpió armado en su antigua sede de trabajo en Tarragona e hirió a tres compañeros y a un mosso d’esquadra, ha recibido la eutanasia este martes en el módulo penitenciario del Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona). Tras la sedación, se ha procedido a la extracción de los órganos, según han confirmado sus abogados. Ni el Departamento de Salud ni el de Justicia han informado oficialmente de su fallecimiento. Sabau es el primer preso preventivo envuelto en una investigación judicial grave por delitos como tentativa de homicidio que recibe la eutanasia. Sus víctimas pedían que se paralizase el proceso hasta que se le juzgase. La defunción se ha certificado a las seis y media de la tarde.

De 46 años, Sabau ha sido trasladado poco antes de las diez de la mañana, del hospital penitenciario de Terrassa a la unidad de cuidados intensivos del centro médico, según fuentes sanitarias, que se encuentran comunicados, donde se le ha ayudado a morir. Las mismas fuentes han indicado que el hombre ha donado sus órganos. Sabau ha estado acompañado de familiares y, según fuentes conocedoras del caso, ha dejado una carta de despedida.

La eutanasia que se le ha practicado al preso está envuelta en la polémica: es la primera vez que una persona investigada en un proceso penal grave, como es la tentativa de homicidio, pide la muerte asistida. El hombre fue herido en su detención por los Mossos d’Esquadra de varios disparos, y sufrió una lesión medular irreversible. “Estoy parapléjico. Llevo 45 puntos en la mano. No puedo mover bien el brazo izquierdo. Llevo tornillos y no siento el pecho”, contó Sabau a la jueza instructora.

Algunas de las víctimas del conocido como pistolero de Tarragona, que la emprendió a tiros el 14 de diciembre pasado en la sede de Securitas donde trabajaba, se han opuesto a que el hombre recibiese la eutanasia mientras seguía vivo el proceso judicial, todavía en fase de instrucción. Defendían el derecho a la tutela judicial efectiva. Pero los tribunales han sido taxativos: la ley de la eutanasia no hace ninguna referencia a personas inmersas en procesos judiciales. Se trata de un trámite administrativo, evaluado por una comisión, donde no hace falta la autorización de un juez.

El juzgado de instrucción 5 de Tarragona, refrendado por la Audiencia Provincial, insistió en que no era competente para autorizar o denegar su petición de que le ayudasen a morir. Y añadió que ante la tutela judicial efectiva prevalece el “derecho fundamental” a la libertad, y a decidir sobre la vida y la muerte. Asimismo, remarcó que no era competente para evaluar si la petición del exvigilante estaba condicionada por “presiones externas” como las altas penas de los delitos por los que se le investigaba. “La labor de control de la obtención de un consentimiento libre y sin presiones por parte del solicitante de la prestación de eutanasia recae sobre la Comisión de Garantías y Evaluación”, que ya dio su visto bueno. Una vez muerto, insistieron, la eutanasia es como cualquier muerte natural a efectos jurídicos, y el proceso penal queda archivado.

Las víctimas tienen, sin embargo, la vía civil para pedir una compensación por las lesiones que sufrieron, ya sea mediante las compañías aseguradoras o la propia Generalitat, como es el caso del mosso herido en la persecución del pistolero. Fuentes cercanas a los heridos ven muy complicado demostrar que Securitas debe compensarles por negligencia. Además, insisten los letrados de la acusación, el capítulo sobre su responsabilidad penal por lo que hizo no se cierra con una compensación económica.

José Antonio Bitos, abogado del policía herido, lamenta además que los tribunales no hayan ahondado en una cuestión jurídica inédita: un preso preventivo que pide morir antes de juicio. Por ese motivo, recurrió la decisión de la Audiencia de Tarragona ante el Constitucional. Pero el tribunal consideró que el derecho a la tutela efectiva de las víctimas se garantizaba con una resolución judicial motivada y razonable, como consideró que había hecho la Audiencia de Tarragona. Los magistrados añadieron que solo se vulnera ese derecho cuando la resolución es arbitraria, irrazonable o manifiestamente errónea, algo que consideró que no se cumplía en este caso. Ya entonces se puso fecha para su muerte, el 23 de agosto. En todo el periplo, Sabau llegó a tener otro día previo, el 28 de julio, que se paralizó a la espera de los recursos judiciales.

Sabau pidió la muerte digna después de medio año en una cama hospitalaria de un centro médico penitenciario. Durante el proceso de evaluación declaró que sufría dolores constantes, además de lamentar su situación física. El equipo médico de la Comisión de Garantías y Evaluación dictaminó entonces que reunía “los requisitos” para recibir la prestación.

En sus últimos días de vida, solicitó la libertad provisional para poder despedirse de sus familiares, pero el lunes la jueza de instrucción número 5 de Tarragona rechazó su petición. La magistrada concluyó que existía un riesgo de fuga porque entendió que en un hospital sin vigilancia podría ser atendido por un familiar, y subrayó que el agresor no había mostrado “arrepentimiento”. La jueza, además, concluyó que su libertad, 24 horas antes de recibir la asistencia médica, “no alteraría en demasía” su situación.

La regulación de la eutanasia entró en vigor en España el 25 de junio del 2021 y busca despenalizar la muerte asistida en aquellas personas que sufran una enfermedad “grave e incurable” o un “sufrimiento grave, crónico e imposibilitante” que provoque “sufrimiento físico o psíquico intolerable”. En el primer año de aplicación, al menos 172 personas han terminado su vida por este procedimiento en España, 60 en Cataluña.

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