Laura Borràs anuncia que no dimitirá como presidenta del Parlament aunque vaya a juicio

La líder de Junts arremete contra el reglamento de la Cámara y sugiere que ERC alimenta “debates interesados” sobre la causa por corrupción en su contra

La presidenta del Parlament, Laura Borràs en el pleno de hace dos semanas.Quique Garcia (EFE)

Laura Borràs no piensa dimitir de la presidencia del Parlamento catalán porque considera que seguir en el cargo es la mejor manera de defender su inocencia si finalmente se le abre juicio oral por delitos de corrupción. Así lo ha asegurado este martes, en una comparecencia extraordinaria, que llega después de que en los últimos días ERC planteara abiertamente la dimisión de la también líder de Junts. Los republicanos quieren así evitar que la Mesa aplique el artículo 25.4 del reglamento, que obliga a retirar los derechos a un diputado cuando se le lleva al banquillo ...

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Laura Borràs no piensa dimitir de la presidencia del Parlamento catalán porque considera que seguir en el cargo es la mejor manera de defender su inocencia si finalmente se le abre juicio oral por delitos de corrupción. Así lo ha asegurado este martes, en una comparecencia extraordinaria, que llega después de que en los últimos días ERC planteara abiertamente la dimisión de la también líder de Junts. Los republicanos quieren así evitar que la Mesa aplique el artículo 25.4 del reglamento, que obliga a retirar los derechos a un diputado cuando se le lleva al banquillo por corrupción, y que les implicaría atacar de manera directa a sus socios de Govern, poniendo en peligro la estabilidad del Govern. Borràs está procesada por haber supuestamente fraccionado contratos públicos para adjudicárselos a un amigo mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2018.

Si efectivamente no dimite y se activa el mecanismo contemplado en el reglamento, los votos de ERC serían claves para que Borràs pudiera mantenerse como diputada y, por tanto, en el cargo. La presidenta ha aprovechado su intervención para cargar contra el artículo 25.4 y asegurar que vulnera la presunción de inocencia. “Se han sentido voces que me dicen que renuncie. No tengo ninguna intención de dar un paso al lado, y por varias razones. La primera es que soy inocente”, se ha defendido. Aunque no ha mencionado a ERC, el mensaje era evidentemente dirigido a esa formación: “Hay quien dice que hay que priorizar el prestigio de la institución, aunque eso implique renunciar a la presunción de inocencia. Obvian el contexto de la represión”. El pasado lunes, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, invitó a Borràs a tomar una “decisión” sobre su futuro, para no “arrastrar” a la institución a una “batalla judicial” ni “manchar” al movimiento independentista con “posible mala praxis o corrupción”. La semana pasada, Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament condenada por sedición, también de ERC, ya había lanzado un planteamiento idéntico.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene pendiente de resolver un último recurso presentado por la defensa de la líder de Junts contra el auto de procesamiento, antes de poder fijar la fecha del juicio oral. En ese recurso, la defensa pide entre otras cosas que haya un jurado popular. Borràs está procesada por prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación, al maniobrar para dar 18 contratos menores a un amigo. Una situación que encaja en lo que estipula el reglamento de la Cámara después de que en 2017 Junts pel Sí (la coalición donde estaba la antigua Convergència y ERC) y la CUP añadieran la obligación de que, en el caso de que se abriera juicio oral “por casos de corrupción”, se procediera a retirar el escaño al diputado afectado.

La líder de Junts, sin embargo, insiste en que su causa tiene una motivación únicamente política. “Este caso ha llegado tan lejos judicialmente por ser quien soy y por el proyecto político que represento”, se ha defendido. Se trata de un argumento que solivianta las filas de ERC, que considera que Borràs se envuelve en la bandera independentista para intentar salvars. “Es pensando en la dignidad del Parlament por lo que no quiero dimitir”, ha replicado Borràs, que ha pedido a los partidos independentistas “no contribuir a la degradación [del Parlament] alimentando un debate interesado”.

Con el paso al lado de Borràs descartado, las miradas están ahora en cómo se abordará el artículo 25.4. Su intervención ha estado llena de alusiones a su compromiso para garantizar los derechos de todos los diputados y “trabajar por el buen funcionamiento del Parlament”. Sin embargo, preguntada sobre si piensa hacer respetar la norma que rige la Cámara pese a que le podría afectar, ha asegurado que el articulado “presenta lagunas, imprecisiones” y ha recordado que hay trabajos en marcha para cambiar algunos puntos. Uno de ellos, precisamente, el 25.4. “Mi objetivo es para que el Parlament haga mejor su trabajo y eso quiere decir defender cada uno de los derechos [de los diputados], también el de la presunción de inocencia”, ha asegurado. Pese a que la hemeroteca lo desmiente, ha insistido en que ella nunca ha promovido tal reforma reglamentaria. “Yo he dicho siempre que no he cometido un delito, este articulo tiene que ver con la comisión de delitos, por tanto no me siento interpelada”, ha añadido.

Vilalta le recordó el pasado lunes a Borràs su obligación de activar el artículo que la podría dejar sin el escaño y le pidió no poner palos en las ruedas si ese escenario se produce. La posición de los republicanos en ese debate (tiene que pasar también por un dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado si así lo pide la Mesa) aún no es nítida, pero cada vez hay más señales que apuntan a que dejarían caer a Borràs.

Pese a que en repetidas ocasiones aseguró que no permitiría que se le retirara el escaño a Pau Juvillá, un diputado de la CUP condenado por desobediencia, finalmente terminó acatando la orden judicial de despojarle del escaño. Este miércoles su encendida dialéctica de desobediencia volverá a someterse a prueba con mantener el voto delegado de Lluís Puig, que el Tribunal Constitucional ha tumbado.

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