Uno de cada siete catalanes malvive en la calle, chabolas o en pisos precarios
Las entidades denuncian que el Govern infradimensiona la exclusión residencial
Manuel tiene 58 años y lleva desde 2017 viviendo en una furgoneta en el barrio barcelonés de Sarrià. “Me echaron del trabajo y luego me divorcié. Desde entonces, duermo y vivo en una furgoneta”, admite. Cada día desayuna y come gracias al Centro de Acogida Assis. “Los miércoles y sábados me ducho y me dan ropa. Sin ellos, no sé qué sería de mí”, admite. Cobra 415 euros al mes y va a cursos para intentar conseguir un trabajo aunque, pesimista, cree que no llegará a conseguirlo. Quizás cuando se prejubile a los 61, fantasea, podrá permitirse un piso de alquiler: “Ya no me acuerdo de lo que es te...
Manuel tiene 58 años y lleva desde 2017 viviendo en una furgoneta en el barrio barcelonés de Sarrià. “Me echaron del trabajo y luego me divorcié. Desde entonces, duermo y vivo en una furgoneta”, admite. Cada día desayuna y come gracias al Centro de Acogida Assis. “Los miércoles y sábados me ducho y me dan ropa. Sin ellos, no sé qué sería de mí”, admite. Cobra 415 euros al mes y va a cursos para intentar conseguir un trabajo aunque, pesimista, cree que no llegará a conseguirlo. Quizás cuando se prejubile a los 61, fantasea, podrá permitirse un piso de alquiler: “Ya no me acuerdo de lo que es tener luz, agua…”, admite.
Al igual que Manuel, más de 18.000 catalanes —la población de la comunidad asciende a 7.763.362 personas, según el Instituto Nacional de Estadística— sufren de forma permanente situaciones de exclusión residencial, ya sea durmiendo en un vehículo o sobre unos cartones encima de una acera. A este número debe sumarse los 1,3 millones de personas que lo hacen en chabolas, en el interior de naves, pisos precarios donde las personas viven hacinadas y otras infraviviendas, según denunciaron ayer las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), que aglutina tres decenas de oenegés y fundaciones que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social.
El documento cuestiona los datos sobre probreza publicados por la Generalitat. En enero la consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, aseguró que en Cataluña, 10.000 personas viven en la calle, en asentamientos o, cuando pueden, en albergues. Una cifra que contrasta con los 18.000 que aseguran las entidades. El mayor desfase de cifras, no obstante, llegó el pasado marzo, cuando Cervera presentó el Plan contra el Sinhogarismo y aseguró que si el número de personas que duermen en la calle, albergues, chabolas, naves, locales comerciales y los que están en riesgo de ser desahuciados ascienden a 58.930, muy lejos del 1,3 millones que reportan las entidades. Ferran Busquets, director de Arrels y vocal de Pobreza de ECAS, cree saber a qué se debe la diferencia de cifras: “La Generalitat no preguntó a las entidades. Se limitó a preguntar a los municipios, que no siempre tienen o dan las cifras correctas”.
ECAS hace otro cálculo y alerta de que hay, al menos, un millón de personas que viven en lo que las entidades han bautizado como “viviendas inseguras”. Estas pueden considerarse las infraviviendas, como las chabolas, pero también las viviendas ocupadas o los hogares de familias a punto de ser desahuciadas. Busquets denuncia que el problema es faraónico.
El informe denuncia que tener hijos, ser una familia gitana o de origen inmigrante son variables suficientes para que ni siquiera se pueda optar a realquilar una habitación. La vivienda, a pesar de ser un derecho básico, “se ha convertido hoy día en un problema estructural y en uno de los principales generadores de exclusión social en Cataluña”, reza el estudio.
Las entidades sociales denuncian también que prácticamente todas las personas acompañadas por las entidades sociales están afectadas por problemáticas relacionadas con la vivienda (97 %) y casi todas consideran que afecta a la forma y las posibilidades de su acción social (94 %).
ECAS propone a las administraciones la compra y captación de vivienda privada actualmente vacía para dedicarla a alquiler y estimular el acceso, la construcción y el mantenimiento del parque público, aprovechando las transferencias de los fondos europeos Next Generation. También reclama garantizar y aumentar la existencia de vivienda protegida con reservas de suelo público, pasando del 1,5% de viviendas de alquiler social actual al 15, como mínimo antes del 2030.
El AMB lanza ayudas para rehabilitar 13.650 viviendas
El Área Metropolitana de Barcelona presentó ayer una convocatoria de ayudas para rehabilitar 13.650 viviendas de los 35 municipios metropolitanos entre 2022 y 2026. La medida prevé beneficiar a unas 35.000 personas y generar 4.000 puestos de trabajo directos.
El programa tiene una dotación de 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation y contempla que los propietarios de las viviendas que se rehabiliten aporten 72 millones más. El plazo para pedir la ayuda empezará el próximo 2 de mayo y la solicitud se tendrán que presentar a través de la página web del Consorcio Metropolitano de la Vivienda (CMH).
Los objetivos específicos de este programa se concretan en actuaciones que conllevan la renovación del parque de viviendas y edificios, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovables. De esta forma, se promueve la renovación de fachadas y cubiertas con la incorporación de aislamientos, la construcción de nuevos ascensores y la actualización de instalaciones comunitarias, entre otras actuaciones.
En función de la eficiencia energética que se obtenga una vez rehabilitado el edificio, las subvenciones podrán llegar hasta el 80%, con un máximo de 21.400 euros por vivienda. Sin embargo, los propietarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica podrán acceder a ayudas de hasta el 100 % del importe.
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