El acuerdo de Govern deja en el aire a 200 parques de energías renovables
Junts y ERC se pliegan a la CUP y frenan el despliegue eólico y fotovoltaico
El acuerdo entre Junts y Esquerra para gobernar la Generalitat pone en entredicho el modelo de implantación de energías renovables que, desde finales de 2019, se está llevando a cabo en Cataluña. La dependencia que ambos partidos tienen de la CUP para articular una mayoría parlamentaria ha provocado que se hayan plegado a las exigencias del partido anticapitalista y que echen el freno al despliegue eólico y fotovol...
El acuerdo entre Junts y Esquerra para gobernar la Generalitat pone en entredicho el modelo de implantación de energías renovables que, desde finales de 2019, se está llevando a cabo en Cataluña. La dependencia que ambos partidos tienen de la CUP para articular una mayoría parlamentaria ha provocado que se hayan plegado a las exigencias del partido anticapitalista y que echen el freno al despliegue eólico y fotovoltaico. Queda por escrito en el acuerdo, en el punto relativo a energía y acción climática. “La ponencia de energías renovables no dará viabilidad a ningún proyecto de alto impacto territorial”, se expone.
El acuerdo no concreta en qué casos se incurriría en “alto impacto territorial”. El mismo acuerdo también señala que la ponencia tendrá potestad para tumbar las propuestas de instalaciones que supongan “una gran acumulación de proyectos en un mismo territorio”.
La CUP ha difundido esta semana por las redes sociales un vídeo donde aparece el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, defendiendo el despliegue de las energías renovables. Cada argumento de Calvet relacionando la energía eólica y la fotovoltaica con la preservación del medio ambiente y con la transición energética es replicada con una sobreimpre-sión: “Falso”. El vídeo se cierra con una intervención del exdiputado cupaire, Sergi Saladié, alertando que el despliegue de las renovables no puede ser una excusa para fomentar oligopolios de “empresas que se hacen ricas con los derechos básicos y expolian el territorio”.
En su día, la CUP fue el único partido del Parlament que votó en contra del decreto ley 16/2019, una norma que fue presentada como fundamental para poder aplicar “medidas urgentes para la emergencia climática y para impulsar las renovables”. El mandato expresado en aquella holgada mayoría parlamentaria queda ahora en suspenso por las condiciones que recoge el pacto de investidura atado entre ERC y Junts, bajo la supervisión de la CUP.
EolicCat, la patronal que representa a las empresas con intereses en el sector eólico, señala que las condiciones que estipula el acuerdo de investidura es “una moratoria encubierta” en la implantación de renovables en Cataluña. Este hecho, indica la asociación, supondría “dejar sin efecto el esfuerzo que han llevado a cabo departamentos del Gobierno, ayuntamientos, y el sector para recuperar una década perdida y avanzar para lograr los objetivos de transición energética de la Unión Europea, el Parlamento de Cataluña y el mismo Gobierno”.
En España, esta semana se han presentado cuatro proyectos para implantar nuevos parques eólicos. Tres de ellos son en Cataluña, uno en el Alt Empordà y los otros dos en la comarca de Les Garrigues. Con el reparto de carteras del nuevo Govern, Esquerra se quedará con la consejería de Acción Climática, Agricultura y Alimentación. El acuerdo de investidura descarga toda la atención sobre la ponencia de energías renovables, integrada por representantes de distintos departamentos de la Generalitat de Cataluña con competencias en medio ambiente, energía o urbanismo, se encarga de filtrar los nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos.
En 2019, el Gobierno catalán aprobó un decreto por el que se preveía que los parques eólicos se pudieran implantar a lo largo de todo el territorio, con la excepción de determinadas zonas de protección. Cataluña se encontraba entonces en una situación de fuerte déficit de plantas de energía verde y la norma incentivó la presentación de decenas de proyectos para construir parques eólicos y huertos solares. Las peticiones se concentran sobre todo en comarcas muy concretas de Tarragona, Lleida y la zona del Anoia y se han multiplicado las voces críticas por el desequilibrio territorial que genera concentrar masivamente molinos y grandes llanuras de placas solares en unas mismas comarcas, normalmente rurales y con fuerte dependencia del sector agrícola. En las Terres de l’Ebre hay 328 molinos y, juntando el global de todas las comarcas de Tarragona, se cuentan 521 aerogeneradores, el 64,2% de todos los que hay en Cataluña.
La ponencia de energías renovables tiene sobre la mesa 19 parques eólicos pendientes de valoración y otros 26 están catalogados como “viables con condiciones”. En total, arrojarían una capacidad generadora de 1800 megavatios (MW). También hay 91 proyectos fotovoltaicos pendientes de análisis y otros 129 que son viables con condiciones. En este caso, la potencia de las instalaciones proyectadas suma 2.800 megavatios.
La ley catalana de Cambio Climático recoge el compromiso de que en 2030 la mitad de la demanda eléctrica se atienda con energías renovables. Para entonces, debería de haber instalados 4.000 MW de eólica y 6.000 MW de fotovoltaica.
El acuerdo pactado por Junts y Esquerra “no hace ninguna referencia a los objetivos intermedios de 2030 y emplaza directamente a los de 2050”, denuncia EolicCAT. Las empresas productoras de renovables temen que ahora las reglas del juego hayan cambiado.
Los municipios recelan de que les salga a cuenta
Uno de los argumentos que esgrimen los ayuntamientos de municipios que reciben parques eólicos o fotovoltaicos es que reciben poca compensación por el impacto ambiental que generan estas instalaciones. De entrada, un consistorio cobra el 4% del presupuesto del proyecto. En el caso de un parque de 50 MW la factura total, obra más infraestructura instalada, son unos 50 millones de euros, con lo que al consistorio le corresponden unos dos millones. Luego se recibe una tasa anual de 2.500 euros por cada megavatio en concepto de BICE, el impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales, y también se ingresa por el impuesto de actividades económicas.
La Asociación de Municipios Eólicos de Cataluña quiere tener más capacidad de decisión y busca incorporar a la entidad los municipios con instalaciones fotovoltaicas. El objetivo es hacer “frente común, unificar esfuerzos y conseguir que el proceso de transición energética hacia las energías renovables se haga de una forma ordenada”. Tratan de organizarse, dicen, ante lo que califican de “segunda oleada” de proyectos en un momento en que, ya hay comarcas con una “masificación” de parques eólicos y fotovoltaicos.