El catalán en la escuela sale reforzado tras el pacto entre Gobierno y ERC

La exclusión del castellano como lengua vehicular en la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) reforzará al catalán como lengua de uso prioritario en las escuelas de Cataluña. Así lo aseguran el Departamento de Educación y los actores del sector consultados por EL PAÍS. ...

La exclusión del castellano como lengua vehicular en la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) reforzará al catalán como lengua de uso prioritario en las escuelas de Cataluña. Así lo aseguran el Departamento de Educación y los actores del sector consultados por EL PAÍS. El acuerdo entre el Gobierno y ERC en el Congreso blinda las competencias autonómicas y el modelo de inmersión lingüística en la escuela, según el Departamento. Sin embargo, las entidades que piden más presencia del castellano en la escuela advierten que seguirán reclamando en los tribunales que el catalán no sea la única lengua vehicular.

“Estamos muy satisfechos porque hemos conseguido evitar la doble vehicularidad”, afirma Carles Martínez, secretario de Políticas Educativas de la Generalitat. La LOMLOE es una reforma de la ley de educación de 2013, del primer gobierno del PP de Mariano Rajoy. La norma, conocida como Ley Wert, estipulaba que el castellano era lengua vehicular de enseñanza en toda España. La ley Wert abrió un recurrente conflicto legal con la Ley de Educación de Cataluña (LEC), de 2009, que establece como lengua vehicular el catalán. Martínez asegura que las enmiendas de la LOMLOE aprobadas en la Comisión de Educación del Congreso “ayudan a dejar las cosas como están. Es decir, que quienes deciden el modelo son las administraciones educativas competentes”. Junts per Catalunya critica el pacto entre el Ejecutivo y ERC porque considera que la LOMLOE abre la puerta a que el Ministerio de Educación pueda interferir en el régimen lingüístico escolar de Cataluña. Esta posición de los socios de Govern de ERC en la Generalitat es duramente criticada por Martínez: “Este planteamiento es un error brutal de primero de carrera de Derecho. Cuando la reforma habla de administraciones competentes, se refiere al Departamento de Educación de la Generalitat”.

Expertos preguntados por EL PAÍS coinciden con la interpretación de Junts per Catalunya. Joaquim Arenas, pedagogo y uno de los primeros ideólogos de la inmersión lingüística, opina que la propuesta de la LOMLOE habla de “autoridades educativas”, un concepto demasiado abierto, según Arenas, que puede abrir la puerta a pugnas entre Gobierno y Generalitat. Del mismo parecer es el catedrático de Educación Secundaria Joan Badia: “La administración competente debe ser la Generalitat, por lo que el redactado debería ser más preciso, porque puede dar pie a la acción del Gobierno, por ejemplo a través de un decreto”. Arenas recuerda que la Ley Orgánica de Educación de 2006, aprobada con el PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero en el Gobierno, también establecía que el castellano era lengua vehicular.

Tanto Badia como Arenas defienden que la modificación de la ley educativa refuerza el sistema actual con el catalán como lengua vehicular. “Va en la buena dirección”, añade Badia, “en la medida que garantiza que cada centro escolar tome las medidas oportunas para conseguir el resultado que establece la ley, es decir, el dominio de los dos idiomas”. Manel Pulido, secretario general de la federación de Educación de Comisiones Obreras, cree que el cambio legal en trámite “no supone una variación importante del sistema educativo actual, pero sí que lo garantiza”. Pulido se muestra satisfecho porque el nuevo texto legal impedirá que un tribunal obligue a un centro educativo a incorporar determinadas horas de castellano. A raíz de denuncias interpuestas por familias particulares, en los últimos años se han sucedido diferentes sentencias judiciales que imponían a un colegio un determinado porcentaje de horas lectivas en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha insistido desde 2014 en múltiples sentencias y autos que el porcentaje mínimo de horas lectivas en castellano como lengua vehicular debía ser como mínimo del 25%.

José Domingo, vocal de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, avisa que continuarán recurriendo a los tribunales para aumentar la oferta educativa en castellano en cada colegio en el que detecten un déficit. Domingo precisa que la entidad ha llevado en cinco años cerca de 80 demandas de familias que exigían tener también el castellano para sus hijos como lengua vehicular. Este abogado, uno de los fundadores de Ciudadanos, argumenta que la LOMLOE “no cambia nada” porque hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que respaldan que solo por el hecho de estar el castellano reconocido en la Constitución como idioma oficial del Estado, debe ser admitido como lengua vehicular en los colegios catalanes. Domingo lamenta que la reforma legal no plantee niveles de proporción del uso lectivo de las dos lenguas.

Carles Martínez concede que es inevitable que se repitan denuncias por parte de familias, aunque subraya que son casos minoritarios. También como Pulido, el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat espera que la nueva ley aporte “una situación radicalmente diferente en la que queda claro que no hay una doble vehicularidad”. En cualquier caso PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la reforma legal si es aprobada.