Las dos Españas visten toga

El 20-N de 2025, la misma jornada en que se cumplían 50 años de la muerte de Franco, “fue un día triste para la democracia”, confiesa desde el anonimato un magistrado del Tribunal Supremo. Ese día tan señalado, la más alta instancia de la justicia española ...

El 20-N de 2025, la misma jornada en que se cumplían 50 años de la muerte de Franco, “fue un día triste para la democracia”, confiesa desde el anonimato un magistrado del Tribunal Supremo. Ese día tan señalado, la más alta instancia de la justicia española condenaba a un fiscal general del Estado, por primera vez en la historia. El rugido de una enorme brecha que se abría sacudió el país. Las dos Españas afloraron reflejadas en dos grupos de togas: cinco magistrados de la Sala Segunda del Supremo que decidieron condenar a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y 7.200 euros de multa por revelación de datos reservados y las dos únicas progresistas que plasmarán su discrepancia en un voto particular.

El cava corrió entre la derecha política y social, que ya llevaba tiempo tratando al máximo responsable del Ministerio Público de “delincuente” y lo motejaba de Alvarone. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio, procesado por delitos fiscales, ejercía la acusación particular, festejó la sentencia con su conocida tesis de que España se ha convertido en una dictadura.

La parte socialista del Gobierno, cuyo presidente había proclamado en medio del juicio la inocencia del fiscal, trató de disimular su indignación. Pero ese sentimiento se desbordó como pocas veces se había visto últimamente entre la España progresista. Que García Ortiz fuese condenado sin una prueba clara que lo incrimine en la filtración de un correo del novio de Ayuso, mientras en el juicio se escucharon los testimonios de descargo en sentido contrario de varios periodistas, abonó la sensación de rabia y estupor que recorrió sedes de partidos y redes sociales. Para arrojar más confusión, el fallo se hacía público sin explicar su motivación, a la espera de que se redacte la sentencia.

Este mismo sábado, la vicepresidenta segunda y líder del Movimiento Sumar, Yolanda Díaz, acusaba a algunos jueces de “suspender sus funciones constitucionales para intervenir en política”. En el PP, la vicesecretaria Carmen Fúnez denunciaba que Pedro Sánchez “ha debilitado todos los contrapoderes del Estado”.

Una enconada división que también se ha hecho presente en los medios. Miembros del tribunal ya comentaban durante la vista su “estupefacción” por las versiones tan discrepantes que se estaba dando del juicio en medios y tertulias políticas. “Hay una división atroz, parece que están viendo dos juicios distintos”, se sorprendía uno de ellos. “La sentencia, sea cual sea, va a ser un ataque a lo otro. Si condenamos nos atacarán unos y si absolvemos, los contrarios”.

Tras la bomba detonada el 20-N, magistrados del Supremo consultados admiten su “preocupación” por la imagen de polarización de la justicia que se ha transmitido. Cuando la valoración ciudadana de la Administración de Justicia ya está bajo mínimos: es, con diferencia, el servicio público peor considerado, con un 71,5% de suspensos, según el CIS. Entre jueces de sensibilidad progresista se trasluce una sensación generalizada de “cabreo absoluto”. Apenas una hora después de hacerse pública la condena a García Ortiz, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia difundió un comunicado de su portavoz, Edmundo Rodríguez, bajo el título: “Con esta sentencia perdemos todos”. Rodríguez lamentaba la división en el Supremo y advertía que la sentencia “no va a ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del fiscal general”.

Otros magistrados progresistas del alto tribunal hacen un llamamiento a la “contención”. “Es peligroso remover el sistema”, afirma uno de ellos, que admite su “desolación” por la posible pérdida de confianza en la justicia. Este magistrado, como otros consultados, asegura que la condena no se ha debido a razones ideológicas, pero admite que el hecho de que los conservadores la hayan firmado y solo las dos progresistas hayan propuesto la absolución, no refuerza ese argumento. “Los progresistas del Supremo defendemos a la Sala. Todo se resuelve siempre en términos judiciales. Pero la imagen es demoledora porque le absuelven las dos progresistas y condenan los conservadores”, advierte.

Hace tiempo que en España justicia y política parecen caminar de la mano. Como si la política se hubiese judicializado y la justicia, politizado. Los casos en los tribunales que afectan al Gobierno alimentan casi en exclusiva el discurso de la oposición del PP. Hay un asunto cuya envergadura no discute ni el Ejecutivo: la trama corrupta que implica a los dos anteriores secretarios de organización del PSOE. Pero otros episodios que surten el menú del PP inoculan en el Gobierno y la izquierda en general la sensación de persecución. Las extravagancias del juez Juan Carlos Peinado en su pertinaz acoso a la esposa del presidente o el inminente juicio al hermano de Sánchez tras una denuncia promovida, como en el caso anterior, por activistas de ultraderecha, engrosan los agravios. Como la miríada de procedimientos abiertos contra dirigentes de Podemos que quedaron en nada tras alimentar los titulares más escandalosos.

Antes del caso del fiscal general, el Supremo también se había enredado en la controversia. Por decisiones como las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE o al diputado de Podemos Alberto Rodríguez -a quien se le privó del escaño-luego anuladas por un Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista (de nuevo decide la adscripción ideológica). O por la negativa del alto tribunal a aplicar la ley de amnistía a los independentistas catalanes, contra la que, incluso antes de aprobarse en el Congreso, se manifestaron jueces de toda España vestidos con sus togas. Otro magistrado, este de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ya trató de torpedearla en vísperas de la investidura de Sánchez, cuyos apoyos dependían de esa medida de gracia.

Lo ocurrido con la amnistía enlaza directamente con el gran protagonismo que asumieron los jueces en respuesta al procés. Lo resume así un fiscal que lo conoce de primera mano: “Aquello cambió la naturaleza de la justicia en España. El poder político fue incapaz de dar respuesta a un problema político y lo delegó en los jueces. Desde entonces han asumido un poder al que ya no quieren renunciar”.

Los seis primeros años de Sánchez estuvieron marcados por una anomalía institucional: el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que le permitió mantener la mayoría para controlar los nombramientos de magistrados del Supremo. En noviembre de 2018 se había llegado a un principio de acuerdo para renovar el Consejo entre PSOE y PP, pero quedó frustrado tras filtrarse un mensaje del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que presumía de que su partido iba a controlar la Sala Segunda del Supremo “por la puerta de atrás”. El elegido para presidir el CGPJ era Manuel Marchena, partícipe en las últimas grandes decisiones del alto tribunal, de la ley de amnistía a la condena a García Ortiz.

El PP defiende que para despolitizar la justicia habría que dejar los nombramientos en manos de los propios jueces. Su discurso de que Sánchez ataca la independencia judicial se ha visto abonado por nombramientos del Gobierno difícilmente defendibles: Dolores Delgado y Juan Carlos Campo pasaron de ser ministros de Justicia a fiscal general, en el primer caso, y a magistrado del TC, en el segundo. También por aquellas declaraciones de Sánchez en las que se jactaba de que la Fiscalía depende de él.

Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, esgrime un dato sociológico: España es, con Bulgaria, el país europeo con más pleitos judiciales. “Somos un país muy querulante”, apunta. Y recuerda que Sánchez llegó al poder esgrimiendo una sentencia judicial sobre la corrupción del PP, que ahora busca el desquite. El politólogo señala que el clima de confrontación política aboca a una “desconfianza generalizada” y a una “incapacidad civil” para juzgar ciertos comportamientos, con lo que esa responsabilidad se delega en los tribunales. La polarización se ha filtrado “a la justicia, a las fuerzas de seguridad o a los cuerpos de altos funcionarios del Estado”. Una idea que refuerza un veterano magistrado de Supremo al referirse a sus compañeros llegados en los últimos años: “Un juez debe ser impermeable a cuestiones ideológicas o partidistas, pero algunos más nuevos se muestran muy permeables a este tipo de cosas”.

García Ortiz acabó en el banquillo por la respuesta que desmentía un bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, cuando él y la propia presidenta denunciaban una “operación de Estado” contra el novio de esta. Una cuestión que plantea incertidumbres entre algunos magistrados del Supremos, que confían queden resueltas cuando se publique la sentencia. “Es complicado ver qué mecanismos hay cuando se lanza un bulo que va contra una institución. A ver qué dice la sala. ¿Pero cómo se hace? No tengo claro cuáles son los límites de lo que podemos hacer en esos casos”, afirma un magistrado que no forma parte de la Sala Penal y que deja caer otra duda. “¿Cuál es el cúmulo de indicios que tiene que haber para considerar que ya hay una prueba de cargo suficiente para condenar? No lo sé”. La misma fuente añade: “Los que no somos de penal siempre pensamos que es una suerte poder recurrir al ‘in dubio pro reo [el principio de que, en caso de duda, se falla a favor del reo]. En otros órdenes no tenemos esa opción para resolver casos dudosos”.Frente a la controversia por la decisión de la Sala de adelantar el fallo cuando la sentencia todavía se está redactando, fuentes del alto tribunal defienden que es frecuente esta práctica en asuntos “de gran relevancia pública”. Las mismas fuentes subrayan que en la Sala Penal se hizo con los casos de La Manada o de los ERE. Con todo, aquellas sentencias resolvían recursos contra las resoluciones de órganos inferiores, por lo que los afectados ya sabían los argumentos para su condena, lo que no ocurre ahora. “Adelantar el fallo es algo excepcional y no ha quedado claro si estaba justificado en un caso de tantísima relevancia”, admite un magistrado.

Además de perder el cargo, García Ortiz tendrá que indemnizar con 10.000 euros y pagar algunos miles más al abogado del novio de Ayuso. Alberto González Amador protagonizó un lacrimógeno testimonio en el juicio, donde llegó a afirmar que los bancos habían dejado de financiarlo desde que se aireó su fraude fiscal. Un día antes de conocerse la condena, EL PAÍS publicó que González Amador ha comprado el ático de lujo donde vive con Ayuso, valorado en un millón de euros, tras conseguir una hipoteca de 600.000. Su juicio por fraude fiscal aún va para largo.