El limbo de las ‘primeras damas’: sin reglas a las que atenerse en La Moncloa

Ninguna de las esposas de los siete presidentes del Gobierno desde las primeras elecciones democráticas tras la dictadura ha seguido un manual o estatuto específico porque no lo hay. Cada una ha hecho lo que ha estimado conveniente con su carrera profesional. Unas pidieron excedencias y abandonaron sus respectivos trabajos; otras decidieron mantenerlos; todas tuvieron a su disposición asistentes sufragados por La Moncloa. Alguna vez ha surgido alguna polémica, como puede comprobarse en los diarios de sesiones del Congreso y del Senado, donde llegó a discutirse el uso de una piscina de la Guard...

Ninguna de las esposas de los siete presidentes del Gobierno desde las primeras elecciones democráticas tras la dictadura ha seguido un manual o estatuto específico porque no lo hay. Cada una ha hecho lo que ha estimado conveniente con su carrera profesional. Unas pidieron excedencias y abandonaron sus respectivos trabajos; otras decidieron mantenerlos; todas tuvieron a su disposición asistentes sufragados por La Moncloa. Alguna vez ha surgido alguna polémica, como puede comprobarse en los diarios de sesiones del Congreso y del Senado, donde llegó a discutirse el uso de una piscina de la Guardia Civil, el séquito o los motivos de algún viaje o entrevista, pero nunca habían llegado tan lejos como hasta ahora, cuando el juez Juan Carlos Peinado acusa a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, de cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y el PP habla más de ella que del propio Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde junio acusado de ser pieza clave en una trama de corrupción y mordidas millonarias.

El caso parte de una denuncia presentada en abril de 2024 por el pseudosindicato ultra Manos Limpias que contenía informaciones falsas, como que el Gobierno ocultaba el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez. El nombre, efectivamente, coincidía, pero la ayuda no había sido para la cónyuge del presidente, sino para una hostelera, lo que no ha impedido que The Objective siga ilustrando la supuesta noticia con una fotografía de la esposa de Sánchez. Más de un año y medio después y tras la declaración de un centenar de testigos, el juez de instrucción —que ha recibido sucesivos reproches por excesos señalados por tribunales superiores— considera que Gómez debe ser juzgada por un jurado popular. Por un lado, por sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés, que encabeza una serie de empresas que recibieron contratos públicos y que está relacionado con la cátedra y el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Y por otro, porque su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, envió correos electrónicos a empresas que colaboraban con Gómez.

El magistrado Joaquim Bosch, autor del libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España (Ariel, 2022), cree que “el problema ha surgido ahora y no antes por el nivel de crispación política actual” y recuerda que “Mariano Rajoy [en 2015 fue denunciado por malversación porque gastos derivados del cuidado de su padre fueron sufragados por La Moncloa] no tuvo el mismo trato jurídico que Begoña Gómez, cuando gran parte de los argumentos esgrimidos por el Supremo para el archivo son aplicables al caso de la esposa de Sánchez [El tribunal rechazó las denuncias contra Rajoy porque se sustentaban en “informaciones periodísticas sin aportar ningún dato objetivo adicional”]“. El juez no cuestiona el origen de la causa contra Gómez, “ni que se haga una investigación sobre lo que la Audiencia ha dicho que sí era investigable”. “Lo que ocurre”, añade, “es que en este caso, al contrario que en otros de un impacto mediático similar, como el del hermano de Sánchez, el de la dana, o el de la pareja de [Isabel Díaz] Ayuso, ha habido un reguero de revocaciones de decisiones del instructor. En algunos aspectos, ha sido una investigación claramente prospectiva”. Bosch subraya, en todo caso, que lo ocurrido pone de manifiesto que “la falta de regulación en torno a lo que se conoce como primeras damas genera problemas jurídicos de tipo interpretativo”.

Esa indefinición sobre el papel de las cónyuges del presidente (hasta ahora todos han sido hombres y heterosexuales) se extiende a los empleados públicos eventuales, cargos de confianza que las han asistido en los sucesivos gobiernos. ¿Es malversar que ese asesor pagado con dinero público acompañe a la esposa del presidente de compras —como hacía el hoy diputado popular Jaime de los Santos con la mujer de Mariano Rajoy, Elvira Fernández— o que envíe correos electrónicos relacionados con su actividad profesional? Para Bosch, la jurisprudencia señala que no. “Hay condenas a un concejal por llevar a operarios municipales a hacerle la reforma de su casa, por ejemplo. Pero ese operario tiene un convenio colectivo, un horario de trabajo concreto y unas funciones muy claras. Los asesores de las primeras damas son cargos de confianza, se designan por eso, por la confianza, no están sujetos a un convenio colectivo, y es muy difícil que en el presente caso pueda concurrir el delito de malversación. Si se demuestra que el asesor o asesora ha cumplido las funciones que tiene encomendadas de gestión de la agenda y acompañamiento, no creo que sea malversar que realice favores puntuales por esa relación de confianza, ya sea salir de compras o enviar unos correos. Otra cosa sería que se demostrase que la asesora se ha dedicado exclusivamente a los negocios de Gómez, pero con los indicios que se nos han mostrado no parece que haya sido así. Para evitar este tipo de conflictos habría que regular qué puede hacer el cónyuge y cuáles son los instrumentos institucionales de apoyo de los que dispone, un estatuto de la presidencia”.

La politóloga y socióloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, organización de la sociedad civil que se dedica a analizar las debilidades del sistema y proponer medidas de regeneración democrática, cree que el problema de la falta de regulación se ha hecho patente ahora y no antes “por la ocupación profesional de Begoña Gómez”.

La esposa de Sánchez, que estudió Marketing, se ha dedicado a la consultoría y la captación de fondos. Carmen Romero, expareja de Felipe González, era profesora de lengua y literatura en un instituto. En un principio solicitó una excedencia y luego optó por una jornada reducida en horario nocturno. Posteriormente, mientras aún vivía en Moncloa, fue diputada del PSOE por Cádiz. Ana Botella solicitó una excedencia en Hacienda cuando su marido, José María Aznar, fue elegido presidente y, al igual que Romero, antes de que su esposo abandonara la presidencia, inició su propia actividad política, en este caso como concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, es soprano y continuó con sus compromisos profesionales —el PP cuestionó en el Congreso que participase en el coro de RTVE, algo que ya hacía antes de que su marido accediese al cargo—. Elvira Fernández, la mujer de Rajoy, abandonó su actividad profesional en Telefónica antes de llegar a La Moncloa.

“Me parece una barbaridad”, afirma Monge, “que una mujer tenga que abandonar su carrera porque su pareja es presidente del Gobierno. Pero tiene que estar regulado qué puede hacer y qué no, porque de lo contrario las deja en el limbo, en una zona de riesgo. Si queremos que ejerza de primera dama al estilo estadounidense habría que ponerles un sueldo público, lo que es poco democrático porque nadie las ha votado. Lo más conveniente sería regular hasta dónde llegan los recursos que el Estado pone a disposición de la familia que reside en La Moncloa y un régimen de incompatibilidades. Hasta ahora no se ha dado el caso porque los hijos eran pequeños, ¿pero qué ocurriría si la hija del presidente o de la presidenta mañana es juez o quiere ser periodista?“.

Míriam González, fundadora de España Mejor, entidad de propone medidas contra la corrupción, es abogada y está casada con Nick Clegg, quien fue viceprimer ministro británico. En conversación con EL PAÍS, relata que el primer día en el Gobierno, su marido y ella se reunieron “con el jefe de la administración” para detectar posibles conflictos de intereses y que a los cinco días le enviaron una carta con las instrucciones a seguir. González era socia de una firma de abogados y tuvo que apartarse del área de lobby. “Debía informar a la directora de la oficina de ética de mis potenciales clientes y ellos se encargaban de apartar al político [su marido] de una decisión en caso de que pudiera haber alguna percepción de conflicto. Es muy sencillo regular esto con un código ético que afecte al presidente y a los ministros, pero ni el Gobierno ni la oposición lo están poniendo sobre la mesa. La ley de conflictos de intereses se aprobó en 2015 y cuando salió ya se había quedado antigua. Hay que mejorar los sistemas preventivos”, opina.

La figura del consorte del presidente no está regulada en muchos países, lo que ha generado polémicas y controversias. Estos son algunos ejemplos de los que sí han intentado poner normas y los que no.

Reino Unido: un código ético sin rango legal

La esposa del actual primer ministro del Reino Unido, Victoria Starmer, sigue trabajando en el Servicio Nacional de Salud como asesora experta en salud laboral. La posición de consorte del primer ministro no tiene una regulación especial, pero sus posibles conflictos de interés aparecen incorporados a un código ético rubricado por el jefe de Gobierno y que atañe a él mismo (o a ella) y a todos los miembros de su Ejecutivo. Aunque no tiene rango legal, la costumbre británica ha afianzado el peso de este conjunto de normas. El secretario permanente, un funcionario de alto cargo al frente del Gabinete ministerial, que mantiene su independencia y puede ser heredado de un Gobierno anterior, tiene 14 días para estudiar la información, compartirla con un Asesor Independiente del Código Ministerial, y transmitir los conflictos de interés reales o potenciales detectados.

En abril de 2022, el Partido Laborista, entonces en la oposición, señaló una posible violación del Código Ministerial por parte de Akshata Murty, la multimillonaria esposa india de Rishi Sunak, el político conservador que entonces ocupaba el cargo de ministro de Economía. La hija de Narayana Murty, fundador y propietario del gigante de tecnología de la información Infosys, mantenía su domicilio fiscal en India, a pesar de vivir desde hace más de una década en Londres. Pudo de ese modo ahorrarse millones de libras en impuestos. El Asesor Independiente del Código Ministerial declaró que Sunak no había quebrantado ninguna norma, pero Murty renunció la condición de “no residente” y comenzó a pagar el impuesto sobre la renta. Además, en 2023, el Parlamento británico investigó a Sunak, ya entonces primer ministro británico, por un posible conflicto de intereses, ya que no había informado de que su esposa era accionista de una empresa beneficiaria de ayudas públicas, según el supervisor de buenas prácticas de la Cámara de los Comunes.

Francia: una carta de transparencia

La Constitución no otorga ningún rol específico al cónyuge, aunque el actual presidente, Emmanuel Macron, prometió durante la campaña electoral de 2017 clarificar su estatus para acabar “con la hipocresía” en torno al papel que han ejercido las esposas de los distintos presidentes. Macron criticaba los gastos excesivos a cuenta del contribuyente que habían tenido otras consortes en el pasado. Tras ganar las elecciones, publicó una “carta de transparencia”, aunque sin valor jurídico, detallando su misión.

Brigitte Macron cuenta con dos colaboradores que la ayudan a ejercer sus funciones (preparan su agenda o desplazamientos) y que forman parte del equipo del presidente. Los gastos de esa agenda pública se incluyen en el presupuesto del Elíseo. En 2024, los costes ligados a la esposa de Macron fueron de 316.980 euros. Acompañó a su marido en 14 desplazamientos oficiales y ella realizó otros 29. Además de acompañar a Macron en los viajes internacionales y recepciones, preside la Fundación de Hospitales y el Instituto de Vocaciones para el Empleo, financiado por el líder mundial del lujo LVMH.

Alemania: sin regulación, pero con personal a su cargo

La esposa del democristiano Friedrich Merz, canciller federal de Alemania desde mayo, ha mantenido su empleo como directora del Tribunal de Primera Instancia de Arnsberg. La jueza Charlotte Merz tiene poca presencia pública y no prevé instalarse de forma permanente en Berlín con su marido. “Tengo la esperanza, y también es una petición, de que la crítica, que es necesaria, se dirija a mí y no a mis hijos ni a mi familia”, dijo el canciller al inicio de su mandato. Charlotte Merz, sin embargo, ya se ha visto envuelta en una pequeña polémica.

El motivo ha sido el registro domiciliario al que se vio sometida una militante de las Jusos, las Juventudes del Partido Socialdemócrata, en la región de Sauerland. La militante, Nela Kruschinski, de 17 años, era sospechosa de haber pintado unos grafitis considerados amenazantes para Merz. Una investigación de la cadena pública WDR señaló que la propia justicia había concluido que el registro se había realizado sin las pruebas suficientes. El problema es que el registro lo había ordenado un juez instructor del tribunal de Arnsberg, el mismo que dirige la jueza Charlotte Merz. El presidente de las Jusos, Philipp Türmer, exigió explicaciones. La jueza Merz negó a la WDR haber tenido cualquier conocimiento del caso y, por tanto, haber influido en la investigación.

En Alemania, el papel del cónyuge del canciller o la cancillera federal —cargo equivalente al del presidente del Gobierno o primer ministro— no está regulado. Según un documento del Bundestag, el cónyuge del jefe o jefa de Gobierno asume funciones mínimas de representación.

Portugal: una investigación en curso

En Portugal, el cónyuge del primer ministro no tiene estatuto jurídico ni funciones específicas. Su presencia pública o implicación en cuestiones sociales depende de elecciones personales, según las aclaraciones facilitadas por un portavoz del Gobierno.

Carla Montenegro, esposa del actual primer ministro, Luís Montenegro, ha continuado trabajando en una asociación de Espinho, donde reside la familia, después de que su marido asumiera el cargo en 2024. Sus apariciones públicas han sido limitadas, aunque su papel y el de sus hijos ha sido sometido a un mayor escrutinio desde que estalló el escándalo de la empresa Spinumviva, fundada por el primer ministro y luego traspasada consecutivamente a su mujer y a sus dos hijos. Aunque Montenegro dejó de estar al frente de la empresa al asumir el liderazgo del PSD (Partido Social Demócrata, de centroderecha), la Fiscalía investiga los pagos de clientes que continuaron cuando él ya ocupaba el cargo de primer ministro por si han existido irregularidades. El estallido de este caso desató una crisis política que condujo a elecciones anticipadas 11 meses después de su llegada al poder.

Italia: sin normas ni polémicas

En Italia no hay ninguna norma específica que regule la funciones del consorte y nunca ha habido polémicas. Los casos más peculiares han sido de dos primeros ministros cuya pareja era periodista: Enrico Letta y Giorgia Meloni. Antes apenas se supo nada de la esposa de Mario Monti (Elsa Antonioli, dirigente de la Cruz Roja), Matteo Renzi (Agnese Landini, maestra escolar), Paolo Gentiloni (Emanuela Mauro, arquitecta), Mario Draghi (Maria Serena Cappello, experta de literatura inglesa), Giuseppe Conte (Olivia Paladino, trabajaba en un famoso hotel de Roma propiedad de su familia).

En 2013, con Letta se produjo una situación algo diferente, aunque no tuvo ningún eco ni causó debate alguno: Gianna Fregonara era periodista política del Corriere della Sera, primer diario italiano. Durante el periodo de gobierno de su marido, cambió a la sección local de Roma. Meloni tenía en 2023 como pareja a otro periodista, Andrea Giambruno, presentador de informativos de Rete 4, cadena de televisión de Mediaset. Continuó con su trabajo, pero un año después un programa satírico emitió imágenes robadas grabadas en su estudio mientras piropeaba a una compañera y decía expresiones vulgares. Meloni anunció su separación pocos días después.

EEUU: solo una primera dama continuó con su carrera

A diferencia del papel y las obligaciones del presidente, los de la primera dama no están contemplados en la Constitución. Las reglas no escritas, con todo, no las obligan a dejar su empleo cuando se mudan a la Casa Blanca, aunque tradicionalmente sí lo hayan hecho. Al menos, hasta Jill Biden, esposa de Joe Biden (2021-2025), profesora de lengua inglesa y escritura que hizo historia como la única primera dama en seguir con su carrera. Se retiró en diciembre de 2024 de su puesto en una universidad de Virginia.

Antes de eso, aparcaron sus trabajos como abogadas (Hillary Clinton), actrices (Nancy Reagan) o fotógrafas (Jackie Kennedy) para dedicarse a sus maridos y a ser primeras damas, “el empleo no pagado más duro del mundo”, según la famosa definición de Pat Nixon, esposa de Richard Nixon. Esa dedicación, que mezcla tareas de representación con apuestas personales por ciertas causas, se ha traducido en diferentes objetivos: Laura Bush trabajó en la promoción de bibliotecas y los parques nacionales, mientras que Michelle Obama se concentró en el combate contra la obesidad infantil.

Melania Trump, de profesión modelo, ha optado en su vuelta a la Casa Blanca por centrarse en los peligros de la inteligencia artificial para la infancia. También, como el resto de la familia Trump, en aumentar su riqueza personal gracias a la proximidad al Despacho Oval. Ha creado su propia memecoin y ha obtenido un jugoso contrato de Amazon por valor de 40 millones dólares para la producción de un documental y una serie.

Con información de Rafa de Miguel (Londres), Raquel Villaécija (París), Marc Bassets (Berlín), Íñigo Domínguez (Roma), Tereixa Constenla (Lisboa) e Iker Seisdedos (Washington).