Año y medio de polémicas, decenas de diligencias y críticas en la causa contra Begoña Gómez

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actua...

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha convertido en un largo proceso cuestionado por juristas por ir más allá de lo debido en algunas decisiones y por la falta de indicios y de argumentación en otras. Algunas de ellas (como intentar imputar al ministro Félix Bolaños por malversación u ordenar ciertos registros) fueron corregidas por instancias superiores, como el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que Peinado se había “excedido” en sus actuaciones. Desde que se abriera la causa contra Gómez en abril de 2024, Peinado le imputa cinco delitos (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional) y ya ha comunicado que, de llegar a juicio, su caso lo vería un jurado popular.

Esta es la cronología con los puntos más destacados de un proceso que se ha alargado 18 meses, con decenas de diligencias y un sumario que ya acumula miles de páginas:

Manos Limpias presenta la denuncia (8 de abril de 2024). El pseudosindicato presenta una denuncia (sustentada en recortes de prensa) en Madrid contra la mujer del Pedro Sánchez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas”, “prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno”. El secretario general de la organización, Miguel Bernad, admitió después la posibilidad de que la denuncia se basase en noticias falsas.

Peinado abre diligencias (16 de abril de 2024). La denuncia recae en el juzgado de instrucción nº 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado. Este abre diligencias contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a través de sus actividades profesionales en el Instituto de Empresa (IE) y en la Universidad Complutense de Madrid. La Fiscalía Provincial de Madrid reclama el archivo de la denuncia y considera que no hay indicios de delito.

Las dos supuestas operaciones en las que presuntamente intercedió Gómez y que supusieron cuantiosas ayudas públicas a empresas privadas son: el rescate a Air Europa en plena pandemia aprobado por el Consejo de Ministros (475 millones de euros en dos préstamos) y las ayudas de la empresa Red.es (entonces dependiente del Ministerio de Economía) a Innova Next, cuyo propietario, Juan Carlos Barrabés, había participado como profesor en el máster de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía en la Complutense.

Pedro Sánchez se plantea dimitir (24-29 de abril de 2024). El presidente del Gobierno publica en X (el mismo día en el que se hace pública la apertura de diligencias) una carta a la ciudadanía en la que denuncia una maniobra de la derecha y la ultraderecha contra su esposa, se plantea dimitir y cancela su agenda pública hasta el 29 de abril. Tras ese periodo de reflexión, el jefe del Ejecutivo comunica que seguirá en el cargo.

La Fiscalía Europea analiza si hay fondos europeos afectados (26 de mayo de 2024). El ministerio público pregunta a Peinado si la causa que dirige afecta a contratos suscritos con fondos europeos. El 10 junio el organismo europeo envía un escrito al juez para comunicarle que asume las pesquisas al concluir que en el caso hay fondos afectados procedentes del presupuesto europeo, aunque no implica que haya indicios de delito. Dos días después, Peinado accede a entregar a la Fiscalía Europea parte del caso, pero sigue investigando los contratos que no tienen relación con los presupuestos europeos.

La Audiencia de Madrid rechaza el archivo (29 de mayo de 2024). El tribunal avala la causa, aunque señala que la denuncia de Manos Limpias tiene partes “inverosímiles” y “datos erróneos” y ordena centrar la investigación exclusivamente en las ayudas a la UTE vinculada a Barrabés.

Begoña Gómez, imputada (4 de junio de 2024). El instructor llama a declarar a la esposa del presidente por corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La citación es el 5 de julio. Peinado toma esta decisión a pesar del informe que la UCO le entregó a finales de mayo en el que no halló pruebas de dichos delitos. [Finalmente, Peinado pospone la declaración al 19 de julio y ese día Gómez se acoge a su derecho de no declarar].

Peinado cita como testigo al rector de la Complutense (20 de junio de 2024). El instructor convoca a Joaquín Goyache el 5 de julio y cita como testigo para el 15 del mismo mes a Barrabés, que está ingresado en un hospital. Cuatro días después de la declaración de Barrabés, Peinado le imputa como investigado. Ocurre lo mismo tras la declaración de Goyache. La Audiencia de Madrid anuló un año después la imputación de Goyache y de Juan José Güemes, alto cargo del Instituto de Empresa.

La UCO vuelve a descartar irregularidades (2 de julio de 2024). Un nuevo análisis de la Guardia Civil tampoco detecta ilegalidades en los contratos ganados por el empresario Barrabés, que Peinado puso bajo sospecha y que llevaron a imputar a Gómez por un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Peinado cita como testigo al presidente del Gobierno (22 de julio de 2024). El instructor dictó una resolución para tomar declaración a Pedro Sánchez el 30 de julio en el palacio de La Moncloa. Ese día, Peinado acude a Moncloa y el presidente del Gobierno se acoge a su derecho de no declarar.

La Audiencia rechaza archivar la causa (7 de octubre de 2024). La Audiencia de Madrid desestima dar carpetazo a la causa contra Begoña Gómez, pero sí decide dejar fuera de la investigación los hechos relativos a Globalia, dueño de Air Europa.

Peinado imputa otros dos delitos a Gómez (29 de octubre de 2024). El juez dicta un auto en el que cita a declarar a la esposa del presidente en calidad de “investigada” por el delito de apropiación indebida e intrusismo profesional. Peinado amplía la causa tras admitir una querella de la organización ultra Hazte Oír por la supuesta apropiación de un software desarrollado por la cátedra de la Complutense que codirigía Begoña Gómez. La universidad investigó el caso y consultó al registro de la propiedad intelectual, pero este le contestó que ni Gómez ni su sociedad habían registrado nada.

Sobre el delito de intrusismo profesional, el juez mantuvo que Gómez podría no estar cualificada para crear dicha plataforma tecnológica, aunque en realidad no lo hizo ella, sino que fue obra de Indra, Telefónica, Google y unas consultoras a las que la Complutense les adjudicó un contrato.

El juez cita como testigo a la asistente de Gómez (28 de noviembre de 2024). El instructor llama a Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa, para el día 20 de diciembre por haber hecho presuntamente gestiones en nombre de Gómez para la cátedra extraordinaria. Durante su declaración, Álvarez afirmó que sus gestiones con la universidad fueron favores personales y que fue contratada por La Moncloa para coordinar la agenda institucional de la esposa de Sánchez, cargo que ya habían desempeñado otras personas con las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno. Casi tres semanas después de la declaración y de admitir que no había pruebas de su implicación, Peinado cambió la condición de Álvarez a investigada.

Peinado cita a Bolaños (10 de marzo de 2025). El instructor toma declaración al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Álvarez en 2018 cuando este estaba al frente de la Secretaría General de Presidencia. Peinado exigió una tarima para tomar declaración a Bolaños. En su declaración un mes después, el ministró afirmó que no participó en la contratación de la asistente de Gómez.

El instructor imputa al delegado del Gobierno en Madrid (6 de mayo de 2025). Peinado imputa a Francisco Martín Aguirre por un delito de malversación de caudales públicos por la contratación de Cristina Álvarez por ser su “responsable y superior jerárquico” cuando este trabajaba en La Moncloa. En su declaración, Martín Aguirre dice que él llegó al puesto en 2021, antes de la contratación de la asistente de Gómez en 2018, y que por entonces el cargo de secretario lo ocupaba Bolaños.

El instructor pide al Supremo la imputación de Bolaños (24 junio de 2025). El magistrado implica al ministro en la supuesta contratación irregular de la asesora, pero por su condición de aforado pide su imputación al alto tribunal. Un mes después, el Supremo rechaza la imputación por no haber “el más mínimo respaldo indiciario”.

Begoña Gómez, imputada por malversación (18 de agosto de 2025). Peinado imputa a la esposa del presidente y a la asesora Cristina Álvarez por un presunto delito de malversación en la contratación de esta última como su asistente. El instructor se apoya en un auto de la Audiencia del Madrid de junio en el que avalaba esta nueva línea de investigación de malversación de fondos públicos.

Peinado dice que la causa la juzgará un jurado popular (2 octubre de 2025). El instructor comunica a Begoña Gómez que, si llega a juicio la causa por tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida, la vería un jurado popular. Con anterioridad, ya le había comunicado lo mismo para el supuesto delito de malversación. Es decir, en caso de que Gómez sea juzgada, será un jurado popular el que decida sobre todos los posibles delitos.

Este procedimiento sigue abierto. Han sido desimputados Goyache, Güemes y Bolaños, y siguen como investigados Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La Audiencia de Madrid debe resolver aún varios recursos contra las decisiones del juez Peinado. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial tiene pendiente resolver las diligencias informativas que abrió por la actuación de Peinado en el interrogatorio a Bolaños.