El comisario Villarejo se sienta por quinta vez en el banquillo de la Audiencia Nacional
El tribunal acoge un nuevo juicio contra el antiguo agente de policía, que sigue en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos contra sus condenas de cárcel
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha regresado este lunes a la Audiencia Nacional. El antiguo agente de la Policía Nacional, epicentro de una macrotrama de corrupción que hizo tambalear los cimientos del Estado, se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados. Es el qu...
El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha regresado este lunes a la Audiencia Nacional. El antiguo agente de la Policía Nacional, epicentro de una macrotrama de corrupción que hizo tambalear los cimientos del Estado, se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados. Es el quinto juicio que este tribunal celebra contra él. En esta ocasión, por ejecutar el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. La Fiscalía pide que se le condene a nueve años de prisión por estos hechos.
Durante la sesión de este lunes, centrada en la fase de cuestiones previas, la defensa de Villarejo ha centrado sus esfuerzos, de nuevo, en intentar anular el proceso contra el comisario jubilado. El abogado Antonio García Cabrera ha criticado el origen de la investigación: “Esta causa comienza con la denuncia anónima hecha por un miembro del CNI sobre unos hechos sobre los que el propio CNI intervino [...] El ministerio fiscal ocultó al juez y a las partes que ya sabía quién era el denunciante anónimo [...] Un tribunal debería decir que esta causa no se inició de una forma legal y, por lo tanto, es nula”, ha reiterado.
Pese a que su estrategia no ha tenido éxito en juicios anteriores, Villarejo ha vuelto a la carga este lunes para presentarse como víctima de una especie de cacería. La defensa ha expuesto que Asuntos Internos ha tratado de implicarlo en irregularidades desde 2014; y ha apostillado que este sumario se sostiene sobre una investigación “prospectiva” contra él. Su abogado también ha cuestionado la cadena de custodia del ingente material informático y documental que se incautó en los registros (cuando se encontraron, por ejemplo, numerosos audios grabados subrepticiamente por el comisario durante años), convertido ahora en una de las grandes pruebas contra el antiguo policía.
En sentencias anteriores, la Audiencia Nacional ya validó la cadena de custodia de ese material al concluir que existió un control absoluto de “los efectos intervenidos en los registros”.
El caso Villarejo, que estalló en 2017, constituye una enrevesada madeja con decenas de líneas de investigación. Además del iniciado este lunes, la Audiencia Nacional ha celebrado ya otros cuatro juicios contra el comisario jubilado. El primero (centrado en los proyectos de espionaje para empresas y particulares bautizados como Iron, Land y Pintor) se saldó con una pena inicial de 19 años de cárcel para el policía, rebajada la pasada semana a 13 años de reclusión. El tribunal le ha sentenciado igualmente a tres años y un día de prisión por haber ejecutado a principios de 2014 un encargo del Grupo Planeta para espiar a uno de los árbitros del laudo que tenía abierto con Kiss FM; y a otros ocho años por espiar para Repsol y Caixabank con el objetivo de actuar contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, que pretendía hacerse en 2011 con el control de la petrolera tras un pacto con la mexicana Pemex. Además, está pendiente de conocerse el fallo por el cuarto juicio celebrado contra Villarejo (por haber llevado a cabo otro plan de espionaje encargado por el fallecido José Moya, expresidente Persán).
Villarejo está actualmente en libertad, ya que ninguna de las condenas dictadas contra él es todavía firme, pues se encuentran recurridas. El comisario jubilado pasó más de tres años en prisión provisional, de donde salió en marzo de 2021.
En el juicio que ha arrancado este lunes, sobre el encargo de espionaje al empresario de Marbella, otras tres personas se sientan en el banquillo de los acusados: el abogado Rafael Redondo (que ha pedido que se suspenda la vista oral contra él por problemas de salud y que afronta una solicitud de la Fiscalía de cinco años de prisión); y los policías Antonio Bonilla (para quien el ministerio público reclama cinco años de cárcel) y Constancio Riaño (que se enfrenta a ocho años de internamiento).