El Gobierno eleva la presión sobre PP y Junts mientras busca cómo salvar medidas

La resaca del durísimo revés parlamentario sufrido el miércoles por el Gobierno trajo el consabido cruce de reproches y la exigencia de fórmulas contrapuestas para aliviar el enorme daño causado al bolsillo de los ciudadanos. PP y Junts, principales actores de la jugada política para castigar a Pedro Sánchez tumbando en el Congreso un macrodecreto ómnibus repleto de medidas sociales, reclaman que este apruebe de inmedia...

La resaca del durísimo revés parlamentario sufrido el miércoles por el Gobierno trajo el consabido cruce de reproches y la exigencia de fórmulas contrapuestas para aliviar el enorme daño causado al bolsillo de los ciudadanos. PP y Junts, principales actores de la jugada política para castigar a Pedro Sánchez tumbando en el Congreso un macrodecreto ómnibus repleto de medidas sociales, reclaman que este apruebe de inmediato nuevas normas para paliar las dos consecuencias más llamativas de su voto contrario: la subida de las pensiones y las bonificaciones para los usuarios del transporte público.

El Gobierno sostiene que lo hará, pero tampoco da muestras de tomárselo con prisa, mientras pone el acento en responsabilizar al PP —sobre Junts pasa de puntillas— de practicar una “oposición destructiva” a costa del “dolor” de los ciudadanos. El Ejecutivo no concreta ni el cómo ni el cuándo, al tiempo que lidia con presiones contradictorias. Si PP y Junts urgen a votar por separado pensiones y transporte, los aliados de Sánchez por la izquierda exigen que no se trocee el llamado escudo social aislando medidas como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables que podrían ser rechazadas por la derecha en el Congreso.

El presidente del Gobierno viajó este jueves a Valencia para supervisar los trabajos de reconstrucción tras la dana y allí los periodistas le preguntaron cómo hará para recuperar las medidas bloqueadas. Sánchez se limitó a transmitir la pregunta a la oposición: “Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer”. Algo más específica se mostró la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien apuntó que el Gabinete debe estudiar ahora “cuáles son las medidas que suscitan más consenso y cuáles no”, aunque a la vez defendió la fórmula de mezclar asuntos diversos en el mismo decreto. “Estamos buscando soluciones para que se suban las pensiones, se baje el transporte público y se garantice el resto de medidas del escudo social”, aseguró en TVE por la noche el ministro de la Presidencia y Justicia,Félix Bolaños, que insistió en que en diciembre, cuando se hizo el decreto, se pactó con todos los grupos de la mayoría, incluido Junts, para que no hubiera problemas en su convalidación, pero luego los independentistas han decidido tumbarlo “por cuestiones políticas, por su pérdida de confianza”. Bolaños no explicó si van a trocear el decreto o qué solución encontrarán, pero de sus palabras se deduce que la primera opción sigue siendo buscar a Junts para ver si cambia su voto.

El Ejecutivo tiene en su mano aprobar en el próximo Consejo de Ministros decretos para recuperar la revalorización de las pensiones y las bonificaciones al transporte, que entrarían en vigor inmediatamente y dispondrían de un mes de plazo para su probable convalidación en el Congreso. Pero en el Gobierno hay opiniones diferentes sobre los tiempos y la manera de responder tras el golpe sufrido por la pinza entre PP y Junts. Algunos propugnan actuar ya mientras otros prefieren esperar para que cale en la opinión pública la idea de que al PP no le importan las consecuencias sobre los ciudadanos con tal de desgastar al Ejecutivo. La respuesta llegará con toda probabilidad el martes, cuando se celebre el Consejo de Ministros, y está descartado ya hacer antes uno extraordinario.

La resolución del embrollo resulta más compleja de lo que pueda parecer. El decreto rechazado constaba de más de un centenar de artículos y de un larguísimo abanico de medidas: ayudas a los afectados por la dana y el volcán de La Palma, deducciones fiscales para el ahorro energético en viviendas y vehículos, fondos para comunidades autónomas y ayuntamientos, las actualizaciones del salario mínimo y del ingreso mínimo vital, normas para el nuevo impuesto a la banca o para evitar opas de capital extranjero sobre empresas estratégicas, dinero para los menores migrantes en Ceuta… Aislarlas todas ellas se antoja imposible. Y además están las peticiones de los aliados por la izquierda.

Al apremio para que se actúe ya sobre pensiones y transportes se sumaron algunos grupos pequeños, desde socios del Gobierno como el BNG hasta formaciones de la oposición como UPN, que se ha desmarcado del resto de la derecha y se abstuvo en la votación del decreto ómnibus. Podemos, cada vez más distante del Ejecutivo, añadió una tercera medida que considera prioritaria: la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. EH Bildu fue más lejos y advirtió contra la tentación de dejar fuera “todo el resto de medidas sociales que ya estaban en vigor”. Los abertzales cargan con una dureza inusitada contra Junts, al incluirlos en el mismo paquete que PP y Vox para culparlos a todos de “causar daño a la ciudadanía”.

Pero las derechas nacional e independentista catalana sostienen que la culpa de lo sucedido no es de su rechazo parlamentario, sino de la actitud de Sánchez. Los argumentos de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont sonaron este jueves muy similares. “Lamentablemente, el Gobierno está usando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros son sagrados”, aseguró el líder del PP. “Los jubilados y los usuarios les importan un rábano”, denunció el de Junts en un mensaje en las redes sociales. “¿Si eran temas tan urgentes y tan importantes, a qué esperan para hacer algo más, aparte de gritar y hacer ingeniería electoral?”.

Más allá de criticar la inclusión de temas muy variados en un prolijo decreto, los dos muestra cierta vaguedad al expresar qué otras partes del decreto provocaron su rechazo. Feijóo insiste en el palacete de París que será devuelto al PNV, contra el que volvió a cargar duramente este jueves en lo que constituye ya una guerra abierta entre ambas formaciones. También blandió de pasada un argumento apenas usado hasta ahora, la desaparición de algunas bajadas temporales del IVA en vigor el pasado año. Y volvió a coincidir con Junts, en este punto con su secretario general, Jordi Turull, al aludir genéricamente a que en el decreto se favorece a los okupas. Se trata de la prórroga a la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, una medida que hasta ahora ninguna de las dos formaciones había combatido especialmente.

El PP incluso ha anunciado que suspende cualquier relación con el Gobierno en tanto no recupere las dos medidas que sus propios diputados tumbaron. Los populares así lo hicieron saber después de que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reuniese con parlamentarios suyos para explicarles su propuesta de reforma de la incapacidad permanente. El PP no dialogará hasta que el “Ejecutivo solucione de manera inmediata la grave situación que generó ayer [por el miércoles]”.

El partido de Feijóo ha presentado proposiciones de ley para recuperar la subida de las pensiones y las ayudas al transporte que, en el mejor de los casos, tardarían semanas en entrar en vigor. Varias comunidades gobernadas por el PP decidieron mantener su parte de bonificación al transporte mientras no se soluciona la correspondiente al Gobierno central. Se trata de Madrid, Galicia, Castilla y León, Aragón, Baleares y Murcia.

Con información de Virginia Martínez y María Fabra.