La pinza entre PP y Junts tumba la revalorización de las pensiones y pone al Gobierno contra las cuerdas

La confluencia tácita entre PP y Junts propinó este miércoles el peor golpe parlamentario sufrido por este Gobierno y volvió a arrojar serias dudas sobre la viabilidad de la legislatura. Las derechas nacionales y la independentista catalana coincidieron de nuevo en sus maniobras para castigar a Pedro Sánchez, con muy serias consecuencias directas sobre la ciudadanía: su voto conjunto contra el decreto ómnibus del Ejecutivo provoca la congelación momentánea de ...

La confluencia tácita entre PP y Junts propinó este miércoles el peor golpe parlamentario sufrido por este Gobierno y volvió a arrojar serias dudas sobre la viabilidad de la legislatura. Las derechas nacionales y la independentista catalana coincidieron de nuevo en sus maniobras para castigar a Pedro Sánchez, con muy serias consecuencias directas sobre la ciudadanía: su voto conjunto contra el decreto ómnibus del Ejecutivo provoca la congelación momentánea de las percepciones de 12 millones de pensionistas y deja sin efecto las bonificaciones al transporte público y algunas ayudas a los afectados por la dana o el volcán de La Palma.

Cada derrota parlamentaria del Gobierno suele ser acogida con entusiásticas ovaciones en la bancada de la derecha. Esta vez, sin embargo, la reacción fue apenas un espeso silencio cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció el resultado del decreto ómnibus: 177 votos en contra (PP, Vox, Junts y UPN), 171 a favor y una abstención (de CC) Los populares, con el concurso indispensable de Junts, habían hecho morder el polvo al Ejecutivo, pero las consecuencias para la gente corriente de esa bofetada política desaconsejaban acogerla con cualquier tipo de celebración.

El PP votó contra el amplísimo decreto, de más de un centenar de artículos y con numerosas medidas sociales, agarrándose simplemente a uno de los asuntos incluidos en esa especie de cajón de sastre: la cesión al PNV de un palacete en el centro de París, actual sede del Instituto Cervantes tras haberlo sido del Gobierno vasco durante la República. En el caso de Junts, el grupo ni siquiera esgrimió un motivo concreto. Su portavoz, Míriam Nogueras, aludió a la pérdida de confianza en el Ejecutivo ya pregonada por Carles Puigdemont y descargó un ataque incendiario, el más duro con diferencia de su grupo desde que hace 14 meses apoyó la investidura de Sánchez. Su panoplia de descalificaciones a los socialistas incluyó términos como “manipuladores”, “trileros”, “piratas” o “chantajistas”. El Gobierno había intentado hasta el último momento que Puigdemont desistiese de su represalia, pero, según fuentes del Ejecutivo, el expresident ni contestó a sus llamadas.

PP y Junts se declararon dispuestos a reparar las consecuencias sobre los ciudadanos de su castigo político al Gobierno. Los populares ya registraron una proposición de ley para revalorizar las pensiones cuya aprobación, en el mejor de los casos, llevaría semanas. Nogueras, mientras, emplazó al Ejecutivo a presentar decretos separados con la subida de las percepciones de los jubilados y las ayudas a los usuarios del transporte.

Pero el roto es de proporciones mucho mayores. Los grupos parlamentarios han criticado a menudo la tendencia del Gobierno a incluir las cuestiones más variopintas en sus decretos y este no era una excepción. Entre los asuntos que quedan paralizados figuran las moratorias de los desahucios y cortes de suministros básicos a familias vulnerables, deducciones fiscales por mejoras energéticas en viviendas y vehículos, la actualización de las entregas de fondos del Estado a comunidades autónomas y ayuntamientos o los 4,5 millones que se iban a destinar a Ceuta ―gobernada por el PP― para la acogida de menores inmigrantes.

El primer pleno parlamentario del año desnudó en toda su crudeza la precariedad del Gobierno, que vio cómo decaían dos de los tres decretos que llevaba. La otra derrota se daba por descontada: el intento de prolongar durante 2025 el impuesto a las grandes energéticas, pactado por PSOE y Sumar con los grupos más a la izquierda, a sabiendas de que lo tumbaría lo que varios portavoces volvieron a definir como una “conjunción de las derechas”, en este caso con el añadido del PNV. El debate ilustró el choque ideológico entre los aliados del Ejecutivo, singularmente entre las dos fuerzas soberanistas vascas, EH Bildu y PNV. Y propició otra ruidosa acometida contra el PSOE de la líder de Podemos, Ione Belarra, cuya escalada verbal llegó hasta acusarlos de “traicionar a la ciudadanía” e incluso fomentar la “violencia social”.

La única victoria que cosechó el Gobierno tuvo también un cierto tinte amargo. El Congreso sí convalidó el decreto que recoge el acuerdo alcanzado el pasado verano entre patronal y sindicatos para retocar el sistema de pensiones, entre otras cosas, a fin de facilitar que voluntariamente se pueda continuar la actividad tras haber rebasado la edad de jubilación. El Ejecutivo salvó este envite gracias al apoyo del PP, porque tanto Junts como la izquierda soberanista ―ERC, EH Bildu y BNG― y Podemos votaron en contra.

El debate se había abierto con apelaciones diversas a dejar de lado las maniobras políticas y pensar en las medidas que benefician a los ciudadanos. Arrancó con ello el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en su defensa del decreto ómnibus, dirigiéndose a los 350 diputados: “¿A ustedes les han votado para dejar a 12 millones de pensionistas sin la subida de su pensión?”.

Los llamamientos no partieron solo del Gobierno. Cristina Valido, de Coalición Canaria, apeló al hemiciclo: “Señorías, me pregunto si algún día convalidaremos un decreto sin generar la angustia a millones de españoles. Me pregunto si algún día dejaremos de utilizar como campo de batalla las demandas más urgentes y necesarias de las familias que peor lo pasan”. “La ciudadanía no debe pagar por los cálculos partidistas de unos y otros”, aleccionó Mertxe Aizpura, de EH Bildu. “Están haciendo daño a la ciudadanía, no al Gobierno”.

Pero los diputados de Junts estaban a otra cosa. Empezando por teatralizar su pulso al Gobierno para estirar la intriga y captar la atención hasta el último minuto. De tal modo que sus siete diputados ni se presentaron al comienzo de la sesión ni intervinieron en el debate sobre el decreto ómnibus. No ocuparon sus escaños hasta hora y media después, cuando Nogueras sí usó su intervención en el debate sobre el impuesto a las energéticas para descargar la salva de cañonazos contra el PSOE. Acabó anunciando su voto negativo a los tres decretos como castigo a la “negligencia y falta de seriedad” de los socialistas.

También el PP sucumbió a la teatralización ocultando durante buena parte de la mañana el sentido de su voto. En la intervención inicial, su portavoz económico, Juan Bravo, se limitó a decir que no apoyarían el decreto ómnibus ―con la abstención hubiese bastado para dejarlo pasar―, a cargar contra el acuerdo sobre el palacete con el PNV y a exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y convoque elecciones.

Para completar las abundantes amenidades de la sesión, no faltó el duelo de esgrima entre los independentistas catalanes. Nogueras también había arremetido contra ERC tras presentar a Junts como “el único partido que prioriza el país y no admite chantajes”. Gabriel Rufián se revolvió de inmediato. “Hoy se materializa de forma casi definitiva la mayoría entre PP, Vox y Junts que acabará cargándose este Gobierno”, sentenció el portavoz de ERC. Rufián calificó al partido de Puigdemont de “terriblemente reaccionario” y evocó la corrupción de la desaparecida Convergència al acusar a sus diputados de pactar en Madrid “a cambio del 3%”. También Aina Vidal, viceportavoz de Sumar y representante de los comunes, disparó contra Junts por presumir de que defiende más que nadie a Cataluña cuando sus decisiones perjudican “el bienestar de los catalanes”.

Para reparar el destrozo, el Gobierno tiene la opción de aprobar nuevos decretos, aunque no ha dado señales de que se vaya a apresurar. De momento, su prioridad es denunciar que el PP deja en la estacada a los ciudadanos “en compañía de otros”, como apuntó Bolaños sin querer citar expresamente al partido de Puigemont. El relato, siempre el relato.