La Audiencia Nacional fija mayo y junio de 2026 para celebrar el juicio por la Operación Kitchen

La Audiencia Nacional ha fijado los meses de mayo y junio de 2026 para celebrar el juicio por el caso Kitchen, la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar al PP. Según consta en una resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal concreta así por primera vez las fech...

La Audiencia Nacional ha fijado los meses de mayo y junio de 2026 para celebrar el juicio por el caso Kitchen, la operación urdida en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional en época del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el supuesto objetivo de robarle documentación que pudiera perjudicar al PP. Según consta en una resolución de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el tribunal concreta así por primera vez las fechas para celebrar la vista oral contra, entre otros, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad. Ambos se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel.

Los magistrados ya aceptaron también que varios miembros de la plana mayor del PP de la etapa de Rajoy comparezcan como testigos en este juicio. El tribunal admitió el pasado septiembre que, durante la vista oral, las partes puedan interrogar al propio expresidente del Gobierno; a Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Ejecutivo; a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP; y Juan Ignacio Zoido, sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior.

La Operación Kitchen, desplegada sin control judicial, se activó en 2013 en el seno del Ministerio del Interior, cuando el PP se encontraba acorralado por las investigaciones sobre el caso Gürtel, la trama de corrupción en torno a las empresas de Francisco Correa que anidó en el partido conservador y que los tribunales han considerado probada en multitud de sentencias. Según el juez instructor Manuel García-Castellón, el objetivo era robar a Luis Bárcenas la documentación comprometedora que pudiera guardar todavía. Por entonces, EL PAÍS ya había publicado los papeles de Bárcenas y el extesorero se disponía a tirar de la manta en la Audiencia Nacional contra su propio partido.

El juez García-Castellón dio por acabada la investigación sobre el caso Kitchen en 2021, cuando desimputó a Cospedal y circunscribió toda responsabilidad al Ministerio del Interior —una decisión avalada en mayo de 2022 por la Sala de lo Penal—. El magistrado procesó a 11 personas por la operación “parapolicial”: a Fernández Díaz; a la antigua mano derecha del exministro y ex secretario de Estado, Francisco Martínez; al ex director adjunto de la Policía, Eugenio Pino; a cinco comisarios (José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, José Luis Olivera y Andrés Gómez Gordo); a los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano; y a Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, a quien se captó como confidente.

La Fiscalía ha pedido altas penas de cárcel para la mayoría de ellos: 19 años de prisión para José Manuel Villarejo; 15 años para Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo; 12 años y seis meses para Enrique García Castaño —aunque todas las causas contra este comisario se encuentran en suspenso tras sufrir un ictus—; 12 años, cinco meses y 15 días para Sergio Ríos, que cobró de los fondos reservados; y dos años y medio para Marcelino Martín Blas.

Al concluir su investigación, el juez apuntó sin paliativos a la excúpula de Interior. “La intervención de los máximos responsables gubernativos del ministerio resulta solventemente constatada”, escribió el magistrado García-Castellón, que situó a Fernández Díaz en “el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación” de espionaje ilegal a Bárcenas. Según el instructor, el exministro dio “órdenes concretas” a Francisco Martínez, a quien le marcó la “prioridad” de este tema. Entonces, el secretario de Estado “asumió la coordinación” de Kitchen y se la encomendó al entonces máximo responsable de la Policía Nacional, Eugenio Pino, quien se encargó de “su planificación y desarrollo”.