El Gobierno negocia con Junts para evitar que el plante de Sánchez lleve a una ruptura definitiva

La legislatura está de nuevo pendiente de una negociación in extremis entre el Gobierno y Junts. Durante toda la semana se han multiplicado las conversaciones e intensas negociaciones políticas entre el Ejecutivo y los independentistas para intentar evitar que Carles Puigdemont anuncie este viernes desde Bruselas una ruptura definitiva. Las conversaciones se producían contra reloj, porque este jueves a las 11.30 está convoc...

La legislatura está de nuevo pendiente de una negociación in extremis entre el Gobierno y Junts. Durante toda la semana se han multiplicado las conversaciones e intensas negociaciones políticas entre el Ejecutivo y los independentistas para intentar evitar que Carles Puigdemont anuncie este viernes desde Bruselas una ruptura definitiva. Las conversaciones se producían contra reloj, porque este jueves a las 11.30 está convocada la Mesa del Congreso que, presumiblemente, según las informaciones que llegan del Ejecutivo, tumbará la proposición no de ley de Junts en la que pide que el presidente se someta a una cuestión de confianza, algo que solo puede promover el jefe del Ejecutivo, según dicta la Constitución.

Pedro Sánchez ha dado una instrucción muy clara a su equipo, según diversas fuentes: ese trágala es inaceptable y no se puede asumir, así que el no es definitivo. Pero la negociación pasa por buscar alguna otra salida para que Puigdemont, que ha amenazado con romper todo si no se admite a trámite su iniciativa, acepte alguna otra vía para evitar ese choque definitivo con el Ejecutivo que no implicaría directamente la caída del Gobierno, porque nada indica que Junts se vaya a sumar a una moción de censura con el PP y Vox, pero sí añadiría muchas dificultades y abriría la puerta a muchas más derrotas parlamentarias y a un cierto bloqueo legislativo o a tener que buscar en cada ocasión al PP, como sucederá el próximo jueves en la reforma de pensiones, que los populares apoyarán porque viene de un acuerdo entre patronal y sindicatos.

El Gobierno empieza a asumir la idea de que vienen tiempos parlamentarios aún más complicados y sobre todo que los Presupuestos, que ya estaban difíciles, se alejan cada vez más. Sánchez ya ha dejado claro muchas veces que no convocará elecciones aunque le tumben las cuentas, que ha prometido presentar, y puede seguir con las de 2023 de nuevo prorrogadas, pero parece evidente que la situación política se le complicaría mucho y las consecuencias son imprevisibles.

Junts insiste en exigir que se admita a trámite la iniciativa, y señala en privado que después podría incluso retirarla y que no llegue a votarse si culminan con éxito las negociaciones que tiene en marcha con el Gobierno, entre ellas la más relevante, la del traspaso de la competencia plena de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Pero Sánchez ya ha transmitido un no rotundo a esta idea porque considera que la iniciativa es completamente extemporánea y supone simplemente una exhibición de poder sin sentido de Puigdemont, un trágala. Por eso se buscan otras soluciones, aunque nada indica que un acuerdo esté cercano.

Encima de la mesa está en todo momento la posibilidad de una reunión entre Puigdemont y Sánchez en Bruselas, algo a lo que el presidente siempre se ha mostrado abierto, como gesto de reconocimiento político, pero que tendría que llegar en un momento de acercamiento, con un posible pacto de Presupuestos en ciernes, y no como solución a una crisis como esta. Sánchez ya dijo en diciembre que él estaba dispuesto a reunirse con Puigdemont y con Oriol Junqueras, líder de ERC, con el que ha hablado por teléfono pero no se ha citado nunca. Precisamente en este contexto de máxima tensión, Puigdemont y Junqueras se verán este jueves en Bruselas, en un momento en el que se puede estar definiendo el curso de la legislatura.

Mientras, el riesgo de que esta decisión en la Mesa del Congreso tenga consecuencias catastróficas para la mayoría también tiene inquieto a Sumar, socio minoritario de la coalición. El grupo de Yolanda Díaz no desvelará hasta este jueves el sentido del voto de sus dos representantes en la Mesa, aunque no tienen intenciones de romper con el PSOE en este asunto. La cuestión ha suscitado cierto debate interno e incluso alguno de sus miembros, como Àgueda Micó, la portavoz de Compromís, se pronunció públicamente por aceptar que la iniciativa de Junts se someta al pleno. La dirección del grupo parlamentario se reunió este miércoles para abordar la cuestión y aplazó cualquier decisión a la espera de perseverar en las negociaciones a tres bandas con el PSOE y los independentistas, señalaron fuentes de la formación.

Sumar está de acuerdo en que la atípica propuesta de Junts “supone una moción de censura de facto y colocaría al Congreso ante un precedente peligroso”, según las fuentes consultadas. Pero el socio minoritario del Gobierno también ha deslizado algunas críticas a la actuación del PSOE. El dirigente de los comunes catalanes y secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, afirmó en declaraciones a la SER que sus socios no le informaron de sus planes de vetar la admisión a trámite de la iniciativa de los independentistas y lamentó: “Se debería haber negociado como tocaba para que esto no pasara”. Pisarello pidió también un “gesto de reconocimiento” del Gobierno con Puigdemont.

El PP volverá a defender que se dé vía libre a la propuesta para llevarla a pleno, como ya hizo en diciembre. Entonces la Mesa acordó aplazar la decisión tras un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que concluía que existe base legal tanto para darle trámite a la iniciativa como para vetarla. Los letrados del Congreso sugerían otra posible salida: que Junts la reformulase para dejar sentado en el texto que un acuerdo plenario solicitando al presidente que se someta a una cuestión de confianza constituiría una mera declaración política sin carácter vinculante para el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, políticamente la instrucción de Sánchez parece clara en el sentido de que la moción no puede ser admitida a trámite. Vox, que no tiene representación en la Mesa, también se ha mostrado favorable a tramitar la iniciativa, al tiempo que ratificaba, por boca de su portavoz, Pepa Millán, que repudia cualquier clase de relación política con quienes “quieren romper España”.

Si finalmente se confirma el desencuentro entre el Gobierno y Junts, en el Ejecutivo confían en que no tenga mayor trascendencia sobre el primer pleno del año, convocado para el próximo miércoles 22. Ahí el Ejecutivo cuenta con una derrota asegurada, precisamente por el voto contrario de Junts y también del PNV: la del decreto que mantiene el impuesto especial a las grandes energéticas. Ese revés está descontado desde hace semanas. El Consejo de Ministros aprobó el decreto a final de año a sabiendas de que sería rechazado en el Congreso, simplemente para atender las exigencias de sus aliados más a la izquierda, ERC, EH Bildu y BNG. Los dos otros dos decretos que irán al pleno no deberían tener dificultades. Uno es el que prorroga diversas ayudas, como la gratuidad del transporte público para los jóvenes, que normalmente ha cosechado un amplio apoyo. Y el otro es la reforma de las pensiones pactada por sindicatos y patronal, que cuenta con la oposición del espectro más a la izquierda del hemiciclo, pero al que el PP ha anunciado su voto favorable. En este primer pleno, por tanto, Junts no es decisivo, pero sí puede serlo en muchos otros, y por eso se negociaba este miércoles y se seguirá haciendo para evitar una ruptura definitiva que no parece beneficiar a nadie más que a la oposición de PP y Vox, quienes consolidarían así su discurso de que el Gobierno no tiene mayoría.