El pacto fiscal entre PSOE y Sumar revienta el bloque de investidura a derechas e izquierdas

El pacto para una reforma fiscal entre el PSOE y Sumar, los dos socios de la coalición en el Gobierno, anunciado en la tarde del lunes, ha reventado la ya bastante frágil estabilidad del llamado bloque de investidura que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso. Hacia la derecha parlamentaria pero también hacia su izquierda, con los aliados más fieles. El malestar fue evidente y creci...

El pacto para una reforma fiscal entre el PSOE y Sumar, los dos socios de la coalición en el Gobierno, anunciado en la tarde del lunes, ha reventado la ya bastante frágil estabilidad del llamado bloque de investidura que sostiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso. Hacia la derecha parlamentaria pero también hacia su izquierda, con los aliados más fieles. El malestar fue evidente y creciente durante la jornada plenaria de este martes y amenaza con romper los acuerdos bilaterales que el sector socialista del Ejecutivo, que lleva las riendas en el Ministerio de Hacienda, había cerrado previamente con Junts y PNV, que no se ahorraron críticas a la manera de negociar del Gobierno y la tacharon de incomprensible por “frívola” o por “pura gestualización” y que reclaman dejar fuera de la pretendida imposición mínima a las grandes multinacionales a las empresas eléctricas y energéticas. Los socios habituales de izquierdas advirtieron, por su parte, que la propuesta avanzada con Sumar les parece una reforma “mínima”.

El PSOE y Sumar llevaban semanas negociando algunos aspectos de un nuevo paquete fiscal como paso previo a sus contactos para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que ahora se consideran claves para afrontar la reconstrucción tras las devastaciones de la dana, y finalmente la formación que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo pudo anunciar este lunes a primera hora de la tarde. Ese anuncio, apenas una hora antes de que comenzara en el Congreso a las 16.30 una comisión de Hacienda que debía emitir y aceptar un dictamen con el informe de la ponencia sobre el Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, ha alterado todas las alianzas que el Ejecutivo venía sembrando con otros grupos cuyos votos necesita para que prospere esa norma, pero también la senda de estabilidad básica para el diseño de los futuros Presupuestos. Las posturas defendidas a ultranza y con “líneas rojas” por Junts y PNV se manifiestan incompatibles con las demandas de Sumar, ERC, Podemos, Bildu o el BNG.

El agrio tono de gran malestar de las intervenciones de los portavoces del PNV, Junts, ERC o Bildu aparentó un panorama casi de ruptura irremediable, que el PSOE relativizó bastante. La comisión convocada el lunes se anuló apenas 45 minutos antes de su inicio por esas divergencias. Los partidos se dieron un nuevo plazo para cuadrar sus diferencias antes de este próximo jueves, pero el PNV sí anticipó este martes que encajar ahora in extremis posiciones de “mezcolanzas” tan encontradas le parece “un milagro complicado o imposible” y su portavoz, Aitor Esteban, reprochó al Gobierno ese tipo de “acuerdos que no van a ningún sitio y crean inseguridad jurídica”. Junts alertó por su parte de que no se siente concernida por lo que el PSOE hable con otras formaciones, pero sí remachó tajantemente que si esa reforma fiscal pretende afectar a las grandes energéticas o las Mutuas no contarán nunca con sus decisivos siete votos.

A finales de octubre se cerró el plazo parlamentario para incluir enmiendas al proyecto de ley que establece una imposición mínima del 15% a las multinacionales, que llevaba ya meses de retraso y que supone trasponer una directiva europea que ya le ha supuesto al Ejecutivo una denuncia por parte de Bruselas. El Gobierno se demoró porque ha intentado aprovechar la ocasión para integrar en ese proyecto algunas reformas fiscales requeridas por ciertos socios. El PSOE estableció así contactos bilaterales hace semanas con el PNV y Junts, para aceptar algunos de sus planteamientos, pero también con Sumar y otros partidos de izquierdas, que persiguen prolongar o dejar el impuesto temporal que se ha aplicado estos años de crisis a la banca y las multinacionales de manera permanente. La formación de Yolanda Díaz comunicó el lunes, además, que en su acuerdo había logrado forzar otros retoques en la fiscalidad con evidente contenido progresista, como el 21% de IVA para las viviendas turísticas, la subida de dos puntos en la tributación de las rentas del capital a partir de 300.000 euros, un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo o suprimir el régimen fiscal de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) que utilizan algunas grandes fortunas para evitar impuestos.

“Son días y horas de teatro, de gestualizaciones que no entendemos, de hacer ver que se está negociando un pack pero mirando más al espectador”, se lamentaron desde la dirección parlamentaria de Junts, que avisaron de que a su grupo solo le vale lo negociado con ellos en una serie de enmiendas que se presentaron hace casi un mes y que “en ningún momento incluyeron nada relacionado con alargar la imposición a las energéticas”. Desde Junts se arremetió contra el Gobierno pero también contra otros grupos, en referencia directa a sus rivales de ERC, por intentar introducir a última hora sus enmiendas. Los portavoces oficiales de Junts le recordaron al Ejecutivo cuál es su “método” para negociar: no forman parte de ningún bloque, ni de investidura ni de legislatura, y no les afecta lo que conversen con otros porque ellos van solo a lo suyo y “pieza a pieza”. Eso sí, Junts reafirmó que si en ese paquete fiscal se mete a las empresas energéticas ellos no lo votarán y si luego se les llama para hablar de la senda de estabilidad o los Presupuestos volverán a refrescar sus planteamientos, sin concesiones.

En ERC tampoco cayó nada bien el pacto entre PSOE y Sumar que no conocían y refrescaron recurrentes quejas. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, pidió algo de tiempo para leer el acuerdo pero tampoco le gustaron nada las formas de enterarse: “Creo que es una mala manera de negociar, aunque siempre lo hagan. Bildu y Esquerra Republicana comunicamos al Gobierno que no íbamos a aceptar lo que se estaba pactando con las derechas, la catalana y la española. Y simplemente lo que dijimos es que teníamos otras propuestas que era principalmente que esos impuestos fueran permanentes. Nos dijeron que no y así estamos. Se creen que con el mal menorismo de que viene la derecha o la ultraderecha van a seguir gobernando”. Oskar Matute, de EH Bildu, no fue menos expeditivo: “Nosotros somos muy claros con nuestras posiciones. No estamos de acuerdo con quitar el impuesto a las eléctricas ni a la banca. Y yo creo que de ahí no nos vamos a mover porque sabemos lo que quiere la gente”.

Javier Sánchez Serna, de Podemos, insistió en la misma tesis: “No vamos a apoyar ninguna reforma fiscal que incluya retirar el impuesto al oligopolio eléctrico que lejos de ser un impuesto accesorio debería convertirse en estructural y para que sirva para recaudar más”. “[El PSOE] No nos ha ofrecido ningún argumento convincente más allá de las componendas que pueda hacer con determinados intereses de la derecha nacionalista” abundó. Horas después, fuentes de Podemos informaron que habían mantenido una reunión con los socialistas en la que les reiteraron “su total desacuerdo con la eliminación” del impuesto a las grandes energéticas pactada por el PSOE y Junts. En el encuentro, Podemos propuso prorrogar durante seis meses el actual gravamen extraordinario a las energéticas, “de modo que haya más tiempo para negociar un acuerdo definitivo” que satisfaga a los grupos de izquierdas, “cuyos votos valen lo mismo que los de PNV y Junts”. La formación de Ione Belarra plantea que esa prórroga se incluya en cualquiera de los reales decretos de ayudas por la dana.

En Sumar, pese al pacto, se observaron voces otra vez con diferentes matices. Desde los Comunes, su portavoz parlamentaria, Aina Vidal, habló de acuerdo “correcto”, reclamó explicaciones a la oposición del PNV y no renunció a mantener su enmienda para no suprimir el impuesto a las eléctricas o a las energéticas, aunque varios de sus dirigentes concedieron que también debían ser “conscientes de cuáles son las fuerzas que lleva cada uno consigo mismo”. El ministro y portavoz nacional de Sumar, Ernesto Urtasun, añadió: “El debate sobre el impuesto de las energéticas en los últimos días ha cambiado: con lo que ha ocurrido con la dana, la reconstrucción de Valencia va a requerir de muchos recursos y no es razonable que una empresa como Iberdrola, que ha hecho 2.700 millones de beneficios, no arrime el hombro en un momento donde necesitamos recursos para la reconstrucción valenciana causada por el cambio climático operado por la exportación de combustibles fósiles”.

El portavoz del PSOE, Patxi López, intentó apaciguar los ánimos y mostrar cierto optimismo: “Estamos haciendo un debate como si esta iniciativa fuera solo si hay un impuesto para las energéticas o no. Esta es la transposición de una directiva europea que lo que busca es que los países no compitamos a la baja en la fiscalidad. Es una directiva que está suscrita por más de 170 países del mundo, para que las empresas, aunque se vayan a otros lugares, a tributar menos, el país de origen puede reclamar lo que falta en esa tributación. Y eso es lo fundamental. Otra cosa es que, además de esa transposición de esta parte, estemos hablando de un paquete de fiscalidad progresiva y progresista. Y estamos convencidos de que podremos llegar a un acuerdo. Por eso ayer suspendimos la comisión, para darnos tiempo para hablar con todos”.