El juez cita a declarar al ex número dos de Interior y a la cúpula policial de Rajoy por la guerra sucia urdida contra Podemos
La Audiencia Nacional interrogará a los imputados entre finales de octubre y principios de noviembre
El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, adopta una decisión de calado en la investigación que mantiene abierta por las maniobras urdidas contra Podemos en el seno de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El magistrado ha citado a declarar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Ejecutivo popular y antigua mano derecha del mini...
El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, adopta una decisión de calado en la investigación que mantiene abierta por las maniobras urdidas contra Podemos en el seno de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). El magistrado ha citado a declarar como imputados a Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante el Ejecutivo popular y antigua mano derecha del ministro Jorge Fernández Díaz; a Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional (máximo jefe operativo); a tres comisarios (Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira); y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.
A través de una resolución dictada este viernes, Pedraz ha fijado la batería de interrogatorios entre finales de octubre y principios de noviembre. El juez comenzará la ronda con Francisco Martínez, a quien ha citado el 28 de octubre. El ex secretario de Estado era uno de los hombres de máxima confianza de Fernández Díaz en su etapa al frente de Interior y, de hecho, se encuentra también acusado (al igual que el exministro) en el caso Kitchen, la operación parapolicial activada en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y arrebatarle presuntamente documentos comprometedores sobre dirigentes del PP, entonces acorralado por el caso Gürtel —la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa—.
El instructor ha citado ese mismo 28 de octubre a Enrique García Castaño, aunque habrá que ver si este antiguo mando de la Policía puede declarar —en 2022 sufrió un ictus, lo que provocó que se archivaran varias causas abiertas contra él—. Las declaraciones continuarán, según el juez, el 29 de octubre con Eugenio Pino y uno de sus antiguos subordinados directos, José Ángel Fuentes Gago, que viajó en 2016 a Nueva York para ofrecer protección a un exministro venezolano (Rafael Isea) a cambio de que declarara contra Podemos. “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos [al Gobierno], mejor para todos” o “Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente”, llega a decir Gago en esa conversación con Isea, que fue grabada.
Por su parte, Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira deberán acudir a la Audiencia el 6 de noviembre. El comisario García Castaño señaló a Gómez Gordo como el supuesto autor del informe Pisa —acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima—, un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a su entonces líder, Pablo Iglesias.
En la querella que inicia el procedimiento, Podemos señalaba que un conjunto de comisarios, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los dirigentes del partido de izquierdas, sin control de un juez o de la Fiscalía. Según la formación, sobre todo ello informaban después a Fernández Díaz, y el modus operandi incluía la posterior filtración de informaciones con datos falsos a medios de comunicación —que las publicaban citando “fuentes policiales”— para desprestigiar así a la fuerza política ante la opinión pública.
Pedraz admitió a trámite la querella en febrero de 2022, aunque dejó fuera del procedimiento al exministro Fernández Díaz y a Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía Nacional. “Debe señalarse que, ni de Fernández Diaz o Cosidó, se relata más que una suposición de que, por los cargos que ostentaban, deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos”, escribió el magistrado. Entre los avances de la investigación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía elaboró un informe que señala que miembros de las fuerzas de seguridad efectuaron 6.903 búsquedas sobre diputados de Podemos entre 2015 y 2016, cuando el partido irrumpió en el Congreso con una gran representación.