El juez del ‘caso Koldo’ descarta por ahora pedir al Supremo que investigue a Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en el que se investigan las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas por parte del Ministerio del Transportes y otras administraciones públicas en lo peor de la pandemia, descarta por ahora pedir al Tribunal Supremo que investigue al exministro socialista José Luis Ábalos, como pedía una de las acusaciones. En un auto de este martes, el magistrado señala que “a día de la fecha, no existen motivos bastantes para elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, que es el órgano judicial competente para iniciar las pesquisas judiciales sobre Ábalos dado su aforamiento por su condición de diputado.

El juez destaca que aún está “pendiente la práctica de diversas diligencias”, entre ellas la toma de declaración a varios testigos, el interrogatorio a varios imputados y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue sus informes “sobre el resultado de los volcados de los efectos digitales intervenidos”. En este sentido, no descarta que esta postura contraria a plantear la investigación sobre el exministro socialista cambie en el futuro “como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción”. La decisión de Moreno cuenta con el apoyo de la Fiscalía. La petición de imputación de Ábalos la planteó el pasado 1 de septiembre en un escrito Iustitia Europa, un partido político que también ejerce el papel de acusación popular en la causa que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez. Iustitia Europa se presentó a las elecciones europeas del pasado 9 de junio y obtuvo 27.407 votos (el 0,15%).

La figura de Ábalos sobrevuela sobre todo el caso Koldo desde el principio dado el presunto papel jugado por su asesor, Koldo García. El pasado mayo la Guardia Civil entregó al juez Moreno un informe en el que, tras analizar el contenido de parte de los correos electrónicos de varios de los implicados y de altos cargos del Ministerio de Transporte, concluía que el exministro socialista tuvo “conocimiento” de la existencia de Soluciones de Gestión, la empresa situada en el epicentro de la presunta trama de corrupción, así como de los contratos de compra de mascarillas ahora bajo sospecha. El documento policial detallaba que su asesor le remitió información tanto a la dirección de correo electrónico de su secretaría en el departamento, como a una particular de Ábalos.

Entre esa documentación estaban las ofertas que había recibido de, al menos, siete suministradores de material sanitaria en el peor momento de la pandemia y cuando escaseaban las mascarillas y otro material de protección. Al segundo, la información que en abril de 2020 los responsables de Soluciones de Gestión le habían remitido a él para contrarrestar las noticias que sobre la mercantil habían empezado a publicarse poniendo en duda su solvencia. El informe de la Guardia Civil concluía por ello que Ábalos fue informado de los “pormenores” sobre la compañía y, por tanto, el entonces ministro conocía tanto la existencia de esta mercantil como la de los contratos adjudicados. No obstante, en el contenido de estos mensajes no consta que se hablara en ningún momento del supuesto pago de comisiones ilegales, objeto principal de la investigación de la Audiencia Nacional.

La diligencia que el juez Moreno sí ha aceptado este lunes es la planteada por otra de las acusaciones populares, Liberum, una asociación surgida durante la pandemia vinculada a movimientos negacionistas. Esta asociación había pedido que declarase como testigo Manuel Fresno, director financiero y de control de gestión de ADIF, la empresa pública ligada a Transportes a través de la cual se adjudicó uno de los contratos para la adquisición de mascarillas bajo sospecha. El magistrado considera esta diligencia “procedente” y lo cita para el próximo 16 de septiembre.

Liberum pidió en mayo que declarase como testigo el ex consejero delegado del Grupo Globalia, Javier Hidalgo, con el argumento de que esta había sido una de las empresas que se encargó de trasladar desde China a España parte del material sanitario adquirido por Transportes gracias a la mediación de Koldo García. En primera instancia, el juez Moreno rechazó esta diligencia, pero Liberum recurrió a la Audiencia Nacional, que terminó dándole la razón al considerar que el testimonio del empresario era “útil y pertinente”. Hidalgo declarará el próximo jueves.