Cultura inicia el trámite para ilegalizar la Fundación Franco

El Ministerio de Cultura ha comunicado este jueves que ha iniciado los trámites necesarios para la ilegalización de la Fundación Franco para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que establece como causa de extinción de una fundación, por ser “contraria” al interés general, “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”. En una ...

El Ministerio de Cultura ha comunicado este jueves que ha iniciado los trámites necesarios para la ilegalización de la Fundación Franco para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que establece como causa de extinción de una fundación, por ser “contraria” al interés general, “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”. En una entrevista a este diario, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había anticipado el pasado mayo que el inicio del procedimiento era inminente. Como primer paso, el Ministerio de Cultura solicitará informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones para recabar los datos necesarios para motivar la apertura del expediente de extinción. La Fundación dispondrá entonces de un periodo en el que podrá presentar alegaciones. La decisión final será de los jueces.

Creada en 1976, la Fundación Franco se presenta como “institución cultural, sin adscripción política”. Diversos artículos en su página web describen así al dictador: “Consiguió durante su magistratura construir los cimientos sobre los que fue posible que se construyera la democracia que disfrutamos”; “su descollante figura tiene muchas más dimensiones positivas que negativas y sus aciertos son muy considerablemente superiores a sus equivocaciones”; “ha buscado siempre el contacto directo y cordial con el pueblo español, que, a su vez, le ha correspondido con adhesión incondicional, otorgándole una autoritas plena y sin fisuras, en un fenómeno sin parangón posible con cualquier otro político de nuestra Historia contemporánea”. En el artículo Guernica: tragedia, mentira y farsa, firmado por Miguel Platón y publicado originalmente en la web Libertad Digital, se presenta como una especie de logro que solo murieron 126 personas y se presume de “la reconstrucción modélica de la villa efectuada por Regiones Devastadas” tras el bombardeo franquista, apoyado por la aviación nazi. El brutal ataque, uno de los primeros bombardeos indiscriminados contra población civil, inspiró la obra más célebre de Picasso.

Entrevistado por este periódico en 2020, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de ilegalización, el presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, declaró: “Habíamos superado la guerra, pero nos llevan a lo mismo”. En la entrevista, prometió batallar en los tribunales la ilegalización y mudar la sede de país si fuera necesario. La fundación atesora un archivo de 30.000 documentos originales ―”cartas de Hitler, de Mussolini, del duque de Alba... Franco era muy meticuloso, lo guardaba todo”―, pero no está dispuesta a cederlos a un centro público, lo que han criticado historiadores como Julián Casanova.

Pablo de Greiff, exrelator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual comisionado de la ONU para Ucrania, ha denunciado en varias ocasiones que la existencia de la Fundación Franco “es una anomalía en Europa, donde no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo”. Por ese motivo, celebró que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, acercara a España “al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini”.

Precisamente este jueves, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el ministerio denunciará ante la Fiscalía lo ocurrido el pasado martes en el Parlamento balear, donde su presidente, Gabriel Le Senne, de Vox, rompió la fotografía de una víctima del franquismo, Aurora Picornell, durante un pleno en el que, con los votos del partido de extrema derecha y los del PP, se aprobó la toma en consideración de una proposición para derogar la ley autonómica de memoria. Tras consultar a los servicios jurídicos del ministerio, Torres ha explicado que la actitud de Le Senne puede ser constitutiva “de un delito de odio” y que también estudiarán la posibilidad de aplicar “sanciones previstas en la Ley de Memoria Democrática” estatal. Además, ha añadido, el grupo parlamentario socialista puede presentar una reprobación al presidente del Parlamento balear o solicitar a la mesa que sea sancionado. Sindicalista y feminista, Picornell fue la impulsora del Día de la Mujer Trabajadora en Mallorca. Su padre, Gabriel Picornell, carpintero, fue asesinado en Porreres ese mismo año. Era militante del PSOE y en los años veinte había sido uno de los impulsores de la Agrupación Comunista de Palma. Otros dos hermanos de Aurora, Gabriel e Ignasi, también fueron asesinados. El más pequeño, Joan, logró huir a Francia, pero acabó en el campo de concentración nazi de Dachau y falleció poco después de su liberación por las secuelas.