La justicia pone coto a la estrategia de grupos ultras de boicotear las exhumaciones en Cuelgamuros

La justicia ha comenzado a poner coto a los grupos ultras que tratan de boicotear los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo que, desde el pasado junio, se han desarrollado en el Valle de Cuelgamuros — nombre que adquirió el conjunto del Valle de los Caídos en 2022—. La Audiencia Nacional ha rechazado en los últimos meses diferentes recursos presentados por colectivos antimemorialistas que, median...

La justicia ha comenzado a poner coto a los grupos ultras que tratan de boicotear los trabajos de exhumación de víctimas del franquismo que, desde el pasado junio, se han desarrollado en el Valle de Cuelgamuros — nombre que adquirió el conjunto del Valle de los Caídos en 2022—. La Audiencia Nacional ha rechazado en los últimos meses diferentes recursos presentados por colectivos antimemorialistas que, mediante la búsqueda de subterfugios, intentar frenar esas labores. El tribunal ha condenado, incluso, al pago de las costas a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos por sus excesos; y la Fiscalía ha solicitado multar a una mujer que, respaldada por Abogados Cristianos, ha actuado con “mala fe procesal”.

En verano del pasado año, los planes del Gobierno de seguir adelante con las exhumaciones se tradujeron en una batería de iniciativas para tratar de pararlos, así como en los ataques de la derecha y la extrema derecha. El Ejecutivo insistió en que, pese al adelanto electoral, no iba a frenar esos trabajos para devolver los restos a las familias de más de 160 víctimas que los reclaman. De hecho, estas labores comenzaron el 12 de junio, como avanzó EL PAÍS. Y han permitido ya la recuperación de 12 asesinados en 1936 en Aldeaseca y en Fuente El Saúz (Ávila), 11 de los cuales han sido identificados genéticamente y cuyos restos han sido entregados a sus familiares, según ha informado el Ministerio de Memoria Democrática en el Parlamento.

El anuncio del comienzo de las exhumaciones provocó que los grupos ultras empezaran a moverse para tratar de boicotearlas, al igual que ocurrió en 2019, cuando se decidió trasladar los restos del dictador Francisco Franco. La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos fue uno de esos colectivos, que anunció el 8 de junio que respondería con “medidas legales” a los “inminentes planes del gobierno socialcomunista en funciones de iniciar la última ofensiva contra el Valle de los Caídos, procediendo a profanar los restos cadavéricos de los caídos allí inhumados”.

Este grupo ultra encontró en la vía contencioso-administrativa un instrumento a explotar. Y acudió a la Audiencia Nacional. La Asociación para la Defensa del Valle aprovechó la respuesta que Patrimonio Nacional le había dado a una carta para pedir que se paralizaran las exhumaciones y se adoptaran, además, medidas cautelares para hacerlo. Las pretensiones del colectivo, que se encontraron con la oposición de la Fiscalía, fueron rechazadas primero por el Juzgado Número 5, que ya lo condenó a costas. Pero la asociación decidió recurrir de nuevo a la Sala de lo Contencioso-administrativo, que este marzo ha vuelto a tirar por tierra sus pretensiones y ha vuelto a sentenciarla a abonar las costas generadas. Según la resolución a la que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal insiste en que el demandante se ha excedido al recurrir una simple “comunicación de carácter informativo [...] carente de cualquier contenido decisorio”, que “ni siquiera puede considerarse propiamente un acto de trámite no cualificado inserto en un procedimiento administrativo”.

Al oponerse a las reclamaciones de este colectivo ultra, el ministerio público ya advertía que se estaba intentando “generar un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”, previsto en la Ley de Memoria Democrática. En diciembre de 2023, la Audiencia Nacional condenó también a pagar las costas a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos por haber acudido a los tribunales contra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por conceder una subvención para poder ejecutar el proyecto de las exhumaciones.

Señalamiento de un fiscal

La Fiscalía quiere que, en otro caso, se vaya más allá de la condena al pago de las costas de los grupos ultras. Así, el fiscal Manuel Campoy solicitó el 6 de febrero que se imponga una multa de 1.000 euros a una mujer, Marina Benayas, que consiguió que un juzgado parase las exhumaciones de forma urgente en diciembre —durante siete días—, alegando que esos trabajos afectaban supuestamente a la “sepultura” de su abuela y sosteniendo que se habían impulsado sin llevar a cabo los trámites previos. Una tesis que descartó después el propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de la Audiencia Nacional al entrar en el fondo del asunto, cuando comprobó que la familiar de esta mujer, que se encuentra asesorada por Abogados Cristianos, ni siquiera está enterrada en el lugar donde se desarrollan las labores de los técnicos; y que esta había “omitido” que sabía que el Estado había puesto en marcha un “conjunto de actuaciones judiciales y normativas previas” para contar con el aval administrativo necesario.

Sin embargo, pese a la respuesta negativa de este juzgado, de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de Patrimonio Nacional, Benayas recurrió y volvió a impulsar el procedimiento en la Audiencia Nacional, argumentando que se vulneran los derechos a la libertad religiosa. Una actitud, que en opinión de la Fiscalía, demuestra que actúa con “mala fe procesal” y “abuso del derecho”, por lo que ha reclamado que se le multe. Esta petición ha provocado la inmediata ofensiva de Abogados Cristianos, que ha señalado personalmente al fiscal Campoy y le acusa de “buscar amedrentar a una ciudadana”. “Campoy ha sido vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales, lo que corrobora que todo esto lo hace en clave puramente ideológica”, arremetió Polonia Castellanos, presidenta del colectivo ultracatólico, que contraatacó con la presentación de una queja en la Fiscalía General del Estado para pedir, precisamente, que se castigue al representante del ministerio público con una multa de 3.000 euros por haber pedido la sanción a la mujer.

Fuentes de la Fiscalía detallan que, tras analizar la queja, ese expediente se archivó de “plano” el 20 de marzo tras considerarlo “improcedente” y concluir que no existe ningún tipo de indicio de que el fiscal incumpliera sus deberes profesionales (“más bien al contrario”).

“A cada recurso, habrá una respuesta”

El Ejecutivo también ha respondido con contundencia a esta cascada de intentos de boicotear las exhumaciones, jaleada por grupos de extrema derecha como Vox. El pasado 20 de marzo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó durante una comparecencia en el Congreso: “Ya les anticipo que, tantos sean los obstáculos que se pongan para frenar los trabajos en el Valle de Cuelgamuros, tanto mayor será mi empeño y el del Gobierno en seguir adelante”. “A cada recurso ante la justicia que se interponga, habrá una respuesta, pues la ley y la razón nos asisten. A cada retraso que se presente en nuestro camino, más decididos estaremos en caminar”.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el laboratorio forense instalado en el Valle de Cuelgamuros: “Sin memoria no hay democracia. La ley se va a cumplir y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España. Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura”, ha tuiteado después.