España afronta un maratón electoral en un ambiente tóxico

Era un empeño casi personal de Pedro Sánchez. Quería a toda costa sacar los Presupuestos de 2024, a pesar de que como mucho durarían seis meses. Una parte del Gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, le insistía en que no valía la pena: mejor ir directamente a buscar los de 2025, con calma, con menos riesgo de fracaso. Pero Sánchez quería los de 2024 como fuera por un objetivo sobre todo político. Pretendía responder definitivamen...

Era un empeño casi personal de Pedro Sánchez. Quería a toda costa sacar los Presupuestos de 2024, a pesar de que como mucho durarían seis meses. Una parte del Gobierno, con Óscar Puente a la cabeza, le insistía en que no valía la pena: mejor ir directamente a buscar los de 2025, con calma, con menos riesgo de fracaso. Pero Sánchez quería los de 2024 como fuera por un objetivo sobre todo político. Pretendía responder definitivamente a la gran pregunta que le persigue en la más difícil de sus tres legislaturas: ¿esto aguanta?

Sobre las ocho de la tarde del pasado miércoles, las alertas sonaron en los móviles de los tres representantes de Sumar que acababan de salir de las oficinas del Ministerio de Hacienda en la calle de Alcalá, en el corazón de Madrid. Durante dos horas, Joaquín Pérez Rey, mano derecha de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, y los diputados Manuel Lago y Carlos Martín habían estado haciendo números con el jefe de gabinete de la ministra, Carlos Moreno. Al día siguiente se iba a aprobar en el Congreso la ley de amnistía, y el camino para los nuevos Presupuestos parecía expedito. Los equipos de los dos socios del Gobierno hablaron sobre todo de los fondos disponibles para partidas sociales. Cuando ya se iban con la sensación de haber avanzado en la negociación, las alertas saltaron como un mazazo: acababan de perder el tiempo. La Moncloa anunciaba su renuncia a negociar los Presupuestos. La convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, después de que el Parlament tumbase otras cuentas, en este caso las de la Generalitat, forzaba a Sánchez a desistir de su empeño.

Ese miércoles había comenzado con una atmósfera fétida impregnando el salón de plenos del Congreso. Parecía que la confrontación política no podía ir más allá de las cotas alcanzadas con la ley de amnistía, pero todavía estaba por llegar el caso Koldo. El brutal ataque del PP con ese escándalo de cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas que golpea al PSOE derivó en un sórdido debate en que los dos principales partidos se cruzaron acusaciones hasta de narcotráfico y prostitución. “Pensaba que ya lo había visto todo en el Congreso, pero aún me faltaba esto”, confesaba dos días después, todavía con asombro, uno de los diputados más veteranos de la Cámara. En ese ambiente de enfrentamiento salvaje se avecinan tres convocatorias electorales en tres meses: el 21 de abril en Euskadi, el 12 de mayo en Cataluña y el 9 de junio las europeas en toda España. Es ya casi un axioma entre los politólogos que una de las razones del encanallamiento del debate político reside en el estado de campaña permanente en que viven los partidos. Antes del verano, España habrá completado seis en el plazo de un año, una por cada dos meses.

Después de que la pasada semana se cerrase el pacto de la ley de amnistía, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, creía que podía tener los Presupuestos en pocas semanas. Ya se habían producido contactos con todos los grupos y las sensaciones eran buenas. Aunque ERC venía avisando desde el fin de semana: todo bien, siempre que tengamos Presupuestos en Cataluña. El líder del PSC, Salvador Illa, también advirtió a Sánchez: “Ojo, los Presupuestos catalanes pueden no salir”. Los comunes, la marca local de Sumar, amenazaban con votar en contra si no se renunciaba al proyecto del Hard Rock, un macrocomplejo turístico en Tarragona que incluiría el mayor casino de Europa. Pese a todo, en ERC aún creían que los comunes iban de farol.

El lunes hubo mucho movimiento en Madrid. Y el martes fue frenético. Montero reclamó a Ernest Urtasun, ministro de Cultura, catalán y portavoz de Sumar, que intercediese ante sus compañeros de los comunes. Urtasun le dijo que era Illa el que se empeñaba en el Hard Rock. “Tenéis que convencer a los vuestros”, le rogó Montero. “Sois vosotros los que tenéis que convencer a Illa”, replicó Urtasun.

Sánchez y Díaz no llegaron a hablar del asunto. Pero esta tensión dejó un fuerte recelo entre los socios gubernamentales. Los socialistas critican a la vicepresidenta segunda por no controlar su espacio político y permitir que los suyos infligiesen una derrota a un aliado esencial como ERC. Sumar no es un partido al uso, sino una especie de confederación en la que los comunes gozan de plena autonomía. “Aquí no se funciona a golpe de órdenes”, alegan en la cúpula de la formación. Los de Díaz están convencidos de que era Illa, favorito en las encuestas, quien quería forzar elecciones y Sánchez decidió no pararlo. El líder del PSC, pese a todo, intentó disuadir a los comunes: “Le estáis haciendo un favor a Aragonès [Pere, president y líder de ERC], le dais la excusa para adelantar”. Pero el grupo de Ada Colau no se lo creía y buscaba reforzar su perfil político con un “no” al megacasino.

El resultado de todos estos juegos cruzados ha sido echar por tierra los planes de Sánchez y volver a la incertidumbre que ya parecía disipada. Con la aprobación de la amnistía, a la espera de su paso por el Senado, se confiaba en que la legislatura arrancase de una vez después de tres meses empantanados en el trámite de esa ley. El maratón electoral vuelve a ralentizarlo todo, para desesperación de Díaz y los suyos, que confiaban en recuperar el perfil perdido poniendo de nuevo en primer plano la política social del Ejecutivo. Y todo eso en el ambiente que se plasmó en las tremebundas sesiones de control en el Senado y en el Congreso de esta semana: el PP repitiendo como un mantra que los socialistas se dedican a “la coca y la prostitución”; Sánchez reclamando la dimisión de Isabel Díaz Ayuso por el fraude fiscal de su novio y echando en cara a Alberto Núñez Feijóo su vieja amistad con un contrabandista gallego que acabó en la cárcel por narco; el líder del PP apuntando a la esposa del presidente por sus relaciones profesionales con Air Europa, una de las compañías del sector turístico rescatadas por el Gobierno… Todo eso que espantó incluso a los diputados más curtidos.

Ambiente envenenado

Algunos miembros del Gobierno consultados admiten que este ambiente envenenado suele perjudicar a la izquierda. La derecha está hipermovilizada para echar a Sánchez y no ha sufrido coste electoral por subir el diapasón o llegar al “que te vote Txapote” de las autonómicas y municipales de 2023. En cambio, la extensión del “todos son iguales”, la idea de que la política es algo tóxico, suele desmovilizar a la izquierda. Aun así, miembros socialistas del Gobierno defienden que Sánchez tiene que responder a los ataques y más cuando ha surgido el caso del presunto delito fiscal de la pareja de Ayuso y sus comisiones millonarias también por contratos de venta de mascarillas en plena pandemia, mientras el PP sigue golpeando día y noche con el caso Koldo. “Ya sabemos que este ambiente no es bueno para nosotros, pero no podemos perderles la cara nunca”, señala un miembro del Ejecutivo.

“En 2023 decidimos pasar de los ataques del PP y Vox y aferrarnos a la gestión”, resume otro ministro. “Y eso nos llevó a perder casi todo nuestro poder territorial en las autonómicas y municipales. Sánchez decidió salir de la cueva, contestar, y así logramos volver a gobernar tras las generales. ¿La alternativa cuál es, agachar la cabeza mientras dicen que tu líder es un corrupto cuando hemos pedido el acta a nuestro ex secretario de organización [José Luis Ábalos, ahora en el Grtupo Mixto] sin que esté imputado en nada? No lo vamos a hacer”.

Esa bajada al barro de Sánchez y los suyos ha provocado, en cambio, un profundo disgusto en Sumar. Díaz lo exteriorizó en la sesión de control, cuando, minutos después de la carnicería verbal entre el presidente y Feijóo, le tocó intervenir y advirtió de que no iba a “participar de un espectáculo” que, sentenció, “erosiona la democracia”. “Esto es letal para nosotros”, lamentan en la parte minoritaria del Gobierno. Los aliados parlamentarios han procurado hasta ahora mantenerse al margen de la refriega. Entre ellos se valora que Sánchez actuase con rapidez para exigir su responsabilidad a Ábalos, pero la actitud tan belicosa del presidente también incomoda a algunos de ellos. El barómetro del CIS arrojó esta semana un dato que alimenta a los críticos con la estrategia socialista: cuando se pregunta a los ciudadanos por el principal problema del país, el más citado es “el Gobierno y partidos o políticos concretos” (11%) y en tercer lugar “el mal comportamiento de los partidos” (10,4%).

El panorama aún es susceptible de empeorar con las campañas electorales. El PP ha apostado todo a las europeas, que quiere convertir en un plebiscito. Precisamente por eso, Sánchez, aunque no fuese su plan A, espera tomar oxígeno antes con las catalanas, donde todas las encuestas sitúan al PSC como favorito. En la dirección de Feijóo se ha instalado la idea de que la situación política de Sánchez es insostenible y que si ellos fuerzan la máquina, el Gobierno puede caer. Los dos grandes partidos suben el tono cada vez más. Y aún queda el plato fuerte: en pleno ambiente electoral, se pondrán en marcha hasta cinco comisiones parlamentarias de investigación. En el Congreso habrá cuatro, una de ellas sobre la guerra sucia que organizó en su día el Gobierno del PP contra el independentismo y otra sobre los contratos de compra de mascarillas de todas las Administraciones. Esta última tendrá su contrapunto en el Senado, donde el PP la centrará exclusivamente en el caso Koldo. Las dos se van a mirar de reojo y las comparecencias pueden ser del máximo nivel. El PP llevará con toda seguridad a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por su gestión como jefa del Gobierno balear y no se descarta incluso llamar a Sánchez o a su esposa. Entre los convocados en el Congreso pueden estar Ayuso o el mismo Feijóo como expresidente gallego.

La pregunta que Sánchez quería dejar resuelta con los Presupuestos —¿esto aguanta?— sigue en el aire. Y nadie entre los aliados parlamentarios se atreve a darle contestación. “Todo es extremadamente inestable, las cosas cambian de una semana para otra”, afirma un diputado de uno de los grupos nacionalistas. “En la mayoría de investidura tenemos además dos fuerzas imprevisibles: Junts y Podemos”. Sobre la incidencia de las elecciones que vienen, no hay temor a las consecuencias de las vascas. Pase lo que pase, PNV y EH Bildu apuntan su intención de seguir sosteniendo a Sánchez. Incluso si la izquierda abertzale consiguiese sobrepasar al PNV como primera fuerza y el PSOE le cerrase el paso renovando —como parece previsible— su acuerdo con la formación de Andoni Ortuzar, los de Arnaldo Otegi mantendrán su estrategia en Madrid. Las catalanas son otra cosa. Porque ahí hasta un gran éxito del PSC podría ser contraproducente para Sánchez si eso se tradujese en dejar fuera del poder a alguna de las dos formaciones independentistas. Sobre todo teniendo en cuenta ese carácter impredecible de Junts al que aluden todos los demás aliados parlamentarios del Ejecutivo.

Son los socialistas los que insisten en garantizar que esto aguanta. “Nadie les perdonaría en Cataluña a Junts o ERC que tumbaran el Gobierno y abrieran paso a la derecha y la ultraderecha”, comenta un ministro. “Pujol empezó su declive cuando pactó con Aznar. Ahora sería mucho peor. Y aunque en mayo se apruebe la amnistía, después hay que aplicarla, y ellos saben cómo sería con un Gobierno del PP y Vox. No hay ningún incentivo para que acaben con la legislatura. Hay Gobierno para rato”. Contra la apariencia de parálisis, en el PSOE destacan que hay una docena de leyes en el Congreso que se están trabajando con todos sus socios: enseñanzas artísticas, eficiencia en la justicia, del cine, contra el blanqueo, contra el proxenetismo, paridad, prohibición de desahucios hipotecarios, agencia de salud pública, derecho a la defensa, familias, movilidad sostenible y derechos de autor. Se han caído los Presupuestos, pero no se ha roto la mayoría, subrayan. “Todo es endiablado, es inútil negarlo, pero tenemos nuestras bazas para mantener la legislatura. Nadie quiere romper”, insisten en La Moncloa.

Sánchez, amarrado desde el comienzo de la legislatura a la divisa de “hacer de la necesidad virtud”, parece convencido de que el nuevo escenario, aunque no lo buscase, le puede favorecer. Desde la pandemia, ha tenido muchas noches electorales desastrosas —Madrid, Andalucía, autonómicas, locales, gallegas— y unas pocas —dos— alegres. En estas últimas siempre descolló una gran protagonista: Cataluña. Todas las bazas de los socialistas se juegan en la plaza que ya fue clave para José Luis Rodríguez Zapatero, antes para Felipe González y ahora de nuevo para que Sánchez pueda, por fin, asegurar que de verdad esto aguanta.