La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la amnistía con ERC y Junts pugnando por capitalizarla

Las felicitaciones corrían este jueves de boca en boca entre el Gobierno y sus aliados, en una jornada que se había abierto con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, felicitándose a sí mismo. Los brindis retóricos se prolongaron hasta la convocatoria de la Comisión de Justicia del Congreso, que ratificó el acuerdo —esta vez parece que definitivo— sobre el texto de la ley de amnistía. Allí, además de los parabienes de ...

Las felicitaciones corrían este jueves de boca en boca entre el Gobierno y sus aliados, en una jornada que se había abierto con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, felicitándose a sí mismo. Los brindis retóricos se prolongaron hasta la convocatoria de la Comisión de Justicia del Congreso, que ratificó el acuerdo —esta vez parece que definitivo— sobre el texto de la ley de amnistía. Allí, además de los parabienes de la mayoría parlamentaria y de las críticas feroces de la oposición, afloró la eterna y soterrada batalla entre los dos grupos independentistas catalanes, ERC y Junts, que se intercambiaron velados reproches e intentaron, cada uno a su manera, capitalizar el triunfo.

Tras dos horas de debate, con algunas interrupciones, la Comisión de Justicia reparó el boquete abierto el 30 de enero, cuando Junts se echó atrás y el pleno del Congreso rechazó el primer texto de la ley de amnistía que previamente había aprobado esta misma comisión. El acuerdo alcanzado el miércoles para continuar dejando fuera de la medida de gracia los delitos de terrorismo, aunque con una invocación a las directivas europeas sobre la materia y no al Código Penal español, permitió restituir el consenso entre el Gobierno y sus aliados nacionalistas para sacar adelante la ley. El próximo jueves deberá recibir el respaldo del pleno y luego pasará al Senado, donde el PP se dispone a dilatar al máximo el proceso. Lo previsible es que en un par de meses retorne al Congreso para su aprobación final.

La comisión vivió un arranque “rocambolesco”, en descripción del socialista Francisco Aranda, después de que el PP, por boca de Cuca Gamarra, pidiese el aplazamiento de la convocatoria. Gamarra alegó que el Gobierno y sus aliados les presentaban un acuerdo “extraparlamentario”, urdido “fuera de nuestras fronteras”, en alusión a la enmienda pactada por los partidos del Gobierno y los independentistas catalanes para delimitar los contornos de la amnistía ante los posibles delitos de terrorismo. La oposición exigía tiempo para estudiarla. La sesión se interrumpió durante unos minutos hasta que PSOE y Sumar hicieron valer su mayoría en la Mesa de la Comisión y acordaron seguir adelante.

La oposición protestó, por supuesto. Y levantó la voz para repetir las recriminaciones habituales, sobre todo en el caso del siempre enérgico Javier Ortega Smith, de Vox, que volvió a esbozar su teoría de que esta ley equivale a un golpe de Estado. Pero la sesión, para lo habitual en el Congreso, tampoco resultó especialmente tensa. Lo que sí se hizo muy patente fue cómo los independentistas catalanes no pierden ocasión de practicar el juego subterráneo entre ellos.

El portavoz de Junts, Josep Maria Cervera, sacó pecho por haber forzado a esta última modificación sobre los delitos de terrorismo. Su formación había intentado en su momento situarlos bajo el paraguas de la amnistía para blindar a su líder huido, Carles Puigdemont, ante las nuevas imputaciones contra él en ese sentido. Cervera echó en cara “la retórica y la literatura a la contra” que se desató contra Junts cuando el pasado 30 de enero hizo descarrilar la ley. Sobre el destinatario de sus reproches quedaron pocas dudas: “Muchos no quisieron entenderlo ni aquí ni en Cataluña”. Y remachó: “Hemos asumido solos durante semanas el coste de nuestro no”.

Inmediatamente, llegó el turno de Pilar Vallugera, de ERC, quien, con más sutileza, también fue sembrando de reproches su intervención. Comenzó lamentando que el texto se apruebe “con mes y medio de retraso”, recordó que para su grupo ya era plenamente aceptable a finales de enero, proclamó que a ERC “nadie tiene que darle lecciones” y culminó: “Nos podíamos haber ahorrado algunos juicios y algunas condenas en este tiempo”. Con un pellizco final: “Esto no va de una persona”.

El borrador de informe de la Comisión de Venecia, conocido la pasada semana después de que el PP solicitase su dictamen, dio munición variada a unos y otros. Del lado del Gobierno y sus aliados, los oradores destacaron que ese organismo asesor del Consejo de Europa ha legitimado la amnistía como instrumento para la reconciliación y ha desmontado el argumento de que ataca la división de poderes. El más mordaz fue Jon Iñarritu, de EH Bildu, quien recomendó los populares: “Les ha fallado la estrategia, cambien de argumentario, les han pillado con el carrito del helado”.

Gamarra, en cambio, se quedó con las críticas del organismo europeo a la urgencia con que se ha tramitado la ley y a la división política y social que ha suscitado. Pero, sin abandonar la descalificación total del proyecto, efectivamente moduló el discurso. Dos de los argumentos que manejaba el PP con insistencia —que la amnistía acaba con la división de poderes y con la democracia misma— quedaron arrumbados. Los populares acaban de renovar su siempre estrepitoso arsenal contra el Gobierno con el caso Koldo y la corrupción en las compras de mascarillas al comienzo de la pandemia. Entregada a esa nueva línea de ataque, Gamarra metió a Koldo en medio de su discurso, en el que la palabra más repetida fue corrupción, equiparada plenamente a la amnistía: “Una ley corrupta”, producto de una “transacción corrupta” y de un “poder indisolublemente unido a la corrupción”, desgranó la secretaria general del PP entre los murmullos de desaprobación de los socialistas.

Como en otras ocasiones, abundaron los ataques a algunos jueces, acusados de actuar contra el poder legislativo, aunque esta vez no se escucharon nombres concretos. Nadie superó en contundencia a Gerardo Pisarello, de Sumar, quien denunció que existen “grupos de jueces que han comprometido su independencia y su imparcialidad por una obsesión vengativa”. Pisarello englobó esas maniobras y la actitud de la derecha en una “estrategia golpista para hacer descarrilar un Gobierno legítimo”. Se levantaron entonces rumores de protesta en los asientos populares, rápidamente acallados desde la bancada del PSOE, que con su gesto ofreció un tácito respaldo a las denuncias de su socio de Gobierno.