La teniente fiscal del Supremo rechaza la imputación de Puigdemont en el ‘caso Tsunami’ por falta de indicios

El informe definitivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza pedir la imputación de Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic. La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, ha remitido este jueves su escrito a la Sala Penal del tribunal, que será quien tendrá la última palabra. En él, la Fiscalía concluye que no existen indicios de que Puigdemont participara “en la fundación o planificación” de la plataforma que impulsó los disturbios contra la sentencia del procés en octubre de 2019. “El m...

El informe definitivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo rechaza pedir la imputación de Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic. La teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, ha remitido este jueves su escrito a la Sala Penal del tribunal, que será quien tendrá la última palabra. En él, la Fiscalía concluye que no existen indicios de que Puigdemont participara “en la fundación o planificación” de la plataforma que impulsó los disturbios contra la sentencia del procés en octubre de 2019. “El magistrado instructor se limita a efectuar conjeturas carentes de base fáctica”, señala Sánchez Conde, quien pide al Supremo que archive la causa contra Puigdemont y contra el otro aforado, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg, y la devuelva al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para que continúe la investigación sobre el resto de los imputados.

Las conclusiones a las que llega Sánchez Conde coinciden con las que defiende el fiscal que ha dirigido la investigación en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que rechaza tanto la implicación de Puigdemont como que los hechos atribuibles a Tsunami sean constitutivos de un delito de terrorismo. En el mismo sentido se expresó el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, sobre quien recayó, por turno de reparto, el primer informe de la Fiscalía del alto tribunal sobre este caso. Ese dictamen, sin embargo, fue rebatido por la junta de fiscales de lo Penal, que el pasado 6 de febrero consideró, por 12 votos a 3, que existen indicios de terrorismo. Además, por 11 votos a 4, la junta concluyó que Puigdemont y Wagensberg deben ser imputados. Aunque esa posición fue muy mayoritaria —y compartida por fiscales del sector conservador y del progresista—, los dos jefes de la junta manifestaron posiciones contrarias: Fidel Cadena votó a favor de la imputación y Joaquín Sánchez-Covisa votó en contra. Por eso, la decisión final se dejó en manos de la teniente fiscal del Supremo, quien ha emitido este jueves su informe definitivo.

El escrito de Sánchez Conde, número dos de la Fiscalía General del Estado, no es vinculante para el Tribunal Supremo, que será el que decida si abre o no una investigación a Puigdemont. El ponente de esa decisión será el magistrado Juan Ramón Berdugo, uno de los siete miembros del tribunal que dictó la sentencia condenatoria contra 12 dirigentes independentistas en octubre de 2019. Berdugo someterá su propuesta a la Sala de lo Penal. En caso de que esta decida admitir el caso e investigar a Puigdemont, el Supremo deberá nombrar a un magistrado como instructor.

El informe de la teniente fiscal no entra a analizar si los hechos cometidos por Tsunami encajan en el delito de terrorismo, como sostiene el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. No obstante, considera que la exposición razonada enviada por este juez al Supremo no ha venido precedida de una investigación suficiente para dar por acreditado que, como asegura García-Castellón, Tsunami fue una “organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.

El texto, de 30 páginas, sólo aborda la posible participación de Puigdemont y Wagensberg en los hechos atribuidos a Tsunami, y rechaza, una a una, las conclusiones a las que llegó al respecto el juez de la Audiencia y que fueron asumidas por la junta de fiscales del Supremo. “El examen pormenorizado de los indicios afirmados por el magistrado instructor revela que en realidad nos hallamos ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont Casamajó, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal”, advierte Sánchez Conde. Para la teniente fiscal, “ninguno de los hechos que se señalan como indicios, ni examinados en su concreta significación ni ―como se debe― tomados en su totalidad, permite inferir de modo razonable la participación del inculpado aforado en la plataforma Tsunami Democràtic, pareciendo, más bien al contrario, que descartan dicha intervención”.

Análisis de los indicios

El informe llega a esta conclusión tras estudiar los indicios aportados por García-Castellón. Donde el juez ve razones claras para situar a Puigdemont “en el vértice más alto de la organización”, la teniente fiscal no cree que se pueda sostener ni siquiera que el líder de Junts fuera integrante de esa plataforma. Así lo expresa Sánchez Conde tras analizar uno de los supuestos indicios: la conversación por mensajes telefónicos mantenida el 20 de agosto de 2019 entre Josep Lluis Alay y Jesús Rodríguez, en la que afirman que Puigdemont debería ser informado de la campaña de lanzamiento de Tsunami. Según la teniente fiscal, ese mensaje “puede ser interpretado, con naturalidad”, en el sentido de que el expresident era ajeno al nacimiento de Tsunami, “por cuanto, de haber participado en su constitución, no habría necesidad de hacerle llegar información al respecto”. “De esta captura de pantalla [del mensaje telefónico] se infiere que Carles Puigdemont Casamajó no lideraba ni era integrante de la supuesta organización Tsunami Democràtic”, afirma.

La teniente fiscaltampoco ve indicios para incriminar a Puigdemont por el hecho de que este asistiera a las reuniones celebradas en Ginebra el 30 y 31 de agosto de 2019 en las que, según García-Castellón, se gestó Tsunami. Sánchez Conde remarca que en esos encuentros participaron muchas otras personas a las que el juez no ha implicado en la causa, y considera que la importancia que el instructor atribuye a la presencia del expresidente catalán “contrasta” con el hecho de que no haga lo mismo con el resto de participantes, entre ellos, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, o la exconsejera de Presidencia Elsa Artadi. “Es notorio que Tsunami Democràtic fue apoyado públicamente por multitud de personas, desconociendo posiblemente los fenómenos que ocurrirían posteriormente por la actuación de individuos descontrolados”, señala el escrito de la teniente fiscal, según el cual “la exposición razonada atribuye a dichas reuniones un contenido que solo se presume”.

Tampoco la promoción pública del lanzamiento de la campaña de Tsunami Democràtic, a la que alude el juez de la Audiencia Nacional, puede tenerse por indicio de integración de Puigdemont en la plataforma, según la teniente fiscal, que señala que otros líderes independentistas como Oriol Junqueras o Quim Torra actuaron de la misma manera.

Sánchez Conde también se detiene en una conversación entre Puigdemont y otro investigado en la que el expresident apunta, respecto a las protestas organizadas por Tsunami: “El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos”. Según García-Castellón, con esta afirmación Puigdemont “parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales”, lo que le vale al instructor para apuntalar sus sospechas contra el líder de Junts. La teniente fiscal, sin embargo, deduce de esta conversación que a Puigdemont “le preocupa la posibilidad de que, a causa de los altercados, pudieran llegar a producirse heridos de gravedad o fallecidos. Posibilidad que, como se deduce del mensaje transcrito, el Sr. Puigdemont no desea que suceda”. “Es sorprendente, por tanto, que a alguien que se expresa temeroso de los disturbios acaecidos en Cataluña en octubre de 2019 y se manifiesta en contra de un eventual fallecimiento, se le pueda atribuir penalmente el mismo”, concluye.