El Tribunal de Cuentas expedienta a Vox por financiación irregular y propone multarle con más de 233.000 euros

El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente sancionador a Vox por financiación irregular, según fuentes del órgano fiscalizador de las administraciones públicas y los partidos políticos. El acuerdo de iniciación del expediente advierte de que la formación ultra ha podido cometer dos infracciones continuadas muy graves al aceptar “miles de donaciones finalistas” prohibidas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 2007, por las ...

El Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente sancionador a Vox por financiación irregular, según fuentes del órgano fiscalizador de las administraciones públicas y los partidos políticos. El acuerdo de iniciación del expediente advierte de que la formación ultra ha podido cometer dos infracciones continuadas muy graves al aceptar “miles de donaciones finalistas” prohibidas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 2007, por las que propone sancionarle con dos multas por un importe total de 233.324,22 euros.

El acuerdo de incoación del expediente explica que el 17 de abril de 2019 Vox abrió una colecta a través de su web para recaudar los 15.000 euros que le exigió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para querellarse contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra. La formación presumió de haber recaudado el importe que necesitaba en solo cuatro horas y apuntó en su contabilidad el ingreso de 31.664,80 euros.

El 15 de julio de 2019, Vox lanzó una nueva campaña de crowdfunding con el lema #AyudemosABorja para pagar la fianza del joven malagueño condenado a dos años de cárcel por la muerte de un ladrón a quien persiguió y golpeó cuando huía tras robar el bolso a una mujer en Fuengirola (Málaga). Con esta segunda iniciativa, Vox ingresó otros 120.482,93 euros procedentes de 5.770 donantes.

En su página web, Vox obliga a los donantes a marcar una casilla asegurando haber leído y entendido el artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos, que señala taxativamente que las donaciones a las formaciones políticas serán “no finalistas” y tendrán “carácter irrevocable”. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas considera que esta advertencia no blanquea unas donaciones manifiestamente irregulares.

En periodo de alegaciones, previo a la apertura del expediente sancionador, Vox ya argumentó que la ley no prohíbe todas las donaciones finalistas, sino solo aquellas en las que la finalidad viene fijada por el donante, que puede así condicionar la actividad del partido político. En cambio, según Vox, cuando es el partido el que fija con carácter previo la finalidad de las donaciones no resulta condicionado por quienes las hacen.

Por el contrario, el Tribunal de Cuentas advierte de que la ley prohíbe las donaciones finalistas en varios de sus apartados y no solo para evitar que el donante imponga obligaciones a las formaciones políticas, sino también porque las donaciones finalistas, cuando se frustra su objetivo, deben devolverse, y están proscritas las donaciones revocables a partidos. “Si es el donatario quien establece la finalidad, estaría prohibida la donación al ser revocable […]; y si la establece la formación, está prohibida al ser finalista”, señala el informe.

Vox también alegó que, en el caso de la fianza del joven malagueño, el partido no fue el destinatario de la donación, sino que lo era el condenado, mientras que la formación ultra se limitó a actuar “como un mero intermediario, a modo de gestor de un negocio ajeno, sin hacer en ningún momento suyas, a título de propiedad, las cantidades donadas, que eran de Borja, como auténtico y único donatario”.

El Tribunal de Cuentas ha desmontado este argumento al señalar que los ingresos se hicieron en la cuenta que Vox tiene reservada para donaciones y que estas se beneficiaron de las ventajas fiscales previstas para las aportaciones a partidos políticos. En concreto, Vox no pagó el impuesto de sociedades, que hubiera tenido que abonar si actuaba como “gestor de un negocio ajeno”; y, además, comunicó a la agencia tributaria que se trataba de donaciones al partido, por lo que los donantes pudieron deducirlas de la base imponible del IRPF, lo que no hubieran podido hacer si eran donaciones a Borja. La ley, concluye el informe, “no permite a los partidos políticos actuar como intermediarios o canalizadores de donaciones” a terceros.

El órgano fiscalizador ha aceptado una de las alegaciones de Vox: la de que deben diferenciarse las donaciones realizadas por terceros de las hechas por sus afiliados. El informe explica que los ingresos que hacen los miembros del partido se consideran aportaciones, mientras que las que realizan donantes ajenos son donaciones. Las primeras no están sujetas a los estrictos límites y requisitos de las últimas debido a lo que el propio tribunal califica de “deficiente técnica legislativa”, pues “no existe precepto que prohíba la aceptación de aportaciones finalistas y, consecuentemente, estos ingresos no constituyen infracción alguna”.

Montante global

En consecuencia, el informe resta del montante global aquellas aportaciones que, según el certificado de Vox, hicieron a las dos colectas sus propios afiliados. Así, la campaña de Quim Torra pasa de 31.664 a 10.563 euros y la de Borja, de 120.482 a 91.662: lo que da un total de 102.225.

Sin embargo, la multa que se puede imponer a Vox, según advierte el informe, duplica con creces esta cantidad. Y ello porque la formación ultra habría cometido “miles de infracciones muy graves” contra la ley de financiación de partidos, al aceptar multitud de donaciones finalistas, como “parte de un plan preconcebido”. Todas ellas, según el informe, se agruparían en dos infracciones continuadas muy graves: la que afectaba a Torra, sancionada con 50.000 euros, que es el importe mínimo previsto por la ley; y la de Borja, castigada con 183.324,22. En total, 233.324,22 euros.

No obstante, Vox tiene posibilidad de rebajar sustancialmente el importe de la sanción. Como sucede con las multas de tráfico, puede ahorrarse un 20% si reconoce su responsabilidad y renuncia a recurrir y otro 20% suplementario por pago voluntario dentro del periodo de alegaciones.

El acuerdo del Tribunal de Cuentas ha contado con el voto particular de la consejera Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, quien se ha opuesto a incluir en el expediente la colecta para la fianza de Borja alegando que no hubo enriquecimiento patrimonial por parte de Vox.