Junts y Podemos aprietan hasta el final al Gobierno en el primer pleno clave para Sánchez

Menos de dos meses después de ser investido presidente, Pedro Sánchez y su Gobierno se juegan su credibilidad política en la primera gran prueba de fuego con una votación decisiva este miércoles del pleno del Congreso, la de la convalidación de tres decretos económicos con los que, entre otros aspectos, están en juego nada menos que 10.000 millones de euros del plan de recuperación europeo.

Las consecuencias de una derro...

Menos de dos meses después de ser investido presidente, Pedro Sánchez y su Gobierno se juegan su credibilidad política en la primera gran prueba de fuego con una votación decisiva este miércoles del pleno del Congreso, la de la convalidación de tres decretos económicos con los que, entre otros aspectos, están en juego nada menos que 10.000 millones de euros del plan de recuperación europeo.

Las consecuencias de una derrota, que el Ejecutivo lleva días intentando evitar con una negociación agónica, serían duras para los millones de personas afectadas por los decretos, que van desde los pensionistas y los perceptores del subsidio de desempleo a los consumidores de luz, esto es casi todos los ciudadanos, o los usuarios del transporte público. Pero también tendrían un efecto político fuerte, porque el Gobierno de coalición ha hecho de la estabilidad política, con tres Presupuestos y más de 200 leyes aprobadas en la anterior legislatura, uno de sus mayores valores.

El Gobierno no caería por una derrota así, que no es comparable a la del rechazo de unos Presupuestos —lo que llevó al adelanto electoral de 2019—, pero sí quedaría dañada la imagen de la estabilidad de la mayoría parlamentaria en su primera prueba importante. Para evitarlo, el PSOE, el principal negociador, y Sumar, que se ocupa de uno de los tres decretos, el que lleva Trabajo, negociaban anoche con los dos grupos que más problemas ponían hasta el final: Junts y Podemos, con la idea de tramitar como proyecto de ley las iniciativas para poder modificarlas. La votación está prevista para la tarde de este miércoles y por tanto, también se puede estirar hasta el final la negociación.

El Gobierno rechazaba de plano la idea de retirar los decretos, como planteaba Junts, y ofrece tanto a los independentistas como a Podemos negociar los cambios que reclaman a través de la tramitación como proyecto de ley de los tres decretos. Pero los grupos no se fían y exigen compromisos concretos con horizontes temporales de reforma.

En el Ejecutivo se percibe inquietud, aunque todos confían en resolver la negociación como otras veces, en el último momento pero sin perder la votación. Sánchez lleva cinco años con mayorías muy exiguas, y nunca ha perdido una votación relevante, aunque en ocasiones, como en la reforma laboral, lo logró de rebote por un error del PP. “No tiene mucho sentido esta situación, no son decretos ideológicos, están 10.000 millones de fondos europeos y muchas ayudas en juego, es incomprensible”, se desespera un ministro, criticando no solo a los aliados que ponen problemas sino al PP, que está en el no e insiste en que no será la tabla de salvación de Sánchez si no acepta sus bajadas de impuestos, que según La Moncloa, implicarían 9.000 millones de euros menos para las arcas públicas, algo inasumible para ellos.

Así, a escasas horas de que comenzase la sesión en el Senado, al encontrarse la Cámara baja en obras, no se había conformado la mayoría simple necesaria para convalidar las normas. La Moncloa se ha abierto a estudiar algunas de las peticiones de Junts y de Podemos pues los votos a favor de ambas formaciones son imprescindibles para que los decretos salgan adelante. O al menos la abstención de los independentistas. Si alguno de los dos se suma al bloque del no, en el que están el PP, Vox y UPN, la derrota es segura, aunque también el coste político para el que una sus votos con la oposición para rechazar decretos que contienen importantes beneficios sociales.

Mientras Junts centra su negociación en el llamado decreto ómnibus, Podemos está dispuesto a apoyar el escudo social y la senda de déficit, que también se vota este miércoles, pero rechaza de plano apoyar el decreto que lleva el ministerio de Yolanda Díaz, con la que están muy enfrentados, si no se retira lo que entienden como un recorte en el subsidio, esto es, que la cotización para mayores de 52 años, que estaba en el 125%, se irá reduciendo progresivamente hasta llegar al 100% en 2028. Desde Trabajo señalan que el decreto mejora en casi 100 euros de media —de 480 a 570— el subsidio para 736.074 personas que están pendientes de esta votación y que perderían ese aumento si el decreto decae por el rechazo de Podemos o Junts o ambos.

Mayoría insuficiente

Los decretos que el Gobierno aprobó en diciembre y que han de convalidarse en el pleno extraordinario son tres: el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis, el decreto ómnibus que incluye otras medidas relacionadas con la recepción de los fondos europeos —como la digitalización de la justicia— y este tercero impulsado por el Ministerio de Trabajo. Confirmados tiene el voto a favor de los 121 escaños del PSOE, los 26 de Sumar, los 7 de ERC, los 5 de PNV, los 6 de EH Bildu y el de Coalición Canaria, para los tres decretos. Es decir, 166 de los 350 diputados. Se requiere mayoría simple (más síes que noes), por lo que con esa ecuación no dan los números, porque los noes seguros son 171 (PP, Vox y UPN). El BNG no desvelará su posición hasta la mañana de este mismo miércoles, aunque se prevé que vote a favor. Si fuera así, para que los decretos salgan adelante necesitarían bien el voto favorable de Junts y Podemos o bien, el sí de los de Ione Belarra y la abstención de los de Puigdemont.

De ahí el empeño del Ejecutivo por encontrar la fórmula asumible por ambas formaciones. Junts ha apretado hasta el final para escenificar su poder, pero es consciente de que romper la cuerda implicaría hacer tambalear el alumbramiento de la ley de amnistía, pendiente de tramitación. Eso sí, el partido de Puigdemont necesita un gesto que le permita abonar su relato de formación exigente tanto frente a Sánchez como ante sus rivales de Esquerra.

Junts sorprendió el martes al añadir una nueva exigencia a sus condiciones: la formación independentista pidió multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña después de haberse marchado por el procés. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se limitó a afirmar al respecto que hay que garantizar la “seguridad jurídica” de las compañías, a lo que el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, añadió: “Estamos hablando con Junts para ver cómo podemos manejarnos para facilitar la vuelta de las empresas”. Una de las vías a estudiar es la de promover incentivos fiscales en lugar de aplicar sanciones, según fuentes gubernamentales. El partido de Carles Puigdemont pide, por ahora, más.

Ante la delicada situación, Alegría apremió el martes a los partidos, apelando a la responsabilidad que a su juicio supone perpetuar los textos. “Estamos hablando de medidas que afectan a los ciudadanos de este país, independientemente de la ideología”, dijo la ministra portavoz, que cargó a su vez contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. “El Partido Popular tendría que acostumbrarse más al diálogo. Este Gobierno ha planteado siempre su disposición de hablar. Creemos que desde la oposición también se pueden dar respuestas constructivas”, sentenció.