Alberto Casero pacta con la Fiscalía y evita la cárcel por un delito de malversación cuando era alcalde

El exdiputado del PP Alberto Casero, quien en febrero de 2022 estuvo en el foco político y mediático al equivocarse al votar telemáticamente y propiciar así que se aprobara la reforma laboral en el Congreso, ha llegado este martes a un acuerdo con la Fiscalía que evitará que ingrese en prisión por irregularidades en contratos que firmó en la época en la que fue alcalde de Trujillo (Cáceres). Casero ha aceptado una condena de un año y nueve meses de...

El exdiputado del PP Alberto Casero, quien en febrero de 2022 estuvo en el foco político y mediático al equivocarse al votar telemáticamente y propiciar así que se aprobara la reforma laboral en el Congreso, ha llegado este martes a un acuerdo con la Fiscalía que evitará que ingrese en prisión por irregularidades en contratos que firmó en la época en la que fue alcalde de Trujillo (Cáceres). Casero ha aceptado una condena de un año y nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo electo y el pago de una indemnización de 70.000 euros, y el magistrado ha dictado una sentencia oral tras el acuerdo de conformidad. “Nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay”, ha dicho Casero a la salida de la Audiencia Provincial de Cáceres.

El acuerdo entre las partes se ha producido durante una audiencia previa que ha durado poco más de una hora. La sentencia oral ―la escrita se dictará en un plazo de 20 días― declara a Casero autor de delitos de prevaricación y malversación en cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios realizados entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, en los que se incumplió la formalidad que exigía la normativa. La Fiscalía reclamaba inicialmente para Casero una condena de ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y el pago de una indemnización de 70.000 euros. Tras el acuerdo, el exdiputado, asistido por el letrado Bernardo del Rosal, no entrará en prisión y podrá pagar a plazos la indemnización con un pago inicial de 10.000 euros y 1.000 euros mensuales durante 60 meses.

Esta causa comenzó tras una denuncia de la Fiscalía en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, pero pasó al Tribunal Supremo porque Alberto Casero era diputado del Congreso y está aforado. El político dejó de ser parlamentario el pasado marzo, poco después de que el Supremo lo dejara a un paso del banquillo. Casero renunció a su escaño y solicitó su baja del PP, para no dañar al partido.

Alberto Casero, de 45 años, fue alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019 y presidente del PP en la localidad. También fue diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2011, y senador entre 2011 y 2019. En ese año se convirtió en secretario de Organización del PP en la etapa de Pablo Casado, un puesto clave en el partido.