El PP intentará frenar en la Mesa del Congreso y en el Constitucional el primer paso de la amnistía

El PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, han advertido ya en varias ocasiones que utilizarán todos los instrumentos a su alcance para intentar obstaculizar al máximo la proposición de ley de amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Los populares se preparan ya para recurrir, en la Mesa del Congreso y ante el Tribunal Constitucional, los primeros trámites de ese proyecto aún no registrado, con la idea al menos de frenarlo. El PP no esperará siquiera a que la proposición se debata o apruebe, y se dispone a interp...

El PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, han advertido ya en varias ocasiones que utilizarán todos los instrumentos a su alcance para intentar obstaculizar al máximo la proposición de ley de amnistía a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Los populares se preparan ya para recurrir, en la Mesa del Congreso y ante el Tribunal Constitucional, los primeros trámites de ese proyecto aún no registrado, con la idea al menos de frenarlo. El PP no esperará siquiera a que la proposición se debata o apruebe, y se dispone a interponer un primer recurso a que la Mesa de la Cámara baja acepte la semana que viene ―antes incluso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez― calificar esa proposición para su futuro debate. El PP llevará esa decisión ante el Constitucional con un recurso en amparo para solicitar con medidas cautelarísimas que se pare su discusión. El Constitucional tiene ahora una mayoría progresista. La Mesa del Congreso fijará con toda probabilidad este próximo lunes el debate de investidura de Sánchez para el miércoles 15 y con votación el jueves 16.

La Presidencia del Congreso aún no ha comunicado formalmente su determinación de que la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, se celebre en primera sesión y votación entre el miércoles 15 y el jueves 16 de noviembre, casi 10 días antes del límite fijado en el día 27 para evitar una repetición electoral. La Mesa de la Cámara tiene previsto reunirse este próximo lunes, casi al mismo tiempo en que está programado por el PSOE registrar con sus partidos aliados la proposición de ley de amnistía a una serie de dirigentes independentistas catalanes, tal y como se ha pactado con ERC y Junts para permitir que Sánchez pueda continuar como presidente del Gobierno.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, había exigido en los contactos discretos y secretos con los interlocutores del PSOE que esa proposición no solo se registrase en el Congreso antes de la investidura, sino incluso que se calificase, que en el lenguaje parlamentario quiere decir aceptar para su futuro debate. Esa autorización la tiene que adoptar la Mesa del Congreso, su órgano de gobierno, y es algo más que un gesto burocrático o administrativo, porque significa ya una primera posición y votación política. En la Mesa actual hay una mayoría progresista de cinco componentes (tres del PSOE y dos de Sumar) frente a cuatro del PP.

No hay ninguna duda de cuál será la posición a favor de tramitar cuanto antes el primer debate de esa proposición por parte de la mayoría progresista de la Mesa, ni tampoco de la oposición de los miembros del PP. Pero el PP pretende usar ya ese primer paso en su estrategia de paralizar cuanto se pueda esa futura norma. Si la actual Mesa del Congreso acepta que siga su curso el proyecto, como todo parece indicar, con la primera nota aclaratoria técnica favorable también del letrado mayor y secretario general de la Cámara, el PP planteará una “reconsideración” o recurso de esa actuación ante la propia Mesa; se exigirá a continuación un informe más detallado del letrado mayor como experto jurídico de ese órgano y, si este continúa en la misma línea, se llevará esa actuación en un recurso de amparo ante el Constitucional para que fije la postura definitiva. Ante una proposición del mismo tipo presentada por ERC en marzo de 2021, la Mesa y el letrado mayor de entonces ―además del PSOE con apoyo entonces del PP y Vox― la rechazaron por inconstitucional.

El PP sabe que no tiene grandes posibilidades de que ninguno de esos recursos en el Congreso y ante el Constitucional prospere, pero le pueden facilitar más tiempo y más escenarios para exponer su oposición a esa amnistía. En el camino, el debate se tensará en todos esos órganos, y también en la Mesa del Congreso. El PP ya votó la semana pasada en contra, algo que sucedía por primera vez, del nombramiento del nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, con el argumento de que lo consideran muy próximo al actual Gobierno porque ejerció hasta hace unos días como subsecretario del Ministerio de Política Territorial. Galindo es letrado y cumple con los requisitos necesarios para acceder a ese relevante cargo y contó en el pasado con el apoyo del PP para ser nominado a tres puestos de director de departamento en el Congreso. Ahora el PP le ha situado bajo sospecha. Oficialmente, el PP aún no le considera simpatizante del PSOE y se argumenta para el voto en contra que el Gobierno no les sondeó para explorar otros candidatos de consenso. Pero en privado sí se transmite que en sus notas o informes hará lo que le pida el Ejecutivo de Sánchez.

Primer debate

La Mesa del Congreso tiende a aceptar y tramitar la inmensa mayoría de las propuestas e iniciativas de los diversos grupos, al menos para un primer debate, a no ser que sean “evidente y palmariamente anticonstitucionales”, según fuentes parlamentarias. “La Mesa no hace el control de constitucionalidad”, agregan esas fuentes, para explicar que de oficio y de partida el letrado mayor suele anotar en casi todas las proposiciones que deben ser calificadas, como han hecho recientemente con iniciativas contra la nacionalidad de inmigrantes registradas por Vox y que planteaban algo más que serias dudas. Pero también es cierto que en el Congreso hay precedentes para casi todo.

En abril de 2004, el Gobierno de José María Aznar recurrió ante el Constitucional la tramitación del llamado Plan Ibarretxe, encaminado a la autodeterminación de Euskadi, y el TC rechazó aquel recurso por 7 votos frente a cinco, con el argumento de que no debía impedirse aquel debate hasta que la norma se hubiese aprobado definitivamente: “La jurisdicción puede reaccionar contra la forma jurídica que resulte de esas intenciones, pero la intención misma y su debate o discusión son inmunes en una sociedad democrática a todo control jurisdiccional, singularmente si el debate se sustancia en un Parlamento, sede privilegiada del debate público”.

El Constitucional, sin embargo, suspendió por primera vez en la reciente historia parlamentaria un debate en el Senado, en diciembre de 2022, cuando el Ejecutivo de Sánchez intentó a través de dos polémicas enmiendas renovar a dos magistrados de ese tribunal fuera de mandato. El PP recurrió, pidió medidas cautelarísimas y el Alto tribunal, entonces con una mayoría conservadora de seis frente a cinco, impidió aquella discusión.