Bruselas pide explicaciones al Gobierno español por la amnistía

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha pedido el miércoles aclaraciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la ley de amnistía para los implicados en el procés catalán antes de que ...

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha pedido el miércoles aclaraciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la ley de amnistía para los implicados en el procés catalán antes de que el PSOE y Junts cerrasen el acuerdo para la investidura. En una carta dirigida al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, Reynders —liberal belga— expresa “serias preocupaciones” por los “debates en curso” sobre “la posible aprobación de una ley de amnistía”, antes incluso de que haya un texto sobre la mesa. “Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista”, dice la misiva a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella, Reynders insta también a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP mantiene bloqueada hace años, y habla de que seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto al Estado de derecho. Hasta hoy, el comisario europeo rehusaba pronunciarse sobre la ley de amnistía hasta conocer el texto.

Unas horas después, Bolaños ha contestado a Reynders en una carta en la que, a pesar del tono formal, se percibe con claridad el enfado del Gobierno por la decisión del comisario de inmiscuirse en asuntos internos españoles. El ministro responde al comisario que no es el Gobierno, que está en funciones, sino los grupos parlamentarios del Congreso quienes presentarían en cualquier caso esta iniciativa que aún no se ha registrado, lo que hace para el Ejecutivo que la carta de Reynders sea aún más sorprendente. “No obstante, en caso de registrarse una proposición de ley de amnistía, tenga la seguridad de que le explicaremos a usted y a la vicepresidenta [Vera] Jourova todos los detalles de esta ley, así como la posición de nuestro Gobierno”, asegura Bolaños.

“Le agradezco de nuevo el interés mostrado por estas cuestiones, así como la colaboración permanente entre la Comisión Europea y el Gobierno de España en materia de refuerzo del Estado de derecho, que ha contribuido a que nuestro país se sitúe de manera sistemática en la parte destacada de los principales indicadores internacionales de referencia en esta materia”, escribe el ministro de Presidencia en la misiva, en un claro tono de reproche indirecto por las preocupaciones expresadas por Reynders por el Estado de derecho en España. De hecho, la carta de Bolaños arranca diciendo que el Gobierno español se ha enterado del mensaje de Reynders “por los medios de comunicación”, reprochándole así de manera evidente la filtración. Bolaños recuerda además que si el CGPJ no se ha renovado es por culpa del PP y le envía una lista de 28 excusas que ha puesto el PP hasta el momento para no aceptar ese pacto que el propio comisario reclama.

Fuentes gubernamentales tildan el movimiento de Reynders de “insólito”, cuando no había todavía un texto del Ejecutivo sobre la mesa y los partidos siguen negociando para garantizar el apoyo de los nacionalistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez. El comisario europeo pregunta por algo que no existe, cuando ni siquiera se ha iniciado el trámite parlamentario, señalan las mismas fuentes. Son el PSOE y Junts quienes negocian estos días en Bruselas la amnistía. Fuentes de los socialistas, que llevan días en la capital europea conversando con el expresident Carles Puigdemont —que se marchó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado y es eurodiputado— y otros miembros de Junts, aseguran que la carta no les suscita preocupación.

“Si bien no existe ninguna propuesta formal por el momento [la ley de amnistía], se ha convertido en un debate público y se han puesto en contacto con la Comisión un gran número de ciudadanos”, admite Reynders, un político liberal belga que se ha mostrado en ocasiones cercano a las posiciones del PP. La posible amnistía ha encendido a pequeños grupos de ultraderecha, que han protestado y organizado disturbios en Madrid, y también ha enfurecido al sector conservador de la justicia. “La Comisión sigue comprometida con el seguimiento y la defensa de los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros y seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de derecho”, dice el comisario de Justicia en su carta a Bolaños y Llop.

Reynders, ya había mostrado pequeñas salvedades sobre la amnistía, aunque sobre todo había recalcado en distintas reuniones, en privado y en público, que había que esperar a tener al menos un borrador de la ley para pronunciarse sobre un asunto en el que, si no vulnera el Estado de derecho, entra colateralmente en los asuntos de los que es competente Bruselas o implica fondos comunitarios, no tiene poder de actuación. “En el tema de la amnistía solo podría pronunciarme en asuntos que son competencia de la Unión Europea, yo leo muchas cosas en la prensa, etcétera, pero no tengo el texto, esa disposición, y no puedo pronunciarme”, dijo hace dos semanas en el Parlamento Europeo en respuesta a una pregunta del PP y Vox. “Estamos atentos de cómo va a evolucionar el expediente para ver si hay vínculo con [delitos de] malversación o apropiación de fondos públicos”, añadió el comisario europeo de Justicia.

Hasta ahora, en Bruselas han mantenido que la negociación entre PSOE y Junts sobre una posible ley de amnistía para los implicados en el proceso soberanista catalán es “un asunto interno”. La carta de este miércoles de Reynders, cuando parece que el acuerdo que facilitaría la investidura de Sánchez se acerca, contrasta con ello. También con el ambiente de indiferencia o incluso de alivio entre algunos sectores de diplomáticos y comunitarios por pasar página en el asunto.

Fuentes jurídicas comunitarias explican que la petición del comisario europeo de Justicia es preventiva y que se debe a que la Comisión Europea ha recibido muchas preguntas por escrito sobre el asunto. La presión de la derecha sobre la ley de amnistía se refuerza en los últimos días también a nivel europeo. Este miércoles, un pequeño grupo de personas, entre las que estaban los eurodiputados del partido ultranacionalista Vox Margarita de la Pisa y Hermann Tertsch, se han manifestado en la capital belga contra el acuerdo: han rodeado el hotel en el que se aloja Santos Cerdán, el número tres del PSOE, que negocia con Junts los acuerdos de amnistía de Bruselas. “Sánchez protege a los terroristas”, han coreado.

La eurodiputada popular Dolors Montserrat ha celebrado la carta de Reynders. “La UE está en alerta por los preocupantes pasos que está dando Sánchez en el atropello al Estado de derecho con la amnistía”, ha dicho. “Celebramos que la UE actúe y agradecemos a la Comisión Europea que exija información al Gobierno ante la amnistía tras las denuncias que hemos venido haciendo desde el Parlamento Europeo, como cada día la propia ciudadanía a la hora de manifestar su indignación”, ha añadido Montserrat, que fue ministra de Sanidad. El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez ha reproducido la carta que el equipo de Reynders había mandado poco antes en sus redes sociales y ha dado las gracias a Reynders. “Europa ya está pidiendo explicaciones a Sánchez”, ha dicho. “El trabajo da sus frutos”, ha añadido.

El movimiento de Reynders no es del todo inusual. Bruselas también pidió información a Polonia, por ejemplo, con la llamada ley Tusk del Gobierno ultraconservador Ley y Justicia (PiS) que creaba un comité especial para analizar las injerencias rusas en el país entre 2007 y 2022, examinando las decisiones de políticos y periodistas durante ese periodo. Según la oposición, parecía hecha a la medida para perseguir al que fue entonces primer ministro Donald Tusk. Sin embargo, en aquel momento, cuando la Comisión Europea (también fue el comisario Reynders) pidió aclaraciones a Varsovia, ya existía un texto legal aprobado por el Parlamento polaco. Meses más tarde, el Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción a Polonia por la ley Tusk.

Lea la carta de respuesta del Gobierno. Si no puede verla, pinche aquí.