El PSOE y Junts se acercan al pacto en medio de una enorme presión contra la amnistía

El fantasma del 26 de octubre de 2017, el día en el que Carles Puigdemont cambió de opinión a última hora y en vez de convocar elecciones autonómicas decidió declarar la independencia, ha recorrido la política española en los últimos días. Muchos de los dirigentes consultados en estos días, de distintos sectores, han recordado aquel momento. Casi todo lo que vino después empieza en esa marcha atrás, que el líder de Junts siempre ha defendido alegando que no logró “suficientes garantías” por p...

El fantasma del 26 de octubre de 2017, el día en el que Carles Puigdemont cambió de opinión a última hora y en vez de convocar elecciones autonómicas decidió declarar la independencia, ha recorrido la política española en los últimos días. Muchos de los dirigentes consultados en estos días, de distintos sectores, han recordado aquel momento. Casi todo lo que vino después empieza en esa marcha atrás, que el líder de Junts siempre ha defendido alegando que no logró “suficientes garantías” por parte de Mariano Rajoy de que no aplicaría el artículo 155 de la Constitución si él convocaba elecciones. Las garantías y las “precauciones”, de nuevo, según confirmó el último tuit del expresident, vuelven a estar en el corazón del problema. El acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez está prácticamente hecho, pero Puigdemont —que se marchó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado— quiere más certezas técnicas de que la amnistía beneficiará a todos los dirigentes de su entorno.

Sin embargo, las fuentes más implicadas en la negociación insisten en que ese escenario de 2017 no está encima de la mesa. La marcha atrás esta vez no parece una opción real, señalan. No hay peligro de que el pacto se rompa en el último minuto. Al contrario, tanto el PSOE como Junts insisten en que el acuerdo está muy cercano: horas o, como mucho, días. Junts insiste en que no tiene prisa, pero todos los protagonistas son conscientes del ambiente de presión que se está generando contra la amnistía y saben que, cuanto más tiempo pase, más difícil se hará soportarlo. Distintos dirigentes territoriales socialistas cuentan la presión sobre sus sedes, las pintadas, los insultos a dirigentes, por parte de grupos ultra no muy grandes pero sí muy activos estos días.

Estas fuentes aseguran que en las últimas horas las posiciones se han acercado mucho y que el problema no es insalvable porque no se trata de una discrepancia de fondo sino de una discusión para garantizar que en la amnistía entren todos los implicados en el procés, también algunas personas cercanas a Puigdemont que, según temen los juristas de Junts, podrían quedarse fuera en función de la interpretación que hagan los jueces que tienen que aplicar el perdón.

Pese a las especulaciones de los últimos días, varias fuentes coinciden en que no está encima de la mesa la amnistía ni para la familia Pujol ni para Laura Borrás, la expresidenta del Parlament, ni para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Los dos primeros están procesados o condenados por delitos de corrupción; Boye, procesado por blanqueo. Sus causas no tiene nada que ver con el procés, y por tanto, estarían fuera de la amnistía.

La discusión de los últimos días, cuando ya todo parecía casi cerrado, se mueve en una línea muy fina de debate jurídico. Los independentistas tienen muy presente la experiencia reciente del cambio del Código Penal del año pasado que pactaron con el Gobierno para rebajar el castigo penal a los encausados el procés y que quedó prácticamente en papel mojado. El Tribunal Supremo interpretó que los cambios que se habían hecho, sustituir la sedición por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados y suavizar la pena de la malversación cuando no hay ánimo de lucro, no se podían aplicar a los líderes independentistas.

Es un hecho contrastado, que se puede además comprobar con la durísima nota de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que un sector mayoritario de la justicia está muy en contra de la amnistía. La APM, la asociación más importante, de tendencia conservadora, ha llegado a decir que la amnistía es “el principio del fin” de la democracia. Y, en ese contexto, en Junts creen que existe el riesgo de que algunos jueces busquen recovecos legales para no aplicarla.

Para evitar esta posibilidad, se ha hecho una ley muy medida que no debería dejar prácticamente margen a la interpretación de los jueces, porque incluye todos los acontecimientos relacionados con el procés durante una década, desde el 1 de enero de 2013 a noviembre de 2023. Esa redacción está ya pactada entre el PSOE y ERC, que la ve suficiente, sobre todo porque incluye tanto a los CDR acusados de terrorismo como el caso Tsunami, algo que reclamaban los republicanos. Pero los juristas de Junts tienen más dudas, y ahí está el corazón de la negociación de las últimas horas.

Indulto general

Una de las opciones sería la que propusieron los independentistas en la ley de amnistía que registraron en 2021, esto es, la de enumerar expresamente en la norma las causas judiciales que quedarían incluidas en la medida. Pero los juristas consultados por el Gobierno descartaron esta opción porque entendían que entonces sí podría interpretarse que se trata de un indulto general, algo expresamente prohibido por la Constitución. Por tanto, no está previsto que estén los casos concretos, y ahora el PSOE y Junts intentan hilar muy fino en las definiciones de qué delitos y en qué circunstancias son amnistiables para evitar que algunos queden fuera.

El PSOE tiene un límite muy claro: Pedro Sánchez y toda su cúpula han asegurado que la ley será constitucional. Durante años, el presidente y sus ministros insistieron en que la amnistía no era posible porque no era ni deseable ni constitucional. Ahora, cuando se han visto forzados a aprobarla porque necesitan los votos de los partidos independentistas, han cambiado el discurso y aseguran que esta norma sí puede encajar en la Constitución en función de su redacción y de su argumentación.

Los socialistas, por tanto, tienen que afinar el texto porque bajo ningún concepto se pueden permitir que el Tribunal Constitucional, en el que acabará en breve la ley de amnistía con total seguridad —si no la llevan los jueces la llevará el PP—, tumbe esta norma. Por eso la discusión entre Junts y el PSOE se ha complicado, porque todos tienen límites claros y debates sobre interpretaciones jurídicas muy complejas.

Aun así, las dos partes son optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo e incluso de mantener el plan inicial de convocar el debate de investidura de Pedro Sánchez esta misma semana. Aún hay tiempo, porque si se registrara la ley de amnistía el lunes se podría convocar el pleno el mismo martes o el miércoles, o incluso el jueves o el viernes, ya que se han habilitado los fines de semana y se podría continuar el sábado. Lo más importante para los dos partidos implicados es que sea cuanto antes, porque la tensión crece y las consecuencias de esa presión son impredecibles.

En un mismo día, el viernes, se produjeron dos decisiones clave: la Audiencia Nacional envió a juicio el caso de los CDR por terrorismo, precisamente uno de los amnistiables, y la Guardia Civil concluyó su informe sobre el caso Tsunami. Esas dos noticias judiciales en el mismo día fueron interpretadas rápidamente por los socialistas e independentistas como movimientos contra la amnistía. Algunos dirigentes recordaron entonces que el 3 de enero de 2020, en pleno descanso navideño y cuatro días antes de votarse la investidura de Sánchez, la Junta Electoral Central se reunió de urgencia para inhabilitar al entonces president, Quim Torra, e impedir que Oriol Junqueras tomara posesión de su escaño como eurodiputado. Esta decisión hizo tambalearse a ERC, que finalmente aguantó la presión y se abstuvo para que Sánchez fuera presidente.

Ahora el ambiente es aún más duro que entonces. La amnistía ha provocado un profundo rechazo en amplios sectores, sobre todo conservadores, y ya se han vivido incluso protestas no muy grandes a las puertas de algunas sedes del PSOE, mientras la tensión arrecia en las redes sociales. El tono va subiendo —Alberto Núñez Feijóo dijo el sábado que la amnistía es “corrupción”— y el portavoz del PSOE, Patxi López, resumió la situación con un tono muy dramático: “Ante la amnistía, una decisión valiente, encontramos una campaña brutal de la derecha, que considera a todos los que no pensamos como ellos como enemigos de España y deshumaniza al adversario. Y luego acabamos con las casas del pueblo atacadas, con pintadas, con los dirigentes socialistas amenazados, insultados en las calles, los militantes socialistas señalados, en el más puro estilo nazi. Hay cosas que son muy peligrosas porque no sabemos cómo acaban”.

Diversos dirigentes territoriales del PSOE señalan que el partido aguantará la presión y que una enorme mayoría apoya la amnistía para lograr un Gobierno progresista, aunque el sábado, por ejemplo, la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, dejó claro su rechazo al perdón, que ya han explicitado otros dirigentes del partido como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente de Aragón, Javier Lambán. “No estoy de acuerdo con la amnistía. La igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas”, señaló la regidora.

“Tiempo al tiempo”

Mientras la tensión es fuerte en buena parte de España, en Barcelona hay más calma después de que algunos sectores duros del independentismo, como los CDR o la ANC, rechazaran la amnistía y el pacto del PSOE y ERC. El mismo Salvador Illa, primer secretario del PSC, quiso el sábado quitar presión a Junts para no entorpecer el acuerdo. “Démosle tiempo al tiempo”, afirmó.

Junts encaró el fin de semana apuntando que, posiblemente, el acuerdo se produciría el lunes, pero las negociaciones parecieron acelerarse el sábado. Un grupo de miembros del partido, entre ellos el exconsejero Josep Rull y también Toni Comín, acudieron a Perpiñán (Francia) para participar en la Diada de la Cataluña Norte. Rull insistió en que su formación solo suscribirá “un buen pacto”. “Que la gente tenga confianza”, dijo. “Si finalmente Junts llega a un acuerdo, cuando el president Puigdemont lo explique, se entenderá que es un buen pacto; pero si no lo es, no lo haremos”.

Mientras la incertidumbre y el suspense envuelven a Junts, ERC celebró el sábado que su acuerdo ha sido bendecido por cerca del 90% de la militancia en una consulta exprés que apenas duró un día. Los afiliados han aceptado su propuesta de amnistía y el traspaso de Rodalies, la condonación del 20% de la deuda, la continuación de la mesa de diálogo con un apéndice y una mesa de partidos catalanes que tantas veces ha pedido Illa sin éxito el president Pere Aragonès.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, la consejera Ester Capella (ERC), de Territorio, rebatió a Junts y negó que la amnistía esté concebida solo para vips, como apuntaba Junts en una nota interna el viernes. “Una buena ley de amnistía no incluye nombres”, subrayó, apuntando que ERC ha actuado con el mismo ánimo que con los indultos y que su aspiración ha sido la de beneficiar a todo el mundo.

La competencia entre ambos grupos independentistas está complicando mucho el remate de la negociación. Junts se molestó porque vio en el acuerdo con ERC párrafos enteros que el PSOE había negociado con ellos. Los socialistas les han explicado que se trata de una negociación a dos bandas en realidad sobre el mismo asunto, el procés y sus consecuencias judiciales, y por tanto es muy difícil que los dos acuerdos no tengan puntos similares. Junts, sin embargo, está convencida de que cuando se conozca su acuerdo, se verá que ellos han logrado llegar más lejos que ERC. Para Puigdemont esto es decisivo, porque siempre ha defendido que los republicanos han sido muy blandos en el diálogo con los socialistas.

Esta competencia entre los partidos independentistas es fundamental para entender la enorme complejidad de un pacto que se esperaba presentar el jueves y que se está retrasando más de lo previsto, aunque los negociadores de los dos lados confían en cerrarlo pronto. Comenzaría así una legislatura que se antoja muy complicada, con una oposición sin cuartel de la derecha pero también con una mayoría de 178 escaños que en teoría tendrá garantizados al menos los primeros Presupuestos.