Canarias acelera la apertura de centros de menores y reclama cambios legales y dinero tras acoger ya a 2.700 niños

El Gobierno de Canarias multiplica las llamadas de atención sobre la inmigración y la asistencia de menores no acompañados. El incremento de llegadas de cayucos y pateras desde agosto ha llevado la cifra total de niños y niñas acogidos hasta 2.700, aproximadamente. Hasta 1.100 de ellos han arribado a la...

El Gobierno de Canarias multiplica las llamadas de atención sobre la inmigración y la asistencia de menores no acompañados. El incremento de llegadas de cayucos y pateras desde agosto ha llevado la cifra total de niños y niñas acogidos hasta 2.700, aproximadamente. Hasta 1.100 de ellos han arribado a las islas entre agosto y el 15 de septiembre, según los datos la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Sandra Rodríguez. “Esta situación nos pone en tensión y nos ha puesto en alerta, por lo que puede suponer de cara a los meses de octubre”.

La última de estas llamadas de atención la protagonizó este miércoles el propio presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, tras reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. “Le he trasladado [a Felipe VI] la necesidad de que Europa y el Gobierno de España tomen esta cuestión con la misma seriedad y gravedad con lo que se toman otros asuntos de la Unión Europea”, aseguró en declaraciones posteriores a los medios, a los que vaticinó ”un incremento notable de afluencia en esta ruta que, por otro lado, es la más peligrosa”.

Hasta el 14 de septiembre han llegado a las islas 14.359 personas por vía marítima, el 24,6% más que hace un año. Solo en la primera mitad de septiembre llegaron a Canarias 2.920 personas, más del triple que en el mismo período del año pasado y casi la misma cantidad que los registrados durante todo agosto. En los años 2020 y 2021, el grueso de las llegadas se concentró en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, con salidas desde el sur de Marruecos o el Sáhara Occidental y el uso de pateras y neumáticas. La proliferación de cayucos está desplazando el foco a otras islas como El Hierro, la más occidental.

Estas llegadas llevan aparejadas un incremento de los menores migrantes no acompañados. Para atenderlos, según fuentes del Ejecutivo, se están acelerando la apertura y reapertura de centros, que actualmente suman 43 en las islas —además de otras 400 plazas gestionadas por los cabildos—. Las plazas en El Hierro se han ampliado de 140. Además, se ha llevado a cabo o se está ultimando la apertura de media docena de recursos en Tenerife y Gran Canaria. “Estamos trabajando con otras consejerías con el objetivo de disponer de otros recursos para esta primera acogida. Ante esta situación, las prioridades cambian, la urgencia es la que es”, sostiene Rodríguez. “Pero no podemos olvidar de que a los menores evidentes hay que escolarizarlos; los que no lo son no se quedan ociosos, y han de formar parte de talleres de formación, ciclos formativos en el entorno, actividades deportivas, clases de español…”.

Una de las reivindicaciones del Gobierno canario es la de contar con recursos financieros suficientes. “Las islas no pueden hacer frente a la situación solo con los seis millones asignados”, explicó recientemente a EL PAÍS la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo, Candelaria Delgado, en referencia al dinero que el Ejecutivo central aprobó en Consejo de Ministros en septiembre de 2022 para la atención de menores extranjeros no acompañados. Sandra Rodríguez asegura a su vez que el coste que está suponiendo para la comunidad autónoma canaria, además de para Ceuta, por ejemplo, es que se está financiando vía subvenciones. “Trabajar con ellas supone estar justificando unos ingresos, entrega de documentación, con las complicaciones que acarrea”, completa la directora general. “Este es un gasto fijo para Canarias, no se da simplemente por el hecho de que haya habido un repunte. Hay que actuar y estar al lado de Canarias: muchos de estos niños llegan y se quedan en las islas una media de tres o cuatro años”.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguran que “la voluntad del ministerio, y de todo el Gobierno, es garantizar que los menores son atendidos y que las comunidades autónomas tienen las herramientas pertinentes a su alcance para hacerlo”. Para ello, detallan que en 2020 se concedió a las islas una ayuda de 10 millones de euros para hacer frente a la atención de niños y que, en 2022, se dotó a las comunidades autónomas de 35 millones de euros para la atención y derivación de estos menores. El primer pago, de 15 millones, se dedicó en exclusiva a las principales regiones acogedoras (Canarias, Ceuta y Melilla), de los que a Canarias correspondieron seis millones, además de otra transferencia posterior de 1,2 millones. Este año, las islas han vuelto a recibir esos seis millones. “Actualmente”, sostienen las fuentes, “y de cara a la derivación de menores en 2023 y el subsecuente reparto de los fondos, las comunidades autónomas han estado reunidas la semana pasada con la Dirección General de Infancia del Ministerio, en una comisión delegada para abordar esta cuestión”.

En lo tocante a las derivaciones, tanto Rodríguez como la consejera Candelaria Delgado, inciden en la necesidad de agilizar las derivaciones a otras islas. “El Estado tiene que entender que el problema es más grave que una distribución puntual”, asegura la directora general. “Es urgente dejar de hablar de solidaridad interterritorial y exigir corresponsabilidad”, manifestó por su parte el viernes la consejera en el trascurso de una visita al centro de acogida inmediata para menores migrantes no acompañados en Valverde (El Hierro). “Canarias no puede asumir en solitario el problema migratorio. Es una cuestión de Estado y exigimos que se legisle sobre este asunto. No es sostenible que sigamos asumiendo toda la responsabilidad”.

“Situación de urgencia”

Según los datos del ministerio, desde 2021 se ha llevado a cabo el traslado de 348 menores desde Canarias a las diferentes provincias de los 539 que estaban previstos. A estos niños y niñas habría que sumarles otros 360 que están pendientes del reparto entre las comunidades autónomas durante este año 2023. “Entendemos la situación de urgencia que está afrontando Canarias”, explican fuentes de Derechos Sociales, “y por eso es por lo que los equipos del ministerio están abordando junto con el resto de comunidades ―que son quienes en último lugar tienen la competencia exclusiva de atención a la infancia― este reparto para llegar a un acuerdo solidario que de momento está en marcha y que esperamos se resuelva lo antes posible, por lo que no sería necesario hacer desplazamientos forzosos”.

En este sentido, el expresidente de Canarias y líder de la oposición, Ángel Víctor Torres, aseguró el miércoles a Radio Nacional de España que los socios de Gobierno de Coalición Canaria, el Partido Popular, deberían hacer presión para que las comunidades que gobiernan acojan a menores. “Lo que tenemos que hacer es exigir al Gobierno de España y a Europa, que haya un pacto de asilo de migraciones”, aseguró. “Y al resto de las comunidades autónomas que echen una mano Canarias, que esa solidaridad sea obligatoria y que no le ocurra como a mí, que estuve varios años intentando que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso nos respondiera: seis millones de habitantes tiene Madrid y muy pocos menores no acompañados. Y ni siquiera nos respondían a las cartas”.

En esta recepción con el Rey, Fernando Clavijo volvió a reclamar la necesidad de un “mando único” para gestionar la migración. Petición que también se habló la semana pasada en la reunión que mantuvo en Madrid el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. Tras el encuentro, Marlaska se comprometió a incluir a un representante canario en las reuniones informativas (no operativas) de coordinación de los movimientos migratorios, que a partir de ahora se producirán cada diez días, según fuentes de Interior, informa Patricia Ortega Dolz.