La Audiencia confirma los indicios de la caja b del PP de Madrid e insiste en juzgar a Granados: “Manipuló y falseó las cuentas electorales”

La Audiencia Nacional ha dado otro paso más para sentar en el banquillo a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por su participación en la presunta caja b del partido regional. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso que presentó el antiguo consejero de Esperanza Aguirre contra el auto de procesamiento que dictó el juez Manuel García-Castellón en octubre, que lo ...

La Audiencia Nacional ha dado otro paso más para sentar en el banquillo a Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, por su participación en la presunta caja b del partido regional. La Sala de lo Penal ha rechazado el recurso que presentó el antiguo consejero de Esperanza Aguirre contra el auto de procesamiento que dictó el juez Manuel García-Castellón en octubre, que lo implica en la supuesta trama de financiación irregular de los populares para la campaña electoral de las autonómicas de 2011. En una resolución fechada el 19 de junio, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el tribunal desestima las alegaciones de Granados y confirma la propuesta de juzgarlo por esta pieza, la número 9, del macrosumario del caso Púnica: “Constan claramente indicios [contra él]”. Esta decisión no se puede recurrir.

La Sala de lo Penal incide en que las pruebas apuntan “provisionalmente” a que Granados, como director de la campaña del PP de Madrid de 2011, “manipuló y falseó” las “cuentas” electorales que se presentaron a los órganos fiscalizadores “o coadyuvó a dichos fines”. Además, añade el tribunal, en su condición de consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, también “atrajo” presuntamente al empresario Alejandro de Pedro “para que este, a través de sus empresas, hiciese trabajos de [mejora de la] reputación online” en favor del propio Granados y de “otros miembros relevantes del Ejecutivo madrileño, con cargo a los fondos públicos”. Precisamente, hace poco más de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a De Pedro a cuatro años y tres meses de inhabilitación por ejecutar trabajos similares para altos cargos de la Diputación de León.

La pieza 9 constituye una de las grandes líneas de investigación del caso Púnica, en la que el juez instructor llegó a imputar a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Sin embargo, tras recibir el informe final de la Fiscalía Anticorrupción sobre las pesquisas, García-Castellón limitó las acusaciones y circunscribió la responsabilidad de la caja b a Granados y a Beltrán Gutiérrez, exgerente de los populares madrileños. Según los investigadores, no cuentan con indicios suficientes para apuntar más arriba —aunque el PSOE, personado como acusación popular junto a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), ha recurrido esta decisión para tratar de sentar en el banquillo a Aguirre y González, entre otros ex altos cargos—.

En su auto de procesamiento, el juez mantiene que Gutiérrez y Granados idearon “una operativa desde el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales” de las elecciones de 2011, que no se declararon a la Cámara de Cuentas autonómica. El sistema consistía en que, al igual que “se hizo en periodos electorales previos”, una serie de “empresarios afines” hacían “aportaciones de dinero en efectivo” a la formación —”que le eran entregadas, directa o indirectamente, al secretario general”— y otros facturaban servicios falsos para ocultar los reales. “La relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza”, destacó también el magistrado, que declaró prescritas otras presuntas irregularidades detectadas en los comicios de 2007 y 2008.

En el recurso contra su procesamiento, Granados alegó que su estatus de director de campaña solo era un “cargo honorífico”, y que no tenía “control real” de las cuentas del partido. Además, el exconsejero reprochó a la Guardia Civil que lo situase como el “artista principal de toda esta copla”, y afirmó que García-Castellón se “contradecía” al procesarlo a él y dejar fuera a sus superiores. Según Granados, Aguirre e Ignacio González eran las personas que “podían haber gestionado o conocido” todo lo ocurrido en las finanzas de la formación, al “entrar dentro de sus facultades”.

“Se quiere involucrar forzosamente a Granados en el procedimiento, sin tener en cuenta todos los elementos que desvirtúan las acusaciones en su contra”, exponía la defensa del popular, que planteó la posibilidad de que los hechos de 2011 también hubiesen prescrito. Sin embargo, la Sala de lo Penal rechaza todas sus alegaciones. El tribunal recuerda que existen suficientes indicios, como intervenciones telefónicas y documentos intervenidos, para sentarlo en el banquillo. Entre otros, según consta en el sumario, se encontró en su casa una libreta Moleskine de color negro, con apuntes sobre actos electorales y anotaciones ordenadas en dos columnas, encabezadas cada una de ellas por las palabras en inglés “in” [dentro] y “out” [fuera]”. Según la Guardia Civil, constituye una prueba clara de los movimientos en la caja b del PP de Madrid.

Los ocho procesados

La Sala de lo Penal señala que Granados se enfrenta a posibles delitos electorales, de cohecho y tráfico de influencias. Además de a Francisco Granados y a Beltrán Gutiérrez, dos hombres de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, el juez García-Castellón procesó en octubre a otras seis personas por la Pieza 9 del caso Púnica: entre otras, al propio empresario Alejandro de Pedro; a Isabel Gallego, ex jefa de prensa de la presidenta popular; y a Borja Sarasola, exconsejero de Ignacio González. De momento, según los datos recabados por EL PAÍS, el tribunal ha confirmado el procesamiento de seis de los ocho imputados, y ha anulado el de uno: Francisco Lobo, un ex alto cargo del primer Gobierno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Esta última decisión del tribunal supone un serio revés para Granados, que en junio consiguió echar abajo su procesamiento en la Pieza 5, sobre presuntas adjudicaciones irregulares en varios ayuntamientos de la Comunidad (Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle). En ese caso, los magistrados sí aceptaron el recurso del ex secretario general del PP, que fue también alcalde de Valdemoro, y que alegó que las concesiones bajo sospecha en la Pieza 5 se dieron entre 2010 y 2014, después de que él hubiese dejado la Alcaldía e incluso, en algunos casos, cuando ya había dejado la política.